El Gobierno defiende que es su "obligación legal" presentar el recurso que no avala el Consejo de Estado

El Gobierno sigue adelante con el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat en contra del criterio del Consejo de Estado. Y el Consejo de Ministros de este viernes así lo acordó, en línea con lo avanzado el Ejecutivo en la noche del día anterior. Lo hace "con todo el respeto" al órgano consultivo, pero "con el máximo compromiso". La intención última es que la semana que viene, el día 30, no se celebre ese pleno de investidura.

"El Gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el estado de derecho. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer con decisiones como las de hoy", defendió la vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa. Es, "la obligación legal" del Ejecutivo, añadió antes de señalar que entienden que "una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la Justicia".

A última hora del jueves el Gobierno recibía un nuevo golpe en su estrategia de respuesta al "desafío soberanista" catalán después de que el Consejo de Estado no avalase que Rajoy impugne ante el TC la designación de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

El Consejo de Estado, según admitían fuentes de la Moncloa, comparte la esencia de "los argumentos jurídicos" del Gobierno. Pero discrepa de que esto se pueda hacer de forma "preventiva". Precisamente lo mismo que pensaba el Gobierno hasta este miércoles.

El recurso llegó este mismo viernes al Tribunal Constitucional, que ser reunirá a las 13.00 horas del sábado para estudiar si lo admite. Su mera admisión a trámite, según establece la Carta Magna, implicará la suspensión del hecho recurrido. Es decir, de la propuesta del expresident como candidato a ese Pleno ya convocado para el próximo martes. 

Además de plantear la impugnación de la resolución del 22 de enero de 2018 del presidente del Parlament de Cataluña por la que se propone a la Cámara a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el Consejo de Ministros recurre la resolución de 25 de enero de 2018 del presidente del Parlament de Cataluña por la que se convoca el Pleno del Parlament el día 30 de enero de 2018, a las 15 horas, para el debate del programa y votación de investidura del expresident.

"La segunda parte de la impugnación se refiere, exclusivamente, a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont", explica el Ejecutivo.

Según el acuerdo del Consejo de Ministrosacuerdo del Consejo de Ministros, se solicita al TC que en dicha notificación se advierta al presidente del Parlament y demás miembros de su Mesa "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". "En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura cuyo candidato a la Presidencia de la Generalitat sea Carles Puigdemont, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga", subraya la referencia de la reunión del gabinete de Rajoy de este viernes.

Evitar que Puigemont sea investido

"Hemos planteado ese recurso como hacemos en numerosísimas ocasiones", subrayó Soraya Sáenz de Santamaría al tiempo que recalcaba que tiene como fin evitar que "alguien huido de los tribunales pueda ser investido".

La mano derecha de Rajoy en el Gobierno, máxima responsable de la estrategia del Ejecutivo en sus relaciones con Cataluña, defendió que el Gobierno ha cumplido el procedimiento". Y, con ello "el compromiso de utilizar todos los elementos" para evitar que Puigdemont "vuelva a sustraerse de la acción de la Justicia".

Santamaría dejó en manos del Parlament la interpretación del reglamento de la Cámara en lo que tiene que ver con la activación de los plazos para la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.

Hasta este viernes, desde el Gobierno se señalaba que el presidente del Parlamente, Roger Torrent, tiene, con el reglamento del Parlament en la mano, la obligación de designar a un candidato para que se someta a una sesión de investidura el día 31 de enero como tope. A partir de la primera votación de ese candidato, en la que se requiere de mayoría absoluta, el Parlament dispone de dos meses para investir a un presidente. Transcurrido ese plazo, sería disuelto y se convocarían unas nuevas elecciones autonómicas.

¿Corre el reloj si no se produce ese primer pleno? La semana pasada el Gobierno aseguraba que sí. Ahora prefiere que la respuesta la dé Torrent.

Antecedentes

El Gobierno anunció este jueves que el presidente Mariano Rajoy había solicitado un informe al Consejo de Estado a efectos de interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat. 

Se trataba de un cambio de criterio respecto a lo sostenido en público en las últimas horas desde la Moncloa, que no veía margen para recurrir la propuesta Roger Torrent y apostaba por esperar al momento en el que la Mesa del Parlament diese el visto bueno a una investidura telemática. O, incluso, a los instantes posteriores a un eventual pleno de investidura en el supuesto de que no se permitiese hasta el último minuto la investidura a distancia.

La vicepresidenta del Gobierno fue la encargada de hacer el anuncio en ruede de prensa, como también lo fue este viernes a la hora de dar explicaciones. Y señaló que el presidente del Parlament debería haber tenido en cuenta que el expresident no puede entrar en territorio español sin que sea detenido.

Intento de que Torrent proponga otro candidato

La mera admisión a trámite del recurso implicará la suspensión de esta decisión de Torrent, que deberá decidir si propone a otro candidato, que es lo que pretende el Gobierno, o elevar el enfrentamiento con el Estado dejando pasar los plazos legales para la celebración de un pleno de investidura.

"El fundamento es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible a con su comparecencia presencial en la Cámara", añadió Soraya Sáenz de Santamaría el jueves. "Carece del derecho de libertad deambulatoria", dijo recordando que tiene que ser detenido en tan pronto como entre en territorio español.

La vicepresidenta añadió que estos argumentos jurídicos se ponen de manifiesto en la "circunstancia insólita" de que un día antes el presidente del Parlament "tuvo que evacuar consultas con el señor Puigdemont ni más ni menos que en Bruselas, y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y donde se ha convocado al resto de los diputados, portavoces de los grupos o de los partidos políticos, que es ni más ni menos que la sede del Parlament".

Fuentes de la dirección del PSOE informaron poco después de que su secretario general, Pedro Sánchez, apoyaba las iniciativas anunciadas por la mano derecha de Rajoy en el Gobierno. Este viernes, tras conocerse la resolución del Consejo de Estado, los socialistas marcaron distancias. Pero desde el Gobierno se dio por seguro que el apoyo continúa. 

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Consulta potestativa

Asimismo, el Ejecutivo elevó también al Consejo de Estado una "consulta potestativa" sobre una serie de "extremos que se están discutiendo en el Parlament de Cataluña".

El Gobierno quería que el Consejo de Estado se pronunciase sobre si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido, sobre si este hecho podría impugnarse si la Mesa lo permite y las opciones de respuesta del Estado si se admitiera el voto delegado de los diputados que están en Bruselas. En todas estas cuestiones, el Consejo de Estado sí compartió los criterios del Ejecutivo.