Catorce comunidades desprecian la supervisión independiente de sus televisiones

La directiva audiovisual de la Unión Europea de 2018 y la ley que la desarrolló en España en 2022 obligan a las comunidades autónomas a poner en marcha organismos independientes de supervisión de sus respectivos sectores audiovisuales, pero 14 de ellas ni siquiera se han tomado la molestia: las funciones que la legislación reserva a órganos independientes se siguen ejerciendo directamente a través de la estructura de los gobiernos autonómicos de todas las comunidades, con la única excepción de Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, las únicas que, al menos sobre el papel, han puesto en marcha consejos audiovisuales más o menos independientes de los ejecutivos autonómicos. Los tenían Navarra y Madrid, pero los suprimieron.

¿Por qué la Unión Europea exige la creación de estos organismos? Porque solamente a través de ellos será posible “garantizar el respeto de los objetivos de pluralismo de los medios de comunicación, diversidad cultural, protección de los consumidores, correcto funcionamiento del mercado interior y fomento de una competencia leal”.

La norma europea, aprobada en 2018, es muy clara: “Los Estados miembros deben asegurarse de que sus autoridades u organismos reguladores sean jurídicamente distintos del gobierno”. Tienen que ser “funcional y efectivamente independientes de sus respectivos gobiernos y de cualquier otro organismo público o privado. Esto se considera esencial para garantizar la imparcialidad de las decisiones adoptadas por una autoridad u organismo regulador nacional”.

Las autoridades u organismos reguladores nacionales no pueden ser meros adornos. Según la norma de la UE, deben contar con “las potestades coercitivas y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en cuanto a personal, conocimientos técnicos y medios financieros”.

Fuera de los gobiernos

Así lo dice su artículo 30 de la Directiva, según el cual cada Estado miembro deberá designar a una o más autoridades u organismos reguladores nacionales y velará “porque sean jurídicamente distintos de los órganos gubernamentales y funcionalmente independientes de sus respectivos gobiernos o de cualquier otra entidad pública o privada”.

La Unión Europea ordena además que estas autoridades independientes deben ejercer sus competencias con “imparcialidad y transparencia” y con arreglo a los objetivos de la Directiva. Y les prohíbe expresamente solicitar o aceptar “instrucciones de ningún otro organismo” en relación con el ejercicio de sus tareas.

Nada de eso se está cumpliendo en la mayoría de las comunidades autónomas, que son las encargadas de ejercer estas funciones en sus respectivos territorios.

La Xunta de Galicia, por ejemplo, prefirió ignorar sus propias leyes y nunca creó el Consello Audiovisual previsto en la ley reguladora de sus medios públicos, aprobada en 2011, y que debía haber visto la luz al año siguiente. Entonces, ¿quién ejerce como “autoridad audiovisual competente” en Galicia? La Secretaría Xeral de Medios de la Xunta, tan independiente que depende directamente del presidente, Alfonso Rueda.

Lo contrario de la norma

Lo mismo sucede en el resto de comunidades sin autoridad independiente. En Castilla y León, ejercen sus competencias la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Dirección de Comunicación de la Consejería de la Presidencia. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, tiene un Servicio de Políticas Públicas y Ordenación Audiovisual que depende directamente del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura. Exactamente lo contrario de lo que establecen las normas europeas.

La ley española, reformada en 2022, pasa de puntillas por este asunto, amparándose en la decisión de haber entregado las competencias de regulación audiovisual a la CNMC. Pero en su disposición adicional segunda, al crear un Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual, reconoce implícitamente las obligaciones de las comunidades autónomas. Este órgano, dice la ley, estará “integrado por representantes de las autoridades independientes de ámbito estatal y autonómico en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual que tengan la responsabilidad primaria de la supervisión de los servicios de comunicación audiovisual o, en los casos en que no exista una autoridad u organismo, por otros representantes elegidos a través de sus propios procedimientos”.

Lo cierto es que en ese grupo se sientan, sobre todo, gobiernos autonómicos reacios a cumplir la directiva europea y dejar en manos de supervisores independientes con capacidad real de fiscalizar y monitorizar televisiones, radios y otros prestadores de servicios de audio y vídeo de ámbito autonómico.

La European Regulatory Group for the Audiovisual (ERGA), la organización que reúne a todos los reguladores europeos, incluida la CNMC en representación de España, no deja lugar a dudas sobre lo que se espera de estos organismos.

Garantías

Las autoridades audiovisuales deben ser independientes, sostiene en las normas que dictó para regular el ingreso en la organización. Y para adquirir esa condición, debe garantizarse “procedimientos abiertos y transparentes de nominación y nombramiento” de sus miembros, asegurar “que la destitución del presidente o de los miembros de su junta se base en motivos transparentes y objetivos” e “introducir reglas de incompatibilidad y conflicto de intereses”.

Estas autoridades deben contar, además, según la ERGA, con “recursos humanos adecuados y debidamente calificados para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva”, y “disponer de recursos financieros suficientes/adecuados para el desempeño de sus tareas, y ser autónomas en la asignación del presupuesto.

Su funcionamiento debe regirse por principios de transparencia, incluido el proceso de consulta y cooperación con las partes afectadas, especialmente antes de tomar decisiones, publicar sus decisiones de manera motivada y estar en situación de “poder de tomar decisiones autónomas, independientes de todos los organismos y organizaciones relacionadas con la provisión y distribución de servicios de comunicación audiovisual”.

La reforma audiovisual española de 2022 se limitó a ignorar la insistencia de la Directiva en la necesidad de reforzar los consejos audiovisuales en cada uno de los Estados miembros de la UE (y, por extensión, en cada comunidad autónoma) dotándolos de capacidad autónoma en sus decisiones. Y eso que recibió alegaciones advirtiéndoselo.

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La creación del consejo sí estaba en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, la de José Luis Rodríguez Zapatero, que logró un consenso amplio para crear lo que iba a ser una Comisión Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Un consenso que rompió la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de aglutinar todas las instancias reguladoras sectoriales y de supervisión de la competencia en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y dentro de ella las competencias reguladoras del audiovisual.

La consecuencia ha sido, según Manuel Chaparro, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga y experto en la materia, “una pérdida de competencias y la depreciación del regulador audiovisual independiente”, que queda subordinado al Gobierno, entre otros motivos por la dependencia presupuestaria y una “flagrante carencia de recursos humanos y materiales asignados a la regulación y supervisión del sector de los servicios de comunicación audiovisual”. Algo que, subraya, “no parece que vaya en consonancia con la Directiva y su llamamiento al reforzamiento de la regulación independiente”.

Chaparro extiende sus críticas incluso a órganos como el Consejo Audiovisual de Andalucía, teóricamente diseñado siguiendo las exigencias de Bruselas, pero, en la práctica, dependiente también del Gobierno autonómico. Y subraya cuál es, en última instancia, el problema: “El consenso político va en contra. Hay una mayoría política a la que esto no le interesa”. Esta situación es producto de “un pacto con los grandes medios y las grandes corporaciones” al que casi nadie está dispuesto a oponerse. “Es una debilidad y un déficit democrático tremendo, porque no hay una conciencia ciudadana de que realmente son los medios los que no solamente construyen la opinión, sino que a veces impiden que haya progresos que son muy relevantes y muy significativos”.