La patronal renovable alerta de que a este ritmo España incumplirá sus objetivos de energía limpia de 2030
La principal organización empresarial de España de promotores de energía renovable cree que el Gobierno es demasiado optimista en cuanto al futuro de la electricidad limpia. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en junio el borrador de su nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en el que da un fuerte impulso a las renovables de cara a 2030, y recoge que ese año el 48% de la energía final consumida en España será de origen renovable y el 81% de la luz generada también. Sin embargo, la patronal del sector, APPA Renovables, descafeinó este lunes el optimismo del Gobierno y señala que al ritmo actual en 2030 solo el 29,8% de la energía final será renovable, así como el 57% de la electricidad producida en el país.
De esta manera, la principal voz de la industria recorta casi 10 puntos al primer hito y más de 20 al segundo frente a los cálculos del MITECO, toda una declaración de intenciones del sector. "Vamos mal y tarde. Estamos instalando unos 6.000 o 7.000 megavatios de potencia al año y deberíamos estar en 11.000", señaló este lunes José María González, director de APPA, durante la presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España de 2022, elaborado por la consultora Deloitte.
Las previsiones de APPA dejan además a España por debajo de su compromiso adoptado con Bruselas de que en 2030 el 42,5% de la energía final sea de origen renovable. La energía final es un concepto que no solo se refiere a la electricidad –donde España va aventajado frente a sus socios de la UE–, sino también a la energía que mueve los coches, las fábricas o calienta los hogares. En estos tres casos, la gasolina y el gas siguen dominando la demanda en el país. De hecho, el año pasado el 65,2% del consumo de energía final en el país fueron productos petrolíferos y gas natural, mientras que solo el 14,2% fueron energías renovables, muy por debajo del 19,3% de media en la Unión Europea.
APPA está formada por decenas de empresas como Endesa, TotalEnergies, EDP o CapitalEnergy, aunque no están adscritas Iberdrola ni Naturgy, dos de las tres mayores comercializadoras de luz. Según dijo González, el principal problema es que el desarrollo de molinos de viento está muy estancado en España: por cada megavatio que se instala de molinos, se montan aproximadamente 10 de fotovoltaica. "Estamos apostando mucho por la solar y muy poco por la eólica", dijo este lunes.
El sector ve muchos puntos que hay que trabajar, principalmente en incentivar la venta de coches eléctricos y las bombas de calor para sustituir el consumo de gas natural y gasolina por electricidad a gran escala. También agilizar el papeleo y el sistema de hitos para construir plantas solares y eólicas, ya que no hay certeza de que muchas de las instalaciones proyectadas se terminen de construir por salirse de plazo. Otra tarea clave es desarrollar las baterías y la tecnología hidroeléctrica de bombeo, que permiten almacenar energía en las horas de generación baratas para que se consuma en las caras.
El abaratamiento excesivo de la luz durante muchas horas del día es otro de los agujeros del sector, especialmente de la solar. La fotovoltaica solo produce energía durante las horas de sol y precisamente esas son las más baratas del día, por lo que los promotores de esta tecnología tienen problemas para rentabilizar sus proyectos, según APPA. Por ejemplo, en los cinco primeros días de noviembre el precio medio de la luz fue de 5 euros MWh, un 95% más barato que la media de este año. "Llegará el momento en que si no lo corregimos, o se ralentizará la inversión, o desaparecerá, porque es un sector de decisiones muy bruscas", señaló José María González.
Aunque temen los precios cercanos a cero, el sector sí sacó pecho durante la presentación sobre el impacto que las renovables para abaratar la luz a los españoles. Según sus cálculos, en el año 2022 la electricidad fue en el mercado diario 43,10 euros MWh más barata gracias a que desplazaron al gas natural de la generación. También estiman que las energías limpias representaron en 2022 el 1,65% del PIB de España –frente al 1,5% en 2021– y dieron trabajo a 130.000 personas.
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Los dirigentes de APPA también han aprovechado para posicionarse contra una posible extensión del mecanismo ibérico, también conocido como tope al gas, que subvenciona el coste del gas natural para las centrales de ciclo combinado, de manera que la luz se vende más barata en la subasta diaria. Esta fórmula, que lleva sin activarse desde febrero porque el precio del gas natural no alcanza el umbral mínimo necesario, reduce los ingresos de las tecnologías que generan luz más barata –es decir, de las renovables– y recorta los llamados beneficios caídos del cielo. Desde APPA calculan que en 2022 este mecanismo costó 6.237 millones que se han sumado a la factura de la luz, aunque no han estimado cuál ha sido el beneficio que ha generado "porque no formaba parte del ámbito del estudio".
Las empresas que forman parte de esta asociación son las que más pierden por el funcionamiento del tope al gas y por eso reclaman que no se prorrogue más allá del 31 de diciembre, cuando caduca. "Ese grado de intervención aleatorio no es una medida adecuada", criticó Santiago Gómez, presidente de APPA. Según su punto de vista, no es justo reducir los beneficios de las renovables cuando "a criterio de alguien tienen una sobre retribución, cuando no hay un apoyo [a estas tecnologías] cuando hay una infra retribución", es decir, cuando tienen que vender su electricidad forzosamente a precios cercanos a cero, como ocurrió en los últimos días.
Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, ya ha recalcado que su intención es solicitar a Bruselas una extensión de este mecanismo por si acaso el gas natural vuelve a encarecerse. Sin embargo, fuentes de esta cartera afirman que ni se ha solicitado formalmente, ni se puede dar por hecho que se vaya a extender. El mecanismo está supeditado a que se prorrogue el marco de ayudas europeas por la guerra de Ucrania y además "hay aspectos jurídicos" que habría que abordar. "No solo depende de España, también de Portugal y de la Comisión", añaden desde el MITECO.
