El "sentido de Estado": de Kabul a Garzón

Siempre me ha producido cierta alergia el uso de lo que llaman “razón” o “sentido de Estado” como argumento incontestable para justificar una acción política o para exigir el apoyo a la misma. Esa excusa ha servido para lavar barbaridades como los GAL, la corrupción institucional, el uso ilegal de fondos reservados o la misma guerra de Irak. Se emplea estos días como crítica al principal líder de la oposición, Pablo Casado, por su actitud ante la operación de rescate en Afganistán o ante los problemas derivados de la crisis con Marruecos y la situación de centenares de menores en Ceuta. Se le exige un mínimo “sentido de Estado” para no poner palos en las ruedas en materias de política exterior o en asuntos en los que se juegan vidas humanas. En mi modesta opinión el problema de Casado (y no sólo de Casado) no es su falta de “sentido de Estado” sino su falta de respeto a la ciudadanía y de compromiso con la democracia. Me explico (o al menos lo intento).

Cuando Casado acusa al Gobierno de “jugar con las Fuerzas Armadas”, de haber abordado “tarde y mal” el operativo de evacuación de Afganistán o cuando reprocha al PSOE su apoyo al “no a la guerra” en 2003 (ver aquí), no sólo está haciendo política partidista y electoralista sino que intenta manipular a la ciudadanía distorsionando los hechos. Sabe perfectamente que el “no a la guerra” surgió contra la intervención en Irak decidida por el trío de las Azores del que formaba parte su presidente y padrino José María Aznar basándose en la patraña (demostrada) de la existencia de armas de destrucción masiva.

Casado era joven, pero no tanto. Un año después de perder el PP el Gobierno tras las mentiras sobre los atentados del 11M, el hoy presidente del partido fue elegido líder de las Nuevas Generaciones. Conoce perfectamente las diferencias entre el papel de España en Afganistán como miembro de la OTAN con el mandato de Naciones Unidas y una invasión de Irak que ya está en la historia como uno de los grandes fraudes criminales de la política internacional (basta ver el biopic El vicio del poder o leer aquí esta reflexión del general en la reserva Alberto Piris para comprobar que seguimos sufriendo las secuelas de aquel disparate). Para Casado lo prioritario es esquivar el hecho de que la memoria colectiva identifica la llamada Guerra contra el terror y la Operación Libertad Duradera con el autoritarismo de Aznar en su segunda legislatura y con aquella imagen en el rancho de Bush con el puro en la boca y los pies sobre la mesa.

Una vez escrito esto, ¿tanto le costaba a Sánchez convocar a Casado a la Moncloa, informarle acerca del operativo y reclamarle entonces que comparta esa responsabilidad “de Estado” que tanto concierne al Gobierno como a la oposición? Ya sabemos que resulta inimaginable la posibilidad de acuerdos con quien sigue sin aceptar la legitimidad del actual Gobierno y se niega a desbloquear la renovación de órganos constitucionales, pero tampoco creo que Sánchez tenga nada que perder haciendo el papel que le corresponde desde el Ejecutivo y facilitando que el líder de la oposición se retrate una vez más en su estrategia de derribo y en su infinita carrera por competir con Vox en un radicalismo antisistema.

El mal llamado “sentido de Estado”, es decir el simple respeto por el sistema democrático y las instituciones que lo representan, no se demuestra exclusivamente en intervenciones militares en el extranjero, sino también en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España. Lo cual vale para los otros dos asuntos que han marcado la actualidad de esta semana: la crisis de los menores marroquíes cuya devolución se inició sin ningún respeto por las leyes nacionales e internacionales y el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que califica de “arbitraria” y “sin garantías” la condena que expulsó a Baltasar Garzón de la carrera judicial (ver aquí).

La lectura del texto íntegro de ese documento (ver aquí) debería avergonzar no sólo a los dirigentes políticos y los poderes mediáticos que organizaron una verdadera cacería para liquidar profesionalmente a un magistrado que se planteó investigar los crímenes del franquismo o que cometió la osadía de abrir la causa Gürtel contra la trama corrupta del PPGürtel (más tarde sentenciada y aún pendiente de nuevas condenas) sino también a un Tribunal Supremo que retorció la figura de la prevaricación hasta extremos inauditos e inhabilitó a Garzón por autorizar unas escuchas avaladas por otros jueces y solicitadas por la propia fiscalía. Que el tribunal señalado no se sienta concernido por el dictamen porque no es vinculante (ver aquí) no puede eximir al poder judicial de una reflexión autocrítica severa cuando “es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condena a un Estado por el uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones” (ver aquí).

Actuar con “sentido de Estado” debería significar precisamente respetar y cumplir los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en lo referido a derechos y libertades fundamentales, y así lo establece el artículo 10.2 de la propia Constitución Española (ver aquí y aquí). Es obvio que el Supremo no va a disculparse siquiera por el atropello, escudándose en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos fallos sí son vinculantes, inadmitió en su día un recurso de Garzón sobre las mismas causas. Es deseable que el Gobierno sí cumpla su “responsabilidad de Estado” y dé cumplimiento a ese dictamen en el plazo que se estipula para reparar (en lo posible) el daño causado.