Mayores sí, pero no tontos

Es comprensible que una parte de la dirigencia del PP ande estos días de los nervios al observar la reacción de su partido ante dos acontecimientos que están dejando desnudos al ‘rey Rajoy’ y a toda su corte: los jubilados toman las calles para denunciar “el saqueo de las pensiones” y las feministas logran que este 8 de marzo sea la sociedad entera la interpelada en la lucha por la igualdad. A esos dos aldabonazos ha respondido el Gobierno con su recetario de costumbre: el discurso del miedo y la técnica del engaño. Pero esta vez no cuela. (Afirmo, con permiso del admirado y añorado cada día Antonio Fraguas Forges).

Respecto a la huelga feminista convocada para el próximo jueves se le han visto las entretelas de sus prejuicios no sólo al PP sino también a Ciudadanos y a sus febriles plataformas mediáticas. Unos y otras vienen a escandalizarse porque se trata de una huelga “ideológica” en la que se percibe “más comunismo que feminismo”. Podrían firmar un manifiesto en esta línea desde Inés Arrimadas a Rafael Hernando pasando por buena parte del arco parlamentario conservador y el que forman decenas de directores y columnistas a su mayor gloria. No merece el asunto gastar mucho tiempo ni espacio: basta invitarles a repasar el diccionario para que se enteren de que feminismo significa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los órdenes. Y por supuesto que esa lucha tiene una carga ideológica. ¿Acaso hay alguna lucha que no la tenga? Despreciar principios éticos y secuestrar la política como pura gestión de recursos (como si la distribución de los mismos no partiera a su vez de una ideología concreta) es precisamente el rasgo más definitorio del neoliberalismo. (Lean en cuanto puedan La superioridad moral de la izquierda, nuevo y lúcido ensayo de Ignacio Sánchez-Cuenca. Así se escandalizarán todavía más).

Pero es el asunto de las pensiones el que está dejando en cueros la solvencia del proyecto político conservador y su prepotencia en el convencimiento de que, a pesar de todos los obstáculos, nadie logrará desbancar al PP (o en el peor de los casos a la suma PP+Cs) como mejor garante de una gestión supuestamente rigurosa y estable de la economía. Esa fortaleza (indiscutible a la vista de los resultados electorales desde 2011) puede quebrarse rápidamente por donde Rajoy se creía más sólido. Los principales estudios postelectorales coinciden en que PP y PSOE, por este orden, siguen recibiendo gran parte de sus apoyos entre las personas mayores de 55 años, y ese mismo pronóstico ofrecen las encuestas hacia el futuro. Lo ha contado más de una vez mi compañera Yolanda González en infoLibre: Rajoy confía en que, pese al hundimiento del bipartidismo, el PP puede mantener la altísima fidelidad de voto de la gente mayor (poco aficionada además a la abstención) y de la España vacía, esos territorios muy despoblados pero claves en el dibujo final del Parlamento. De hecho el presidente del Gobierno dedica a menudo los fines de semana a protagonizar 'bolos' organizados con esa perspectiva. Con obtener un voto más que Ciudadanos, le valdría al PP para garantizarse su continuidad en el poder si la suma parlamentaria da mayoría, como últimamente apuntan las encuestas.

Y en esto llegó el 22-F o lo que podría significar el embrión de un 15-M de los pensionistas, que se echaron a la calle en noventa ciudades para exigir pensiones dignas para ellos y garantías para sus hijos y nietos. Aquí radica además la clave del posible éxito cívico del movimiento y de su trascendencia política: si los abuelos logran sumar a su iniciativa a las siguientes generaciones, ya pueden temblar el Gobierno, el PP y todos aquellos partidos que se muestren incapaces de mirar por encima de la pared de la siguiente cita electoral.

El miedo y el engaño

La reacción a la indignación de los jubilados vino primero por el cauce ya muy horadado del discurso del miedo. Al día siguiente de las manifestaciones se hizo público uno de esos informes que presuntamente demuestran que es inviable asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Concretamente, El Mundo afirmaba en portada: “Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2% para subir siempre las pensiones con el IPC”. Pero resulta que ni el documento enviado por Empleo a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo dice tal cosa ni es para nada inviable ligar el aumento de las pensiones al del IPC, como ocurría antes de la última reforma decretada por el PP y como siguen haciendo, por cierto, la mayoría de los países de Europa y de la OCDE. (Para descubrir dónde está la trampa o el error de la información alarmista citada, pinchen aquí y lean a Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis).

Por esa misma vía del alarmismo circula la insistencia de Mariano Rajoy y de todos sus ministros y portavoces en “recomendar a los españoles que vayan ahorrando” para su jubilación, incluso para la educación en el futuro. Sería risible si la cosa no fuera para llorar. Porque la inmensa mayoría de los salarios en España no permiten ahorro alguno y porque los fondos privados de pensiones, sólo accesibles a partir de una determinada renta, no ofrecen una rentabilidad especialmente atractiva.

