España, bloqueada y otra vez en la calle

En menos de un mes, dos grandes concentraciones con réplicas en casi todas las ciudades de España han pillado al Gobierno con el pie cambiado: la de los pensionistas reclamando unas pensiones dignas y las que sacaron a la calle a centenares de miles de mujeres coincidiendo con el 8 de marzo. La reacción del Ejecutivo ha sido la misma en ambos casos: primero, minimizar el alcance de estos movimientos llegando incluso a poner en duda su repercusión. Y, después, desdecirse improvisando anuncios o recuperando viejas promesas. 

En el Partido Popular admiten esta escenificación del caos: "O lo ignoramos o no supimos ver la que se venía encima", resume uno de los dirigentes consultados. Y sostienen que es la gota que colma el vaso. Una especie de tormenta perfecta cuando Ciudadanos les ha quitado el título de favoritos en las encuestas y pocos en el partido se creen la tesis de Mariano Rajoy de que lo ocurrido en Cataluña el 21D no puede ser extrapolable a otro tipo de elecciones.

Para cerrar el círculo, el Ejecutivo ve cómo el 155 se prolonga sine die en Cataluña, donde el bloqueo es total. Y sufre las consecuencias de su debilidad parlamentaria y de la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de 2019: a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de este año y el pacto educativo corre serio peligro tras la salida del PSOEPSOE.

8M: "Un desgaste inútil"

Las manifestaciones de mujeres por toda España este jueves dejaron claro que el PP erró a la hora difundir a sus cargos públicos hace un par de semanas un argumentario en el que se desmarcaba con contundencia de la huelga asegurando que se trataba de un gesto "elitista", "insolidario" y que, además, apostaba "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres". La igualdad, subrayaban en el citado documento, "sólo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres". 

Desde ese día, hasta los días previos a la huelga feminista, los miembros del PP y del Gobierno hicieron malabarismos para pronunciarse sobre el tema sin desmontar el argumentario. Pero les fue muy difícil. Al presidente del Gobierno le cuesta mucho desautorizar a sus ministros y a destacados miembros de su partido. Pero en esta materia lo ha hecho de forma contundente. Este martes, en el Senado, tras acudir al pleno de control, subrayó que no se sentía representado por aquellos compañeros de partido que habían abogado por hacer huelga "a la japonesa". Las desautorizadas eran la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Ese argumentario era inasumible. Hay mil formas de decir que no se respalda una huelga. Pero esa, desde luego, no lo era", valora un dirigente regional. La misma fuente considera que, en esta cuestión, el Gobierno se ha sometido a un "desgaste inútil".

La desautorización de Rajoy es un gesto lo suficientemente claro como para concluir que el presidente se había dado cuenta de que la fórmula escogida por su partido para responder a la huelga del 8M no era la adecuada. Ahora, en el Gobierno evitan hacer autocrítica en público poniendo el foco en que su papel es legislar y tomar medidas y que en eso están. Ahora, después de todas las críticas que quedan en las hemerotecas, destacan que se trata de un "movimiento transversal". Pero no pocos dirigentes admiten que mensajes como algunos de los lanzados en las últimas semanas les alejan de las mujeres. 

Si la mayor parte de las críticas internas de los últimos meses han ido dirigidas al Gobierno por su falta de iniciativa política y la improvisación, en lo relacionado con las manifestaciones del 8M la mirada se fija en el partido. "¿Por qué se difundió ese documento?", se pregunta un diputado. 

Hay en las filas conservadoras quien atribuye algunos movimientos como el del argumentario a un intento "a la desesperada" de evitar que Ciudadanos se les adelante a la hora de liderar debates sobre asuntos de actualidad. O de no llegar "demasiado tarde" a la hora de fijar posición. Es lo que les ocurrió, señalan, tras las manifestaciones de pensionistas de hace un par de semanas.

