Los deberes que ponen las ONG a Sánchez para traducir el gesto del 'Aquarius' a un cambio de política

Los 629 migrantes y refugiados a bordo del Aquarius emprendieron este martes su viaje hacia España. Su destino, el puerto de València. Lo hicieron más de tres días después de un periplo por el Mediterráneo sin opción de desembarcar en ningún puerto europeo. El buque, operado conjuntamente por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée, les rescató el sábado por la noche de la ruta migratoria más mortífera del mundo. En ese momento, Italia era el país de la Unión Europea más cercano, pero su ministro del Interior, Matteo Salvini, les impidió la entrada. El recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció entonces València como puerto seguro, por lo que el barco puso rumbo a esa localidad este martes. Se espera que el sábado echen el ancla en España. 

La antítesis de estas dos posturas no es sino la ejemplificación de la política de asilo que se adivinaba, por un lado, a los ultraderechistas italianos de la Liga Norte y, por otro, al nuevo Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez. El ofrecimiento del nuevo jefe del Ejecutivo fue aplaudido por Bruselas y por algunos países europeos como Francia, que quisieron agradecer el gesto solidario del líder del PSOE. Gesto que, además, fue imitado por varios dirigentes autonómicos que "prestaron" sus puertos y ciudades como "refugio" a todas las personas que viajan a bordo del Aquarius, entre los que se encuentran 123 menores no acompañados y siete mujeres embarazadas. 

Sin embargo, tampoco faltaron las voces críticas. En este sentido, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no dudó en calificar la decisión del Gobierno de propagandística, por lo que pidió al Ejecutivo que actúe con prudencia ante una decisión que calificó de "error". "No es un buen mensaje aquel que consiste en decir que se van a cambiar las políticas de inmigración y respecto al tráfico de personas por parte de España", aseguró. Otros dirigentes, como el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, se mostraron en cambio partidarios de acoger a migrantes.

 

Imágenes de algunos de los migrantes a bordo del barco Aquarius.

Pero, ¿es este realmente el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez? Se desconoce si, una vez hayan desembarcado en el puerto de València las 629 personas procedentes del Aquarius, este gesto se convertirá en un verdadero cambio de rumbo de las políticas de asilo españolas o, simplemente, quedará en el imaginario colectivo como un gesto simbólico de solidaridad que no tendrá más repercusiones políticas. Las ONG consultadas por infoLibre confían en que se cumpla el primer vaticinio y que esta acción solo sea el principio. En este sentido, las organizaciones solicitan al nuevo Ejecutivo cambios reales que dejen en el pasado las políticas migratorias conservadoras llevadas a cabo durante los seis años y medio del Gobierno del PP, que recibió varios tirones de orejas de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos. 

- Cumplimiento de los compromisos de acogida 

La foto de Aylan Kurdi, el niño sirio que apareció ahogado en una playa de Turquía, y cuya fotografía dio la vuelta al mundo, generó una ola de solidaridad europea que, por lo que se pudo comprobar, quedó en papel mojado. Era el año 2015 y su imagen removió las conciencias de los Veintiocho, que se comprometieron a acoger unas cifras determinadas de refugiados. Se pusieron, como plazo, dos años, hasta septiembre de 2017. Cuando llegó la fecha límite, ningún país de la Unión Europea había cumplido con lo prometido. Tampoco España.

La razón principal que, a juicio de las ONG, explicó el incumplimiento por parte de nuestro país fue la falta de voluntad política. Ahora, con el cambio de Ejecutivo y con este primer movimiento, que llega menos de dos semanas después de la entrada de Sánchez en la Moncloa, las organizaciones confían en que esto cambie. "De acuerdo al PIB [Producto Interior Bruto] español, España debería reasentar –es decir, trasladar a personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano– a 16.000 personas. Pero pedimos que no sólo sean nacionales sirios, sino de cualquier nacionalidad de personas vulnerables a violencia y conflictos", explica Lara Contreras, responsable de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón. Añade, en este sentido, que la reubicación –la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– también debe ser una "responsabilidad compartida" entre todos los Estados miembros. Solo así, estos dos países, que sufren la mayor presión migratoria por su salida a la ruta del Mediterráneo que atraviesan los migrantes para llegar a Europa, se verán aliviados de las masivas solicitudes de asilo. 

Solicitudes que, en cambio, Salvini se mostró dispuesto a, directamente, bloquear. Así lo expresó este mismo martes, cuando insistió en la postura adoptada este domingo y anunció que Italia no permitirá atracar en sus puertos a los barcos de las ONG que operan en aguas del Mediterráneo. 

Al igual que Oxfam, Amnistía Internacional (AI) también recalca la necesidad de recuperar los compromisos y que, esta vez, sean de obligado cumplimiento. "AI se ha puesto en contacto con el Gobierno saliente y con el nuevo para que lidere o impulse la creación de un mecanismo obligatorio de reparto de cuotas para cumplir con esa solidaridad que deberían tener todos los países", detalla Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales y portavoz para temas de Crisis de refugiados de la ONG. 

- Desarrollar el reglamento de la ley de asilo de 2009

Por otro lado, las ONG hacen hincapié en la necesidad de desarrollar la ley de asilo y refugio, cuyo reglamento lleva paralizado desde el año 2009. "Pedimos que se establezca el desarrollo de la ley. Hay cosas como el visado humanitario que no están contempladas y que permitirían a los solicitantes de asilo pedirlo desde las propias embajadas. Así no tendrían que emprender el viaje y se favorecería la reunificación familiar", detalla Contreras. 