Precisamente el viernes pasado se celebró un debate sobre el presente y el futuro de las pensiones en el Centro Cultural Galileo de Madrid a iniciativa del Observatorio de la Sostenibilidad. Por resumir algunas conclusiones claras, ofrecidas por economistas, sindicalistas o especialistas en Seguridad Social, lo cierto es que, de seguir adelante la aplicación de la reforma impuesta desde el PP, una pensión actual de 1.000 euros quedará reducida en 2050 a 400 euros. ¿Es acaso una maldición inevitable que nos ha caído a los españoles o la consecuencia de una determinada ideología aplicada a todo lo público?

Derechos e ideología

Para empezar, las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles: son un derecho, y si estamos de acuerdo en este mimbre básico del Estado del bienestar, lo exigible es que la política actúe para garantizar el ejercicio de ese derecho. Porque los datos aportados en ese mismo debate y en múltiples informes económicos y demográficos (que no suelen citar los grandes medios de masas) indican que España gasta menos que muchos otros países homologables en su sistema público de pensiones, y que en el punto álgido de “gasto” de la generación del baby-boom y del mínimo de cotizantes en proporción al de jubilados (que se calcula hacia 2050) se necesitará dedicar a las pensiones unos tres puntos más de PIB que en la actualidad. Los cálculos más pesimistas elevan ese “coste” en esa fecha al 15% del PIB real.

Las personas mayores son (somos) mayores, pero no tontos, o bien los tontos no lo serán por el hecho de ser mayores. Así que la siguiente reacción del Gobierno a la movilización de los pensionistas ha sido aún más ofensiva a la inteligencia. Que el ministro Montoro anuncie (otra vez) deducciones fiscales que sólo beneficiarán a una minoría a la que pertenecen, por supuesto, quienes más alta pensión cobran es puro populismo, y es una utilización de la técnica del engaño en un sentido además doble: por un lado se aparenta un beneficio para todos los pensionistas y por otro se liga a los cuidados de dependencia, lo que en realidad viene a ser finiquitar por completo los objetivos de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero, al desviar esos cuidados a la iniciativa privada y, como mucho, ofrecer que el gasto de cada cual (quien se lo pueda permitir) desgrave ante Hacienda.

Las pensiones de los banqueros: 13 consejeros acumulan 197 millones para cuando se jubilen

Ver más

Por su parte, Ciudadanos, como es costumbre, va adaptando su discurso a lo que le indica la brújula de las encuestas electorales y del momento político. Le ha costado mucho, pero este mismo miércoles, por boca de su portavoz económico, ha decidido apoyar la reivindicación de PSOE y Unidos Podemos de ligar la subida de las pensiones al IPC, y dejar solo al PP en esta batalla (y en todas las que consideren los de Rivera que les pueden permitir arañar votos en el centro-derecha o en el centro-izquierda).

Pues claro que se trata, entre otras cosas, de ideología. Cuando la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones elabora y hace circular por los centros de mayores y por todo tipo de asociaciones cívicas un documento de 23 páginas que recoge sus propuestas está trasladando una posición ideológica, aunque no se ligue a siglas concretas de partido alguno. “¡Que No Nos ROBEN LAS PENSIONES PÚBLICAS!”, concluye ese manifiesto (literalmente, con las mayúsculas incluidas). Claro que se trata de una cuestión ideológica, puesto que defender un sistema público de pensiones digno, sólido y justo significa apostar por valores como la solidaridad intergeneracional y la justicia social frente a un sistema que defiende el “sálvese quien pueda” adornado con algunos gestos que tienen más que ver con la beneficencia que con la solidaridad.

Y no se trata sólo de las pensiones. Seguimos a la espera de conocer cuál es el modelo de país que nos propone, a los mayores y a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres de este país, una derecha vieja y nueva que hasta el momento lo que ha demostrado es una habilidad extrema a la hora de trasladar recursos públicos a manos privadas. Y también seguimos a la espera (como se demostró en el debate citado más arriba) de que una izquierda dividida responda a la clamorosa necesidad de unir fuerzas en objetivos concretos, como por ejemplo el conjunto de reformas necesario para lograr un sistema fiscal realmente progresivo que garantice un reparto más justo de las cargas y unos ingresos sólidos para mantener un Estado del bienestar que incluye, además de las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia. Lo cual no es ni sostenible ni insostenible. Se trata de derechos, como lo es el de la igualdad entre mujeres y hombres, y con esa prioridad asoma de nuevo y demuestra su fuerza la sociedad civil. Y la ideología.