Los más de 25 millones cuyo desvío al PP se investiga en 'Púnica' llevan a Aguirre ante el juez

Esperanza Aguirre declara este viernes en el caso Púnica como imputada por la financiación ilegal del PP y lo hará precedida de un auto, aquel por el que el juez Manuel García Castellón la convirtió en investigada el 2 de septiembre. Tanto ese auto como el informe de la Fiscalía Anticorrupción en que se basa ofrecen cifras astronómicas sobre el "plan preconcebido" a cuya cabeza se situaba supuestamente Aguirre para desviar fondos públicos y hacerlo "al servicio del partido". Aunque el magistrado no incluyó en su resolución el párrafo del informe de Anticorrupción que, como adelantó ABC en agosto, cuantifica en "más de 25 millones de euros" lo que entre 2005 y 2010 habría sido desviado con ese plan, el auto desglosa las principales bolsas de dinero que salieron de la Comunidad de Madrid en beneficio del PP.

Sin tener en cuenta datos que incrementarían de largo la cuenta pero que tanto el juez como la fiscalía han obviado bien porque aún están sujetos a investigación, bien por razones aún no explicitadas, la suma de los parciales presentes en la resolución judicial coincide en líneas generales con la estimación del ministerio público: 25.449.230 euros. Ahora, infoLibre detalla de qué departamento autonómico salió cada remesa. En todos los casos operan dos nexos: el instrumento de desvío fueron, básicamente, contratos de publicidad supuestamente institucional; y las empresas que actuaron como vehículo eran proveedores electorales del PP. Especialmente, el ya desaparecido grupo Over Marketing, cuyo propietario, Daniel Mercado, ya ha confesado que participó en la financiación ilegal del PP madrileño.

  El Imade: 20.372.668 euros entre 2006 y 2009

El grueso de los fondos desviados salió del Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), un organismo opaco adscrito a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, "destinataria de importantes ayudas comunitarias" –así lo subraya el juez–  y cuya liquidación ordenó Aguirre en diciembre de 2010 pese a que apenas mes y medio antes había suscrito un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para gestionar nada menos que 80 millones en créditos blandos.

Por decisión del Gobierno de Aguirre, esos 80 millones cuya gestión había sido atribuida al Imade quedaron en manos de Madrid Network, una entidad impulsada por el Ejecutivo pero con forma de asociación privada que ni siquiera presenta cuentas públicas. A su frente colocó la Comunidad de Madrid a quien había sido gerente del Imade, Aurelio García de Sola, también imputado. Pues bien, la suma de los contratos de publicidad (ocho) que tanto el auto como el informe de la Fiscalía consideran fruto del "plan preconcebido" para beneficiar al PP asciende al meteórico importe de 20.372.668 euros. Los ocho se adjudicaron entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2009. Over Marketing y otra de las empresas que los investigadores consideran clave para el desvío de fondos públicos (Swat SL, luego rebautizada como Mediaworld Sponsor y Soportes SL) ocupan en esa serie un lugar relevante junto con otra de las firmas implicadas, Ruiz Nidoli Líneas SA. Como desveló este periódico, cuatro de esos contratos se adjudicaron por importe global de nueve millones en solo una semana.

Imade, escribe el juez Manuel García Castellón, fue utilizado "como potente instrumento de desvío de fondos públicos". "Sería de nuevo la contratación de publicidad, bajo una variedad de vertientes, la herramienta que daría cobertura al saqueo de las arcas del ente", añade la resolución antes de enumerar los contratos que "se amañarían" a favor no solo de las empresas vinculadas a Daniel Mercado sino también de "otros proveedores electorales" del PP madrileño.

"Todos estos contratos –relata el auto– tuvieron como nota común, que, en los concursos, las ofertas de los licitadores fueron valoradas" por el administrador de Swat. Esa fórmula "permitiría al investigado Juan Miguel Madoz [el administrador de Swat] valorar las ofertas técnicas, que lo fue en todos los casos de forma arbitraria y en beneficio de los empresarios convenidos". El auto se remite a una tabla de contratos incluida en el informe de la Fiscalía y que es la que se reproduce bajo esta línea.