Va a cumplirse una década desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la normativa que, al no haber desarrollado ningún tipo de reglamento, se ha quedado paralizada. En este sentido, Vicente Baeza, de Movimiento Por la Paz, detalla la necesidad de que, con este desarrollo, se concreten y adapten al momento actual los procedimientos de asilo, que "están totalmente desfasados". "Sin plazos adecuados, los solicitantes de asilo caen en un limbo administrativo total", critica. Se les impide, de esta forma, la correcta integración en la sociedad española mediante, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo. "Así estamos potenciando la desigualdad", lamenta.

En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) incidía, en su informe Los muros invisibles tras la frontera sur, en la necesidad de "garantizar el acceso a la información y al procedimiento de protección internacional de forma adecuada e individualizada", así como en la de "proveer de formación adecuada y continua en materia de protección internacional a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", algo en lo que también hace hincapié Baeza. "En la práctica, esa formación no se ve", denuncia. Y estos problemas podrían resolverse, simplemente, con el desarrollo normativo de una ley obsoleta. 

- Prohibición de las devoluciones en caliente

Es algo que las ONG llevan mucho tiempo solicitando pero que, en cambio, ha seguido practicándose. Son las devoluciones sumarias, más conocidas como devoluciones en caliente, declaradas ilegales por Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que falló por unanimidad el pasado mes de octubre que la devolución en caliente de dos inmigrantes en 2014 fue no se produjo conforme a legalidad. 

Lo cierto es que las devoluciones en caliente fueron "legalizadas" por el PP, que aprobó en solitario la Ley de Seguridad Ciudadana –más conocida como ley mordaza–, normativa que permitió poner en práctica la disposición adicional de la Ley de Extranjería que regula el rechazo en frontera de inmigrantes a pie de valla en las ciudades autónomas. Esto fue en el año 2014, pero en la práctica las devoluciones sumarias ya se venían realizando desde hacía tiempo. "España debe dar ejemplo", y un comienzo sería la derogación de la ley mordaza, explica Barroso. 

 

Inmigrantes encaramados a la valla de Melilla. 

Dejar de poner en práctica este tipo de devoluciones sería, sin duda, un paso importante para cambiar el rumbo de las políticas de asilo que, hasta ahora, llevó el Gobierno español. No obstante, estas se vieron respaldadas por el Senado el pasado mes de noviembre, cuando los votos en contra del PP y la abstención del PSOE echaron hacia atrás una proposición de ley de Unidos Podemos que pretendía eliminar la permisividad de los rechazos en frontera. 

- España como abanderada de la solidaridad en la Unión Europea

El gesto del Gobierno español contrasta y se enfrenta directamente con las políticas que, a priori, llevará a cabo el también nuevo Gobierno italiano. No obstante, este último no es el único país con ideología xenófoba y antiinmigratoria dentro de la Unión Europea. A su lado se sitúan países como Polonia o Hungría. Por eso, las ONG consultadas confían en que el nuevo Ejecutivo español pueda actuar como abanderado de la defensa de los derechos humanos dentro de la Unión Europea. 

En este sentido, explican las organizaciones, esperan que España impulse el cumplimiento de las cuotas de acogida que los Veintiocho se impusieron como objetivo hace ahora casi tres años. "España debe reclamar a todos los países de la UE la responsabilidad compartida para proteger los derechos de las personas que migran", detalla Contreras. Por ello, a su juicio, es necesario "poner los fondos necesarios para poder rescatar y salvar a estas personas". Y con este objetivo debería presentarse Pedro Sánchez ante las negociaciones del Convenio de Dublín –bajo el cual se establecen las cuotas de reubicación– que tendrán lugar en el marco europeo a finales de este mes de junio. "Lo primero es cumplir con los compromisos. Y todos los países deben hacerlo", explica Baeza, que también espera que España "lidere" este cambio.

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Además, por otro lado, todas las fuentes consultadas inciden en la necesidad de acabar con el proceso de externalización de fronteras que se concretó en acuerdos como el de UE-Turquía por el que se decidió deportar a este país a todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios, que llegaran a Grecia a partir del 20 de marzo del pasado año 2016. "Lo hemos denunciado muchas veces, estos terceros países a los que se deportan a las personas migrantes no son lugares seguros", insiste Barroso. Ni Turquía ni Libia, país con el que alcanzó un acuerdo similar Italia. 

Y, por último, también detallan como necesaria la colaboración de todos los estados en materia de salvamento marítimo. Así, solicitan que se dejen de delegar estas funciones en las ONG a las que, además, los países de la UE criminalizaron de forma constante bajo el argumento de que sus acciones generan un "efecto llamada" que provoca la "avalancha" migratoria. "Los responsables, al final, son los estados", por lo que son quienes tienen  el deber y la obligación de actuar, continúa Barroso.

La sensación de todas las organizaciones es la misma. Se muestran esperanzadas, pero tampoco quieren depositar su confianza plena en el nuevo Ejecutivo sin constatar verdaderamente el cambio de rumbo de las políticas migratorias. Esto ha sido, para ellos, un gesto, pero puede llegar más allá. "Los gestos, cuando son tan trascendentes, se acaban convirtiendo en hitos", sentencia Baeza.