Esperanza Aguirre: por qué la sitúa el juez a la cabeza de un plan delictivo "al servicio del PP"

Nueve días antes de que se cumplan cinco años del estallido de la Operación Púnica, Esperanza Aguirre declarará este próximo viernes como investigada por la financiación ilegal del PP. Ilegal solo supuestamente mientras no haya sentencia pero tangible a tenor de cientos de papeles manuscritos o mecanografiados, archivos informáticos, facturas falsas, mensajes telefónicos y correos electrónicos destapados por la investigación. Y a tenor también de un ramillete de testimonios variopintos que, como piezas de puzle, dibujan engarzados un rostro según los investigadores: el de la expresidenta más poderosa de la Comunidad de Madrid, a quien el auto del juez del caso, Manuel García Castellón, atribuye la "supervisión" de un "plan preconcebido" destinado a desviar millones de dinero público y ponerlos "al servicio del partido". 

Como mínimo, dos involucrados en la causa la han situado en la reunión de comienzos de 2004 donde, según Anticorrupción y el juez, se fraguó aquel plan. Uno de ellos, el dueño del extinto grupo de publicidad Over Marketing, confesó en la Audiencia Nacional haber participado en la financiación ilegal; el otro que habló de esa reunión fue el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, quien volverá a declarar este lunes.

El plan delictivo en cuya cúpula los investigadores colocan a Esperanza Aguirre giraba en torno a un pilar granítico: propaganda, propaganda y propaganda para el partido al margen de la Ley Electoral y con grave daño para las arcas públicas. En forma de mítines, encuestas, vídeos y lo que resultara necesario en cada campaña, fue el sistema de desvío el que, por ejemplo, permitió al PP gastar en 2011, año de autonómicas y municipales como 2007, más del doble de lo autorizado: 6,2 millones frente a los 3.229.342 de máximo legal. En aquella campaña, Aguirre lanzó un mensaje que, lejos de ubicarla en el extrarradio del manejo del dinero, enfatizaba su poder decisorio y su capacidad de control sobre el Gobierno regional: "No nos hemos gastado más de lo que teníamos, hemos sido austeros y hemos administrado bien el dinero que los ciudadanos han puesto en nuestras manos" [puedes oír la frase en este vídeo de La Sexta a partir del minuto 04.12]. 

La tesis de Anticorrupción sobre el protagonismo estelar de Aguirre tardó años en quedar formulada: la Fiscalía optó por amarrar indicios antes de dar el paso más comprometido en la causa Púnica. Pero, en marzo de 2017, quien entonces aparecía como el principal político envuelto en Púnica, Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño y cuya cuenta suiza destapó la trama, escribió desde prisión una carta que hoy adquiere tintes proféticos: "Una de tus frases preferidas (...) es: 'Todo se puede delegar menos la supervisión' (...) Absolutamente nada, ni en el partido ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". La carta, publicada por okdiario, iba dirigida a Esperanza Aguirre. Granados, a quien el juez define junto con Ignacio González y el exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como parte del trío en que se apoyaba Aguirre para ejecutar aquel plan que el auto de imputación refleja como delictivo, es uno de los que ha declarado que la financiación paralela existía. 

Lamela y las "instrucciones precisas"

Antes que Aguirre y salvo sorpresa desfilarán por la Audiencia Nacional a lo largo de la semana cuatro exdirigentes del PP madrileño, todos en calidad de imputados y cada una de cuyas palabras puede resultar crucial para el futuro de su antigua jefa.

Uno de ellos, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, está citado este lunes tras su sucesor en ese mismo departamento, Juan José Güemes. En junio de 2017 y entonces como testigo, Lamela ya señaló a Aguirre ante la Guardia Civil como asistente a la reunión de comienzos de 2004 que tanto Anticorrupción como el juez consideran el inicio de aquel plan preconcebido y sostenido que financió las campañas electorales del PP madrileño al menos hasta 2011. ¿Se reafirmará en que en aquella reunión se dieron "instrucciones precisas" para incluir a un determinado grupo, el de Over Marketing, entre "las posibles empresas para ser contratadas" en materia de publicidad?  No se sabe en realidad qué hará Lamela, el consejero que persiguió a los médicos de urgencias del hospital Severo Ochoa bajo la falsa acusación de homicidio masivo por sedación y que ha tenido una trayectoria accidentada desde su salto a la empresa privada en 2008. Lamela logró un préstamo blando de 500.000 euros concedido por Madrid Network, una asociación privada a la que el Gobierno de Aguirre otorgó sin concurso el reparto de 80 millones de fondos públicos. Según los últimos datos conocidos, no devolvió el dinero.