 

Tabla de contratos de publicidad bajo sospecha adjudicados por el Imade

Buena parte de esos contratos de publicidad se otorgaron sin que, paradójicamente, las empresas tuvieran la obligación de insertar anuncios. Eso, explica el auto, "permitió a los actores de los hechos licitar a su vez los contratos que tendrían como objeto la inserción de la publicidad previamente contratada". Se hizo así doblete en dos ocasiones, con contratos que por 4,5 millones y cinco recayeron respectivamente en Media By Design y Mediacom Iberia, ninguno de cuyos directivos se encuentra imputado. 

Documentos incorporados a la causa demuestran la multitud de contactos que el dueño de Swat, Juan Miguel Madoz, mantuvo con el representante de Mediacom antes y después de que la compañía suscribiera con Imade el citado contrato. Este periódico omite su nombre porque no está imputado ni, que se sepa, ha prestado declaración como testigo. Ese mismo empresario se incorporó luego a Media By Design, cuyos representantes de aquel momento también constan como investigados.

  El impuesto del 1% que encareció la construcción de hospitales en tres millones

La segunda fuente de fondos desviados, segunda por la magnitud de las cantidades desviadas, fue la llamada clásula del 1%, una especie de peaje en la sombra que consistía en obligar a las empresas constructoras de hospitales y centros de salud a destinar a publicidad el 1% del presupuesto de la obra. Las empresas pagaban y la Consejería de Salud elegía, sin concurso ni trámites administrativos, a las firmas publicitarias. Casi siempre, el grupo Over Marketing. Muchas de esas supuestas campañas institucionales llevaban aparejada publicidad inexistente. O como dice el auto, "publicidad que no se realizó". 

Sobre los efectos de esa cláusula del 1%, se pronuncia así el auto: "El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros" en lo que a hospitales se refiere. Y a 1.190.481,83 por lo que respecta a centros de salud. El auto incluye un cuadro que desglosa los pagos efectuados por las constructoras de hospitales.

 

Desglose de los pagos efectuados por las constructoras de hospitales en aplicación de la cláusula del 1%

Eran tiempos en que Esperanza Aguirre había presentado la construcción de nuevos hospitales de gestión privada como una fórmula que simultáneamente mejoraría la calidad del sistema sanitario público y abarataría sus costes. Los investigadores de Púnica sostienen lo contrario: que en total, en un solo bienio se encareció el coste de los centros sanitarios en tres millones. Exactamente, y a tenor de los números que manejan la Fiscalía y el juez, en 3.073.768 euros.

La resolución judicial explica que la cláusula fue introducida por orden de "la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que fue creada previamente por Decreto 44/2004, de 26 de marzo". Añade el texto del magistrado que todos sus miembros tenían conciencia de que se trataba de "una cláusula nula" que "incrementaba" el coste de los hospitales.

De aquella comisión delegada formaban parte Aguirre –que la presidía–, sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– y el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. El lunes, durante su declaración como imputado, Lamela se atribuyó la idea de introducir la cláusula, dijo que se basaba en una norma franquista de comienzos de los setenta que seguía en vigor y, aunque situó a Aguirre en la reunión donde a comienzos de 2004 les animaron a contar con Over Marketing, suavizó su relato sobre el significado de aquel encuentro.

Lamela posee un vínculo con Madrid Network. Es decir, con la asociación privada heredera del Imade y a cuyo frente colocó el Gobierno de Aguirre a Aurelio García de Sola: cuando saltó a la iniciativa privada en 2008, Madrid Network le dio con aquellos 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología un crédito de medio millón que, a tenor de las últimas informaciones conocidas, Lamela no devolvió. En el interrogatorio del lunes, la acusación popular preguntó a Lamela por ese crédito. No quiso responder. La Fiscalía insistió, también sin éxito.

  Gedesma: un "quebranto" de 923.736 euros

Por importe desviado, el tercer organismo en cuanto a la relevancia del desvío de fondos públicos fue, según los datos del auto judicial, Gedesma (Gestión y Desarrollo de Medio Ambiente), una empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Al igual que el Imade, Gedesma "venía recibiendo ayudas comunitarias durante los años 2006 y 2007". O sea, de la Unión Europea.