Este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo se rescataban medidas para "la conciliación y la racionalización [de horarios]" anunciadas hace años. Aseguraban que las negociaciones de Fátima Báñez con los agentes sociales en estas materias estaban "muy avanzadas". 

Pensiones: "No lo supimos ver"

Este martes, el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados acoge un pleno monográfico sobre pensiones. Para Rajoy, según aseguró él mismo, puede ser el debate más importante de la legislatura. Pero no llega por sus propios pies. Se adelantó a pedir la comparecencia a petición propia cuando los grupos parlamentarios ya se lo habían demandado tras ver a miles de pensionistas por las calles de toda España clamar contra el "saqueo" de las pensiones. Hasta la fecha, las concentraciones han sido convocadas en dos ocasiones. Pero sus protagonistas prometen más.

"No lo supimos ver. Tendríamos que haber puesto el debate sobre la mesa antes nosotros. Haciendo que se retraten el resto de partidos y defendiendo que las pensiones están garantizadas gracias al trabajo de este Gobierno", valora un miembro del Ejecutivo. A esto se suma alguna reacción poco afortunada, como la del portavoz en la Cámara Baja.

El primer día que los pensionistas se echaron a la calle por primera vez, Rafael Hernando dijo respetar su derecho a manifestarse, pero sostuvo que el balance de este colectivo desde que gobierna Mariano Rajoy "puede considerarse positivo si se compara con otros sectores".

"Desde los últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo", sostuvo al tiempo que destacaba que, según todos los informes internacionales, "es el sector en España que menos se ha visto acosado por la crisis económica gracias a su modelo de protección social".

Los conservadores tienen en los mayores de 65 años un caladero muy importante de votos.

Además de convocar un pleno monográfico, el Gobierno intentó reponerse del golpe maquillando un viejo anuncio. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a prometer una deducción en la cuota del IRPF para los pensionistas de "edad muy avanzada" que les compense de los "mayores costes inherentes de discapacidad" que deben afrontar. Una "deducción de cuota por edad", aseguró, que se añadirá a las deducciones ya existentes por discapacidad o por tener a personas a cargo con discapacidad. Desde el ministerio no se aportaron más datos.

Si nos atenemos a lo que dijo Rajoy hace una semana en El programa de Ana RosaEl programa de Ana Rosa, el pleno no será para hacer anuncios. "Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría", defendió. Pero las fuentes consultadas no descartan que se guarde algún as en la manga. "No podemos gastar lo que no tenemos. Pero somos Gobierno. La economía va mejor. Algo tenemos que hacer, alguna respuesta tenemos que dar", señala un líder provincial.

Otras fuentes, sin embargo, culpan al Gobierno de no haber salido "en bloque" a explicar el sistema de pensiones y todos los esfuerzos que se han hecho por mantenerlas y garantizarlas frente a la "deslealtad" del resto de partidos en un asunto tan delicado. Y advierten del peligro de que, como ya está pasando, otros colectivos salgan también a la calle.

La última decisión está en manos de Rajoy. Y su respuesta en el pleno del miércoles será una muestra de hasta qué punto le preocupa el asunto.

Cataluña: sin el fin del 155 en el horizonte

El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció este viernes que se aplazaba el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), que estaba programado para las 10.00 de la mañana del lunes, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se pronuncie.

Sànchez anunció que el mismo lunes planteará una demanda ante el citado organismo para defender su derecho a ser investido. Fue su respuesta a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de denegarle el permiso que había solicitado para acudir al Parlament.

Esta es la segunda vez en pocas semanas que Torrent aplaza un pleno de investidura. El 30 de enero lo hizo con el que iba a protagonizar Carles Puigdemont, después de que el Constitucional dictaminara que no podía ser investido si no era con su presencia en la Cámara y con permiso judicial.

El aplazamiento del Pleno deja todavía más en el aire el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que implica la intervención de una comunidad.