Antes que Aguirre, también declarará Gádor Ongil, quien en 2010 y por razones que nadie ha aclarado aún sustituyó a Aguirre en la presidencia de Fundescam, una fundación opaca que desde 2003 financiaba las campañas del PP madrileño, como desveló ya en 2009 una investigación periodística. Fundescam se llevó en subvenciones de la Comunidad de Madrid por 1,2 millones de euros entre 2006 y 2011.

Durante un interrogatorio al exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, el anterior juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, definió de manera gráfica lo que ocurría con aquella fundación que pagó desde facturas de empresas de Francisco Correa a encuestas del PP y trabajos hechos por el grupo de otro empresario, Óscar Sánchez, que saltó a la escena con Púnica. Pese a que constituía una fundación sin la menor proyección pública, recibió cuantiosas donaciones de adjudicatarios de contratos públicos, como Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y amigo de la infancia de Esperanza Aguirre.  En una referencia inequívoca a Aguirre, Velasco le espetó lo siguiente al exgerente: "Y al frente [del Gobierno] estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales".

El delfín y el andamio jurídico tutelado por la jefa

El último de la lista de imputados que precederán a Aguirre ante el juez es Ignacio González. Pasó de ser su delfín y luego sucesor a convertirse en el primer expresidente madrileño preso (preventivo) por corrupción. Y en el hombre por el que Aguirre casi arrancó a llorar cuando fue detenido en abril de 2017: si se demostrase que había cometido ilegalidades, para ella sería "muy lamentable", dijo entonces.

González, que debe declarar un día antes que su antigua jefa, lo tiene complicado: o hace causa común con Aguirre o recalca que él aparece en un lugar secundario. Porque ocupa un puesto esencial en los dos decretos, ambos de 2004, sobre los que se sustenta el andamiaje jurídico que el auto del juez viene a definir como el creado para desviar fondos bajo el mando de Aguirre. El primero dejaba en manos de González el grueso de la contratación de publicidad, un "ardid" para poner esta misión al servicio del partido, escribe el juez. Pero, agrega el magistrado, eso no libra a Aguirre: "La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, que por Decreto 148/2004, de 21 de diciembre pasó a tener la superior dirección de la Dirección General de Medios".

La segunda pata del andamiaje es la que, según Lamela, coloca a González al frente de la comisión que creó la cláusula del 1%, una figura que obligaba a las constructoras de hospitales y carreteras a reservar ese porcentaje para una publicidad que encargaba el Ejecutivo siempre a las mismas empresas. La encargaba la Comunidad de Madrid y la pagaban las constructoras sin rechistar. Incluso pese a que "muchas" de las facturas se referían a "publicidad que no se realizó", reseña el auto.

Aquella "comisión delegada de asuntos económicos" tenía no obstante a Esperanza Aguirre como "miembro permanente" y presidenta. Y la resolución judicial que la incorpora al listado de antiguos altos cargos imputados (tres expresidentes y seis exconsejeros) lo recuerda de manera expresa. Todos los miembros de esa comisión –argumenta el auto– sabían que la del 1% era "una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato".

Para Aguirre, haber pertenecido a la comisión delegada que instauró aquel impuesto contrarrevolucionario de efectos multimillonarios representa un verdadero problema. Según el auto, la aplicación del 1%, aquel "concierto amañó entre los años 2006 a 2008 contratos a favor de las mercantiles Over" y sus satélites (Traci, Abanico y Link) "por un importe que pudo llegar a superar los cinco millones". 

Dos miembros de sus equipos han señalado hacia la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad, como el núcleo del que partían las directrices sobre la publicidad relacionada con ese 1%: el primero, la antigua directora del Sermas (Servicio Madrileño de Salud), Almudena Pérez, declaró que "los trabajos de publicidad e información se dirigían desde la Consejería de Presidencia y Gabinete de Prensa de la Puerta del Sol"; la segunda, la exdirectora de comunicación de los Gobiernos de Aguirre y González, Isabel Gallego, lo expuso así: "La directora general de Medios –planteó en un escrito dirigido al juez en mayo de este año– no formó parte de la toma de decisión por la que las empresas constructoras destinarían ese uno por ciento del gasto a promoción. Según Manuel Lamela, la decisión fue tomada en la Comisión de Asuntos Económicos, presidida por Esperanza Aguirre, que podía delegar en quien ella considerase, y de la que forman parte los consejeros y de la que no formaba parte Isabel Gallego".