El 15 de noviembre de 2006 firmó un contrato con Over Marketing en cuya adjudicación había intervenido de forma activa Alfonso Granados. Es decir, el hermano de Francisco Granados, entonces número 2 del PP madrileño, uno de los dos escuderos de Esperanza Aguirre y el hombre cuya cuenta oculta en Suiza desencadenó la investigación que en 2014 permitió destripar la trama Púnica. Ese contrato de Gedesma con Over fue firmado el 15 de noviembre de 2006. Su objeto oficial era el "Servicio de publicidad para la campaña del plan de residuos de la construcción y demolición (RCD) de la Comunidad de Madrid, expediente 2.90.01.10". Nadie, relata el auto, comprobó la ejecución de los trabajos. Y eso posibilitó "que Gedesma abonase el precio de las facturas que bajo conceptos irreales le presentó el investigado Horacio Mercado". "El quebranto provocado a los fondos públicos ascendió a 923.736,3 euros", concluye aquí la resolución judicial.

  Fundescam: 409.127 euros de subvención que fueron a "gastos electorales"

El caso de Fundescam, acrónimo de Fundación para el Desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, es uno de los ejemplos de la suerte o baraka que ha rodeado a Esperanza Aguirre desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad tras el tamayazo de 2003. En 2009, una investigación periodística ya destapó que Fundescam había financiado gastos electorales de Aguirre desde las elecciones de 2003. En 2010, trascendió que la investigación sobre Gürtel así lo había confirmado pero la Fiscalía adujo que los delitos habían prescrito.

Es ahora cuando Anticorrupción ha situado a Aguirre en una posición complicada con Fundescam: no solo presidió la fundación hasta 2010 sin que se sepa aún por qué ese año el patronato de la fundación cambió de arriba abajo sino que era una de las personas autorizadas en sus cuentas. "La investigación –dice el auto de García Castellón– ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del PPCM [el PP madrileño] y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM [Comunidad de Madrid] a Fundescam".

 

Patronato de Fundescam con Esperanza Aguirre como presidenta.

Una vez concedida cada subvención anual, trámite que correspondía a la Vicepresidencia de Madrid, a cuyo frente se encontraba hasta 2008 uno de los patronos de Fundescam, Ignacio González, "los pagos a proveedores se desviaron groseramente de los fines fundacionales establecidos en sus estatutos". Así prosigue el auto, que cifra en 195.727,14 euros la subvención de 2007, importe que "sufragó gastos de la campaña a las elecciones autonómicas del año 2007". "Así, desde las cuentas de la fundación se sufragaron en el año 2007 subrepticiamente gastos electorales a las sociedades Back RVS, Escuela Europea de Dirección de Empresas, Ruiz San Juan Consultores [el texto dice por error San José], Art Box Comunicación SL, Emfasis Billing&Marketing SLU y Víctor Gayo Papelerías por un importe superior a los 500.000 euros". Para el cómputo parcial y global del dinero público desviado, este periódico ha tenido solo en cuenta los 195.727 euros de subvención.

En 2008, año de elecciones generales, la subvención de la Comunidad a Fundescam subió a 200.620,64 euros. "Los dirigentes del PPCM [PP de Madrid] desviaron el dinero de la subvención concedida para pagar fraudulentamente parte de la deuda que, por los gastos electorales no declarados a la Cámara de Cuentas, arrastraban desde la campaña del 2007", dice el auto. Y añade esto: "También sufragaron a través de facturación mendaz, con conceptos que simulaban la realización de los cursos, seminarios y otras actividades para las que se había solicitado dicha subvención, otros gastos de la campaña a las elecciones generales del año 2008".

En 2011, año de elecciones municipales y autonómicas, el auto detalla que Fundescam recibió una subvención de 127.850,10 euros. Y que una vez conseguida el PP "desvió el dinero público de la misma para costear gastos de funcionamiento del propio partido y encuestas de opinión y sondeos sobre intención de voto, sirviéndose de nuevo del disfraz de facturación simulada".

Ni el auto ni el informe de la Fiscalía desmenuzan lo sucedido en 2009 y 2010, cuando Fundescam abonó a los proveedores electorales del PP 192.782 euros el primer año y 151.589 euros, el segundo. Por tanto, tampoco este periódico ha tenido en cuenta esas cifras para calcular el desvío de fondos. 

  Arpegio o acordes de tango por 230.648 euros

Arpegio, un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia y que constituyó durante años uno de losgrandes feudos de Francisco Granados, también fue utilizada según el juez para desviar dinero público hacia el PP. "El investigado Francisco Granados –dice la resolución judicial– aprovechó la próxima inauguración de la Casa de Madrid en Argentina para desviar desde su Consejería dinero público, por una cantidad total de230.648,24 euros, al amparo de la adjudicación a las empresas del investigado Horacio Mercado de contratos menores, para la organización de los eventos, y bajo la cobertura de la firma de un convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y la Fundación Arpegio". Ocurrió en 2007.

