Los jubilados toman las calles ante el "saqueo" del sistema de pensiones y preparan más protestas

Miles de personas se movilizaron este jueves en 90 ciudades de todo el país para protestar por la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los pensionistas desde 2013 y en defensa de un sistema "digno" de prestaciones por jubilación. Convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), un movimiento al margen de partidos y sindicatos, los manifestantes denunciaron el "saqueo" al que ha sido sometido el sistema tras las reformas llevadas a cabo por PSOE y PP.

Una de las principales manifestaciones tuvo lugar en Madrid, donde los convocados se movilizaron frente al Congreso y lograron cortar la Carrera de San Jerónimo. También fue muy numerosa la movilización en Bilbao, calificada de "histórica" por sus promotores, y que colapsó el tráfico del centro de la ciudad durante alrededor de una hora.

"Hemos desbordado, ha sido increíble y esto no ha hecho nada más que empezar", dice en conversación con infoLibre José Ángel Vivanco, miembro de la coordinadora en Barakaldo y asistente a la manifestación de la capital vizcaína. La coordinadora lleva casi dos años trabajando de forma descentralizada con grupos por todo el país, aunque el de este jueves fue su primer gran hito de afluencia. Vivanco explica que han llevado a cabo la tarea de difusión al margen de los medios de comunicación realizando charlas informativas y poniendo carteles en centros de mayores, bares, tiendas... 

Piedra angular de sus reivindicaciones es la derogación de la reforma del sistema que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2013 y que desligó del IPC el índice de revalorización, que hasta esa modificación se actualizaba según la inflación de cada mes de noviembre. Desde entonces las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social. Para los ejercicios con superávit la norma sí establece que subirán el IPC más el 0,50%. La mayoría de los países de la OCDE y buena parte de los miembros de la UE siguen "anclados" en el IPC para revalorizar las pensiones.

La consecuencia más clara de esta medida es que las pensiones han perdido nueve décimas de poder adquisitivo entre 2014 y 2017: mientras el IPC aumentó un 1,9% en ese periodo, las pensiones sólo lo hicieron un punto. La pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64. "Es una subida miserable frente a una inflación incontrolada que conduce a pensiones asistenciales", señala Victoria Portas, portavoz de la coordinadora. 

Lo cierto es que la crisis trajo consigo una reformulación del sistema de pensiones públicas tal y como se conocía hasta la fecha. En 2011, todavía bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el retraso de la edad de retiro ordinario hasta los 67 años, medida que se está implantando de forma gradual hasta 2027; y la ampliación, también de forma progresiva, del periodo de cómputo para calcular la pensión de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 25. Esa reforma contó con el aval de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. 

Dos años después, en 2013, el PP aprobó otra reforma que incluyó la citada desvinculación con el IPC y la creación de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones, llamado factor de sostenibilidad, que recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. La reforma de 2011 ya preveía la creación de este factor de sostenibilidad, pero para 2027 y que actuara por primera vez en 2032. Por otro lado, el PP había aprobado meses antes, y por decreto, la reforma de la jubilación anticipada y parcial exigiendo más edad y más años cotizados.

Sostenibilidad del sistema 

Portas y Vivanco critican las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que, a propósito de la protesta, dijo que los pensionistas no han sido el sector más perjudicado por la crisis. Portas explica que los miembros de la coordinadora no están preocupados únicamente por sus prestaciones, sino también por las de las próximas generaciones. "Las reformas laborales aprobadas por PP y PSOE han precarizado a los jóvenes. Esos salarios de miseria provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social e impiden unas pensiones dignas. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social", señala. 

Sobre el horizonte planean nuevas reformas del sistema de pensiones, pues los grupos parlamentarios están debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para afrontar la crisis del sistema y garantizar tanto su sostenibilidad como su suficiencia. Hay que tener en cuenta que el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, que llegó a contar con 66.815 millones en 2011, sólo contiene ya 8.095, pues el Gobierno no ha hecho más que sacar dinero cada año para pagar las extras de julio y diciembre. En realidad, el agujero en el sistema con Rajoy alcanza los 100.000 millones de euros: de la hucha sacó 74.437 millones –suma del dinero que había y de los intereses que generó desde 2012– y además pidió 25.192 millones en préstamos para afrontar el abono de las pagas extras en 2017 y 2018.

"Las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles. Son un derecho"

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De ahí que los pensionistas mantengan que las movilizaciones no han hecho nada más que empezar. En sus próximas protestas, que vincularán a las movilizaciones previstas en torno a la huelga feminista del 8 de marzo, quieren llamar la atención sobre las desiguales pensiones que reciben hombres y mujeres. Según datos de un informe de UGT, la brecha de género tras la jubilación se eleva hasta el 37%, lo que se explica por su mayor temporalidad e inestabilidad en el empleo y su repercusión en las cotizaciones. También está sobre la mesa la posibilidad de convocar una gran movilización en Madrid. 

En las movilizaciones de este jueves participaron representantes del PSOE, Podemos y sus confluencias, Izquierda Unida... si bien los pensionistas advierten de que no se van a dejar "manipular electoralmente". De hecho, cuestionan algunas de las últimas medidas que han puesto encima de la mesa los dos principales partidos: la "vergonzosa" propuesta del PP de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria y la "falsa solución" del PSOE de poner en marcha "impuestos finalistas como remedio al déficit de la Seguridad Social". 

A nadie se le escapa que en España hay 8,7 millones de pensionistas y que es precisamente en este grupo de edad en el que tanto conservadores como socialistas encuentran su principal granero de votos. La coordinadora que ha sacado a miles de personas a la calle este jueves trabaja al margen de organizaciones políticas o sindicales, pero en las movilizaciones sí se han repetido las consignas en las que se instaba a los presentes a no respaldar con el voto a quien no defiende el sistema público. "Quien roba pensiones lo pagará en las elecciones", advertía una pancarta en Bilbao.