Ninguna de las grandes ciudades cumple la normativa sobre contaminación aérea pese a su impacto en la salud

Las grandes ciudades españolas fallan recurrentemente a la hora de proteger a sus ciudadanos de la mala calidad del aire. Primero no llegaron a tiempo para establecer zonas de bajas emisiones (solo 11 cumplieron) para vehículos, y ahora se saltan su compromiso de fijar protocolos más duros para evitar picos de contaminación atmosférica. 

El pasado 9 de enero cumplió el plazo para que introdujeran medidas para prevenir y atajar episodios de exceso de partículas finas, dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono y dióxido de azufre. En julio de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica, la federación de ayuntamientos (FEMP) y los consejeros autonómicos acordaron dar 18 meses a una treintena de comunidades autónomas y ciudades de más de 50.000 habitantes para trasponer estas medidas, pero el tiempo ha pasado y ninguna cumple con lo acordado en el plan.

En realidad, solo estaban obligadas una treintena de administraciones porque el acuerdo solo iba dirigido a quienes ya contasen en 2021 con protocolos anti emisiones, pero no daba fecha al resto de consistorios. Según un conteo de Ecologistas en Acción de 2020, en total son 34, entre ellas seis comunidades, las que han incumplido el plazo. Aunque, en teoría, los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados también a aprobar un protocolo, según un real decreto de 2011. 

El incumplimiento general obligó a medidos de enero a Transición Ecológica a publicar un real decreto que lleva a la legislación el acuerdo de hace año y medio para dar cobertura jurídica al plan, pero reitera que está vigente desde esa fecha. "Los planes existentes ya tendrían que haberse modificado de acuerdo al Plan Marco acordado por Conferencia sectorial en julio de 2021", reconocen fuentes del ministerio a infoLibre. 

La situación recuerda a lo ocurrido con el establecimiento de zonas de bajas emisiones para vehículos, una medida que va de la mano de este protocolo anti emisiones, ya que la principal arma contra la contaminación atmosférica es la reducción del tráfico. En ese caso, el gobierno central también tuvo que sacar un real decreto a finales de diciembre para apremiar a los ayuntamientos rezagados para que adopten la normativa, aunque sea fuera de plazo. 

El acuerdo anti contaminación consiste, por un lado, en que los ayuntamientos fijen protocolos para predecir episodios de mala calidad atmosférica y los frenen antes de que ocurran. Por otro, en que establezcan medidas para reducir la polución si llegan a darse situaciones de estrés ambiental e informen a los ciudadanos de la situación.

Estas medidas van encaminadas a proteger a la población, ya que la exposición continua al NO₂ se relaciona con problemas respiratorios y a la larga también cardiacos, según un análisis publicado en septiembre por Julio Díaz, de la Unidad de Salud y Medioambiente del Instituto de Salud Carlos III. El ozono también afecta a los pulmones, aunque de manera menos agresiva, según el experto, mientras que las partículas finas se relacionan con diferentes inflamaciones, ya que se tratan de metales pesados que en función de su tamaño pueden alcanzar incluso al torrente sanguíneo. 

El propio plan marco de 2021 reconoce además que el cambio climático y la desertificación que sufre España empeorarán la situación en las siguientes décadas. "El aumento en la frecuencia de episodios de altas temperaturas y mayor insolación favorecen la formación de ozono troposférico y el incremento de la desertificación contribuye a la generación de tormentas de polvo desértico, afectando negativamente a la calidad del aire", se lee en el documento, que cuenta con el visto bueno de los ayuntamientos. 

En este momento, sin embargo, la inmensa mayoría de ciudades españolas no tienen protocolos contra la mala calidad del aire. Y las que tienen, solo reaccionan ante algunos compuestos dañinos, principalmente el NO₂, pero suelen ignorar los niveles críticos de partículas ligeras o de ozono, pese a que un real decreto de 2011 ya fijaba valores máximos para todos los contaminantes.

En Barcelona, por ejemplo, funciona un protocolo de 2018 que establece que si se superan el umbral de dióxido de nitrógeno se restringe la circulación de vehículos de combustión, se refuerza el transporte público y se encarece el parking de zona azul y verde. También se frenan las obras y se incrementa el riego de jardines si se disparan las partículas PM10. El resto de elementos dañinos también se miden, pero no activan protocolos, aunque desde el ayuntamiento explican que ya trabajan con la Generalitat para ampliar la norma. 

En Madrid capital y en las ciudades de alrededor –Pozuelo, Móstoles, Rivas, Las Rozas, etc.– ocurre lo mismo. Los niveles elevados de NO₂ activan protocolos de aviso a la población y pueden llegar a cerrar el tráfico de coches contaminantes, pero no se tienen en cuenta el resto de partículas que enturbian el aire. El problema de esta Comunidad es el que gobierno regional aprobó en 2017 un protocolo marco anti emisiones que solo tiene en cuenta el dióxido de nitrógeno y los ayuntamientos lo han adoptado.

Solo dos ayuntamientos españoles estrenan en enero una zona de restricción al tráfico por emisiones

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En Madrid, Ecologistas en Acción denuncia además que apenas hay instalados 24 medidores de contaminación para 179 municipios –sin contar los 24 extra que tiene la capital– y que encima están posicionados en lugares estratégicos para suavizar las mediciones. El de Majadahonda, por ejemplo, está situado en un campo de golf, el de Móstoles en un parque y el de Valdemoro en un colegio público rodeado de chalets. 

Pese a que la imagen general es gris, algunas ciudades españolas tienen normativas más duras que se acercan al ideal. Cádiz, Sevilla, Castilla y León, Valladolid y Murcia tienen amplios protocolos de actuación contra todos los contaminantes, aunque al haber sido aprobados en la pasada década no activan zonas de restricción al tráfico y poco pueden hacer para limpiar el aire. 

"Es una buena noticia que el real decreto unifique normativas porque no son un capricho, sino una obligación", opina María Sánchez, concejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Valladolid. "Todos los partidos que se presenten a las próximas elecciones prometiendo acabar con las zonas de bajas emisiones o que no luchen contra la contaminación directamente dicen que van a prevaricar", señala.