En el Gobierno llevan meses insistiendo en que cuanto antes vuelva la "normalidad" a Cataluña, cuanto antes comiencen a trabajar todos los organismos e instituciones sin la intervención del Ejecutivo central, mejor para esta comunidad. 

La primera votación del pleno de investidura activa el reloj para que, si en los dos meses siguientes a este día no hay candidato elegido, el Parlament sea disuelto y se convoquen elecciones. Ahora, con el nuevo frenazo dado por Torrent, no hay visos de que vaya a desactivarse el bloqueo.

Está por ver si en los próximos días los conservadores vuelven la mirada hacia Ciudadanos para que su candidata, Inés Arrimadas, dé un paso al frente e intente ser propuesta a la investidura. Sería una forma de desbloquear la situación y un paso hacia unas nuevas elecciones. Pero no parece que sea esta la opción de la formación naranja.

El bloqueo en Cataluña es, a la vez, un elemento que extiende el bloqueo a otros campos, como el de los Presupuestos o el de la financiación autonómica.

Presupuestos: ¿cumplirá Rajoy las fechas comprometidas?

En esta materia, el Gobierno ha dicho una cosa y la contraria. Primero se dijo que se iban a presentar en tiempo y forma, después se aplazó la presentación a la espera de que se aclarara el panorama en Cataluña. A mediados de febrero, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendía apuntando la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no fuesen presentados por falta de apoyos. Defendía que con las prórrogas era suficiente, dando la idea de que prácticamente no era necesario dar luz verde a unas cuentas públicas. Ante la sorpresa y enfado de los partidos de la oposición, que acusaron a Rajoy de estar saltándose la Constitución, el presidente optó por poner fecha al acontecimiento: el 23 de marzo.

Será ese día, si no hay cambios de última hora, cuando los Presupuestos para 2018 salgan del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. La idea de Rajoy es que sean una realidad a finales de junio, como ocurrió con la cuentas vigentes. Pero, si PNV y Cs no están jugando al despiste, mucho tiene que cambiar el panorama para que se cumplan esos plazos.

Los nacionalistas vascos no quieren hablar con el Gobierno mientras el 155 siga vigente. Y Cs no quiere apoyar al PP mientras la senadora Pilar Barreiro, imputada en el marco de la operación Púnica, no renuncie al escaño. 

Los conservadores ven tras la exigencia de Rivera el interés de Ciudadanos de que acabe la legislatura para que se convoquen elecciones generales ahora que está al alza en las encuestas.

Pacto educativo: la eterna asignatura pendiente

En "la legislatura de los pactos y del diálogo", como la bautizaron los conservadores en un contexto en el que no les salen las cuentas en el Congreso para sacar adelante iniciativas sin el concurso de otras fuerzas, sólo ha fructificado un pacto de Estado, el de la violencia de género. 

Esta semana, el grupo socialista se levantó de la mesa de negociación del Pacto de Estado Político y Social por la Educación, que desde hace 15 meses se está llevando a cabo en el Congreso. 

Los socialistas no aceptaron la propuesta de financiación del PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2025 y no se han movido de su exigencia de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo.

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El Gobierno confía en que la situación se pueda reconducir. Pero creen que los socialistas se están comportando de manera desleal y oportunista. "No entendemos esa política de lanzar órdagos en la primera mano. Estábamos viendo el segundo eje de los quince pactados y dan la espantada, no tiene sentido", resumió el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mientras, la secretaria de Educación del PSOE y portavoz parlamentaria en esta materia, Luz Martínez Seijo, anunció que su partido, al igual que Unidos Podemos, apoyará las movilizaciones anunciadas por la 'marea verde' para exigir al Gobierno la derogación de la LOMCE. Este bloqueo, pues, puede complicarse con nuevas manifestaciones.

En Educación creen que derogar la LOMCE sería un "disparate" porque dejaría a más de ocho millones de alumnos en un limbo. Además, insisten en "mantener el gesto" de suspender las reválidas porque tienen voluntad de seguir trabajando en ese acuerdo.