El dueño de Over, "ese pobre señor argentino" que ya apuntó hacia Aguirre

De momento, la declaración de Lamela se inserta entre las negativas para Aguirre. Como ocurre con la que meses más tarde, en diciembre de 2017, prestó Daniel Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, el principal grupo de publicidad beneficiado por ese "plan preconcebido" para el desvío de fondos públicos. Mercado confesó ante el juez que el PP le pagó parte de la campaña de 2007 con dinero negro o facturas falsas abonadas por empresarios. Aunque de menor peso y envergadura, otro empresario, este dedicado a los sondeos –Alfonso Corral, de Demométrica– ya había hecho en marz de aquel año una confesión que avala la falsedad de ciertas facturas: él hacía encuestas para el PP y le endosaba el coste a Fundescam si así se lo indicaba el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.

El exgerente poseía firma autorizada en las cuentas del PP. Y en la de Fundescam. Igual que Esperanza Aguirre, como precisa el auto. "Una situación como la descrita –dice el auto tras un párrafo donde aborda quiénes podían manejar las cuentas del PP– explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PP [de Madrid] y Presidenta de la fundación, quien se postuló a la Presidencia de la CAM [Comunidad de Madrid] en las campañas autonómicas de los años 2007 y 2011".

El relato de Mercado apuntaba a Aguirre al situarla en la ya citada reunión de comienzos de 2004 donde -y eso lo dijo igualmente Lamela– se dieron "instrucciones" para que Over Marketing y su grupo fuese tenido en cuenta en las adjudicaciones sobre publicidad. Su confesión enlazaba con la que –paradójicamente sin consecuencias– había hecho cuatro años atrás en una declaración prestada en Palma por el caso Matas. Entonces, Mercado habló de uno de los antiguos altos cargos de Madrid condenados en Gürtel, Alberto López Viejo, que era –dijo– quien "asignaba cada [contrato] negociado sin publicidad y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Mercado nunca habló de aquello con Aguirre. Pero explicó ya entonces –24 de octubre de 2012– que lo hizo por una razón que dejaba en mal lugar a Aguirre: "El declarante nunca acudió a Esperanza Aguirre a exponer la situación, porque le constaba que Alberto era una persona muy valorada y querida por Esperanza".

Cinco años más tarde, Mercado se explayó en la Audiencia Nacional aunque se cuidó de mantener ciertas cautelas respecto de Esperanza Aguirre. Cautelas llenas de sugerencias, no obstante. Por ejemplo, cuando estaba exponiendo que, en su opinión, un determinado consejero no consultaba con "la plana mayor" los contratos que planeaba adjudicar, la fiscal le interrumpió con una pregunta: "¿En la plana mayor mete también a Esperanza Aguirre?" Mercado respondió así:  "Posiblemente pero como le dije antes yo no hablé con ella del tema. No hay duda de que la presidenta sabría muchas cosas de su gobierno, claro, pero... (…) sí es verdad que era muy crítica con los temas creativos pero no entraba en el contrato".

¿Le preguntarán a Aguirre las fiscales del caso por esa extensa y abigarrada declaración de Daniel Mercado? En abril de 2018, quienes sí le preguntaron por el empresario fueron los diputados de la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Y una vez que el socialista Artemi Rallo formuló su pregunta, ocurrió lo que viene ahora:

-A. Rallo: Señora Aguirre, ¿usted conoce al señor Daniel Mercado?

-E. Aguirre: Sí, el señor Daniel Mercado era un señor que el otro día me recordaban que dije ‘pero qué hace aquí este pobre señor argentino’. Porque venía y yo le veía pero no…

A. Rallo: Bueno, pues es un señor, dueño de una empresa, Over Marketing, que ante el juez también, como el anterior, admitió que el Partido Popular de Madrid le daba instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas constructoras, que el PP le pagó en B parte de los trabajos de publicidad de la campaña del 2007…

E. Aguirre: No, no, no.

A. Rallo: Que el exgerente, Beltrán Gutiérrez, le dijo que algunas constructoras le abonarían otro porcentaje de los servicios prestados y que Beltrán Gutiérrez le facilitó una lista de empresas a las que debía facturar los trabajos de campaña para no superar el límite de gasto electoral.

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E. Aguirre: Un momentito. Creo que usted está mezclando asuntos del señor Mercado en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con la de Madrid.

En Baleares, el testimonio de Mercado resultó clave contra el expresidente Jaume Matas. Además, una exconsejera confesó que fue Matas quien ordenó favorecer a Over Marketing. Lo hizo asimismo un concejal. El antiguo jefe del Govern, artífice de la ya mítica orden "¡hágase!" y que en todo momento había negado su culpa en la adjudicación de contratos amañados, acabó condenado a dos años y medio por este caso.