  Consejería de Empleo, un plan de comunicación inexistente por 199.991 euros

En este caso, y así lo expone el auto, fue el entonces consejero de Empleo Juan José Güemes Barrios quien, "siguiendo los dictados del plan preconcebido al que hemos hecho referencia, adjudicó en el año 2005 un contrato, bajo el concepto de: “Promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo y Mujer durante los años 2005 y 2006”, a la mercantil Over, que desviaría fondos de su Consejería por un importe de 199.991,40 euros más IVA".

La secretaria general técnica de la Consejería, prosigue la resolución, participó en los hechos y "dio cobertura al desvío de fondos firmando los documentos OK de reconocimiento y propuesta de pago y supervisó las facturas remitidas por Over Marketing desde enero hasta diciembre de 2006, dando por bien ejecutada la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado". La secretaria general técnica era Rosario Rey, que mantuvo su cargo en el Gobierno de Isabel Ayuso hasta una semana antes de su imputación.

  Agencia Madrileña de Emigración: 124.219 euros bajo el pretexto de cartas y sobres

Adscrita igualmente a la Consejería de Presidencia y dirigida por Victoria Cristóbal, una de las imputadas más cercanas a Francisco Granados, la Agencia Madrileña de Emigración utilizó 11 contratos menores para entregar dinero al grupo Over. "La cantidad total detraída ilícitamente de los fondos Agencia Madrileña para la Emigración a través de la facturación falaz de las sociedades Over, Traci, Abanico y Link durante los años 2008 y 2009 ascendió a la cantidad de 124.219,86 euros".

El auto relata aquí un episodio que deja al descubierto el sentimiento de inmunidad o impunidad con que funcionaba el desvío de dinero público: que esos contratos "presentan un indicio claro de que no se realizaron las prestaciones ya que no es posible plegar tarjetas y cartas, ensobrarlas y cerrar los sobres que todavía no se habían diseñado ni, en consecuencia, producido".

  ICM, el Canal de Isabel II, transportes, indra... y otros misterios pendientes

Los 25,4 millones de euros que los investigadores dan por desviados en beneficio del PP podrían crecer. No se sabe en qué proporción pero, desde luego, lo harán si la investigación avanza en capítulos todavía pendientes. Por ejemplo, ni el auto ni el informe de la Fiscalía ponen cifras definitivas al desvío de fondos que los investigadores sostienen que se produjo a través de los contratos otorgados por la agencia de informática, ICM, y por el Canal de Isabel II, territorio exclusivo de Ignacio González.

Tampoco hay datos exactos sobre cuánto dinero salió de las arcas públicas de la Consejería de Economía "bajo conceptos de publicidad relacionados con Madrid Digital simulados".  Ni se sabe a qué importe ascendió el desvío de fondos de la Consejería de Transportes a través de una campaña de protección para motoristas. Ni a cuánto ascendió el expolio (supuesto) derivado de aplicar la cláusula del 1% a los contratos para la construcción de nuevas carreteras. "Se investiga –dice el auto– qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes".

También continúan las pesquisas sobre la reunión en la que, supuestamente, Ignacio González reclamó en junio de 2012 a un equipo de su confianza "que reuniesen la cantidad de un millón de euros para sanear la “caja b” del PPCM, que habían quedado maltrecha tras la “fastuosa” campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011", dice el auto. "La cantidad solicitada por el investigado Ignacio González –continúa el texto– debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados por ambas sociedades públicas, ICM y Canal de Isabel II, como presuntamente ya venía ocurriendo desde años anteriores".

Y es ahí donde entra en juego Indra: "El plan preconcebido –resume el auto– desviaría ingentes caudales públicos a través de empresas que se utilizaron como instrumento de trasvase de los fondos de ICM. Entre dichas sociedades estaría la mercantil Indra Sistemas SA", que entre 2008 y 2013 abonó a Juan Miguel Madoz, es decir, el dueño de Swat, 1,13 millones de euros. Esa cifra no ha sido tenido en cuenta por este periódico dado que ignora si los investigadores la incluyen en el paquete de fondos desviados.