Cuando desobedecer es una obligación

¿Es legítimo oponerse a un mandato judicial para parar un desahucio? ¿Está jurídicamente justificado resistir ante la acción de la policía si la acción de esta responde a una orden que los ciudadanos juzgan inmoral? ¿Es desobediencia civil realizar rescates de refugiados en el Mediterráneo? ¿Y negarse a practicar un aborto? ¿Qué papel cumple la desobediencia dentro de un Estado de derecho que está construido sobre la obediencia a la ley? En un momento de "recuperación de la desobediencia civil" en España, el jurista Javier de Lucas se plantea en un nuevo ensayo titulado Decir no (Tirant lo Blanch) la naturaleza de la desobediencia civil y su papel como como "característica indispensable de las democracias maduras". 

Aunque sus reflexiones estén evidentemente imbricadas en la actualidad —y aborda expresamente la votación del 1-O en Cataluña, la militancia de la PAH y la crisis de refugiados—, no es la primera vez que este catedrático de Filosofia del Derecho de la Universidad de Valencia se aproxima al tema, que ha abordado desde la perspectiva del derecho internacional y de la relación entre derechos humanos y constitución. Aquí, De Lucas, que ahora es también senador por Valencia como independiente por el PSPV-PSOE, plantea la cuestión desde "la legitimidad de las posiciones que reclaman desobediencia a la ley". "El sentido del derecho es la lucha por los derechos", explica, en conversación con este periódico, "y eso acerca los derechos siempre al borde de la legalidad, empuja siempre los límites del derecho".

En ese sentido, señala, la mera existencia de una democracia y un Estado de derecho no significa que no tenga sentido la desobediencia civil. Al contrario, defiende, "la desobediencia civil es un test para el derecho", ya que incluso dentro de una democracia se pueden violar los derechos humanos, si lo decidido por las mayorías vulnere los de las minorías, por ejemplo, o si no se cumple la necesaria división de poderes. Es decir, en su opinión que un Estado democrático acepte la legitimidad de la desobediencia civil es "un síntoma de autocontención, un reconocimiento de los límites del propio Estado". Ahora bien, para que se considere tal cosa, los teóricos exigen la presencia de varias características: que no pretenda ser clandestina, sino que se exhiba a la luz pública, y que sea no violenta —eso no quiere decir que no pueda provocar molestias o incluso daños—. 

De Lucas añade además dos características algo más polémicas. La primera, que considera indispensable, es que la protesta "acepte la legitimidad de un marco común". Parece paradójico, pero en su propuesta la desobediencia civil señala las fallas de un sistema legal que busca no derrocar, sino implantar de manera efectiva. Pone el ejemplo clásico: Martin Luther King, recuerda, "reivindica el marco de derechos del sistema constitucional americano", reclama un cumplimiento que cree quebrantado. "Hemos esperado más de 340 años a disfrutar de los derechos que nos conceden nuestra Constitución y nuestro Creador", escribía en la Carta desde la cárcel de Birmingham en 1963. No se pretendía cambiar el Derecho, viene a decir De Lucas, que establecía en la Declaración de Independencia que "todos los hombres son creados iguales", sino cambiar la ley que lo contradecía. 

Este es el punto sobre el que se apoya para negar que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña y las protestas que lo apoyaron se puedan considerar desobediencia civil, aunque sí sea "una forma de derecho de protesta que tiene un razonable eco de legitimidad". "Cuando el señor [Jordi] Cuixart [presidente de Òmnium Cultural] se quiere presentar como adalid de la desobediencia civil y algunos lo comparan con Martin Luther King o Rose Parks, no, está muy lejos de eso. Él no está aceptando que hay un marco común que es el que da legitimidad a su protesta, y lo que él hace es tratar de cambiar una ley no porque no sea conforme con el marco jurídico que es la Constitución, al contrario, él se pasa la Constitución por donde quiere". En el punto opuesto sitúa a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que cuando se organiza para detener un desahucio ordenado por un juez no trata sino de hacer cumplir el artículo 47 de esa misma Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". 

Decir no señala, además, otro motivo por el que los votantes del referéndum catalán no ejercieron, según la interpretación de De Lucas, la desobediencia civil. "Porque la propaganda del secesionismo miente descaradamente", dice, "y el referéndum en sí es convocado ante la mayor parte de la ciudadanía catalana como un acto legal". Es decir, los participantes no sabían que estaban desobedeciendo, sino que podían pensar que se trataba de un acto organizado por la Generalitat dentro de la ley, y por lo tanto no podía ejercer la desobediencia civil, que debe ser consciente de que sus acciones son contrarias a las normas y por eso mismo las ejercen. "La mayor parte de los ciudadanos que van a votar, creen que están ejerciendo un derecho, no están desobedeciendo, aunque una pequeña parte sí fuera consciente y lo hiciera como ejercicio de desobediencia", dice.

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En esa misma carta de Birmingham, Martin Luther King defendía otra rasgo también disputado: la aceptación del castigo. "Un individuo que viola la ley que su conciencia le dice que es injusta y voluntariamente acepta la pena quedándose en la cárcel, para despertar en la comunidad la conciencia de la injusticia, está expresando, en realidad, un enorme respeto por la ley", escribió. Aunque De Lucas acepta que el riesgo de esta postura es "la tendencia de todo poder a criminalizar al disidente", pero asegura que "aceptando el castigo, el desobediente civil muestra precisamente que no es un delincuente". En este sentido, y mirando a las ONG que han sido perseguidas por rescatar a migrantes sin papeles en el Mediterráneo, el jurista distingue entre el caso de Carola Rackete y el del Open Arms.

La primera, capitana alemana del Sea Watch 3, atracó sin permiso en Lampedusa para llevar a puerto seguro a medio centenar de inmigrantes que iban a la deriva frente a la costa de Libia, pese a las órdenes del ministro del Interior, Matteo Salvini. Lo contrapone con la política de la ONG Proactiva Open Arms, que ha optado generalmente por no entrar a puerto sin permiso de las autoridades. "Rackete lo que estaba diciendo es que los decretos de Salvini eran ilegales desde el punto de vista del marco de legitimidad [en este caso, los convenios internacionales], y como son ilegales voy y las violo, y me atrevo a afrontar que me quiten el barco y me metan en la cárcel". Tal cosa no sucedió, porque los tribunales decretaron finalmente que Rackete estaba cumpliendo la legalidad internacional, y por lo tanto evidenciando que las órdenes del Gobierno italiano la contradecían. La estrategia del Open Arms, que prefiere en la medida de lo posible no arriesgarse a la incautación y el juicio, "es legítima, pero no desobediencia civil" en opinión del jurista. 

De hecho, De Lucas asegura que las ONG de asistencia a los migrantes tendrían toda la legitimidad para saltarse la decisión de Grecia de suspender el derecho de asilo durante un mes y asistir y acoger a los refugiados que llegan a sus fronteras. Con esa acción, defiende, "estarían cumpliendo el orden europeo, invocando el texto literal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 78.1, y la Convención de Ginebra, que es derecho vigente en todos los Estados europeos". De hecho, el incumplimiento del mandato griego pondría en evidencia la incoherencia entre ambas normativas, y reforzaría, defiende, el sistema de asilo de los Estados miembros. "Cuando los ejecutivos de la Unión Europea", critica, "se solidarizan con Grecia, como ha hecho [la presidenta de la Comisión Europea] Ursula von der Leyen o el presidente [del Consejo Europeo] Charles Michel, se están equivocando de punta a cabo". Podrán demostrarlo, entre otros, los desobedientes civiles.