Una víctima de violencia de género: "Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial"

Las denuncias interpuestas por las víctimas de violencia machista en nuestro país no han hecho más que aumentar año tras año. En el tercer trimestre de 2017 –último periodo del que se tienen datos– se presentaron 42.571, lo que supuso un aumento del 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, si bien a priori parece positivo, no es una garantía de que la víctima de la violencia de género salga de la situación en la que se encuentra. Así lo manifestaron este lunes varias organizaciones de mujeres, que criticaron en rueda de prensa el trato judicial que, de manera reiterada, sufren las mujeres víctimas de sus maltratadores. "Las instituciones insisten en que denuncien pero, una vez lo hacen, luego no se responde de forma adecuada", lamentó Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. "Yo pasó de sufrir maltrato en casa al maltrato judicial", constató Isabel López de la Torre, víctima de violencia de género presente en el acto. 

La asociación que preside Besteiro, acompañada de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación de Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, presentes en la comparecencia ante los medios que tuvo lugar este lunes, presentarán, por ello, una queja ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del Consejo General del Poder Judicial. "La mala respuesta judicial a veces va seguida de un daño grave para la vida de la mujer y de sus hijos e hijas", denunció Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. 

La reiteración de este tipo de respuestas judiciales y el daño que ocasionan a las víctimas, por tanto, equivale a un capítulo más en el maltrato que sufren las mujeres. Esto provoca en ellas una revictimización y una sensación de soledad que, en numerosas ocasiones, complica el inicio del proceso judicial. "Las malas praxis provocan la pérdida de confianza en el sistema y, además, la consolidación de malas prácticas profesionales", afirma Besteiro. Y precisamente en este punto, en las prácticas profesionales de los operadores jurídicos, quisieron poner el foco estas asociaciones de mujeres.

Abogados, jueces, fiscales, etc. Todos ellos, sin excepción, fueron señalados por las asociaciones presentes como una pieza clave y fundamental en la reparación del daño a las víctimas. Su formación en materia de violencia de género, ausente pero primordial, es la llave para acabar con la situación. "Los abogados de las mujeres, a veces, pecan de inacción en comparación con los abogados de los maltratadores", afirmó Besteiro. Además, añadió, los operadores del juzgado en concreto obligan a las mujeres a declarar la última agresión que han vivido por parte de sus parejas o exparejas, silenciando la violencia y el maltrato sufrido en anteriores ocasiones. "Cuando una mujer declara lo más repetido es: 'Señora, al grano'", lamentó Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Esto, criticó, "es hacer un juicio parcial". 

Falta de respuesta ante un tipo de "terrorismo"

La violencia machista, según lamentaron, "es un tipo de terrorismo" al que el "Estado no sabe responder", criticó Soleto. Para ella, las instituciones deberían responder con indemnizaciones cuando, tras una mala decisión judicial, la mujer o su familia sufre, de nuevo, un daño por parte del agresor. "Este, además, debería ser de oficio", añadió. 

Pero, insistieron, lo fundamental es la formación de los actores que intervienen en el proceso. "Los jueces hacen un curso online que no les habilita" para tratar temas de violencia machista. "Estas personas tienen que conocer el tema para poder valorarlo", explicó Fernández. 

En el mismo sentido se expresó Ana María Pérez, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, quien afirmó que "la mayoría de los abogados se ven obligados a llegar a un acuerdo con el agresor". "Y la mayoría de estos acuerdos son impuestos judicialmente", criticó. "No se puede juzgar sin más conocimiento que la simple normativa", añadió. 

Y lo que afirman lo dicen los datos. Según explicó Soleto, hay juzgados que deniegan el 75% de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas, lo que evidencia, una vez más, la falta de valoración adecuada del riesgo que sufren las mujeres. "Por ello pedimos al CGPJ que investigue las razones por las cuales se deniegan y que, además, evalúe la calidad de la aplicación de la justicia y de la aplicación de la Ley de Violencia de Género. 

"Tienes más miedo a la denuncia que al maltratador"

"Entré al juzgado pidiendo ayuda y salí imputada". Así se expresó De la Torre, quien constató punto por punto las denuncias que expresaron las asociaciones de mujeres presentes. A ella y a su expareja se les impuso una orden de alejamiento mutua que hizo que, cuando tenía que dejar a su hija con el maltratador, tuviera que vivir con "la eterna angustia" de no saber si "volveía sana y salva", lamentó.

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"Quiero interponer una queja contra la jueza que llevó mi caso porque me he sentido cuestionada y desamparada", criticó. Ella, afirmó, es el ejemplo de cómo, "siguiendo las normas del sistema, el sistema puede maltratarte de una forma muy cruel". "He llegado a tener más miedo a la denuncia que al maltratador". 

"Claro que hay denuncias falsas", prosiguió, "las que interponen ellos contra nosotras". 

Por su parte, la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey solicitó amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por lo que considera "un ataque a su independencia", según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante las acusaciones señaló, además, "que sus actuaciones judiciales se han llevado a cabo con escrupuloso respeto a la legislación vigente tratando de buscar la máxima objetividad e imparcialidad antes las posturas enfrentadas de las partes".