Seis apuntes de urgencia sobre el pacto que pone fin a un bochorno

Bienvenido sea un acuerdo que supone por fin la renovación del Poder Judicial que el PP ha hecho imposible durante cinco años y cinco meses. Pero que no nos engañen con el relato: lo que han firmado Félix Bolaños (PSOE) y Esteban González Pons (PP) pudo haberse firmado hace mucho tiempo sin pasar por el bochorno de hacerlo con intermediarios en Bruselas y sin el galopante desprestigio de ese órgano constitucional. Diga lo que diga Feijóo para que los entornos más ultras de su partido y de la constelación mediática que lo envuelve puedan digerirlo sin esomeprazol, el texto del acuerdo (ver aquí) no incluye un compromiso explícito de cambiar el sistema de elección del CGPJ, ni mucho menos para que “los jueces elijan a sus pares”. Veamos lo que dicen los documentos (y lo que no).

1.- Han sido necesarios cinco años y cinco meses; dos presidentes del PP; tres elecciones generales, dos europeas y otros dos procesos electorales autonómicos y municipales; la dimisión de un presidente del CGPJ y la amenaza de dimisión de otro; el clamor de una parte importante de la propia carrera judicial; y, por último, el plazo definitivo dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar un acuerdo con la advertencia de que, si no se conseguía, pondría en marcha un nuevo sistema de nombramientos. Un ultimátum, vamos (ver aquí). Parece obvio que la derecha ha intentado de todo para mantener el control del Poder Judicial hasta recuperar el poder ejecutivo, sin respetar las mayorías legislativas salidas de las urnas. Es una curiosa (y peligrosa) forma de entender la separación de poderes. 

2.- La almendra del acuerdo es lo que debía ser desde el principio (partiendo de la base de que se trata de un pacto entre las dos fuerzas mayoritarias, que se pasan por el arco del triunfo la conveniencia de un consenso más amplio): renovación inmediata de la composición del CGPJ. Veinte nombres  de los que saldrá a su vez el presidente o presidenta del Poder Judicial (ver aquí el listado). No me atrevo a objetar nada sobre esa lista en la que aparecen juristas eminentes, magistradas y fiscales que cargan cada cual con su mochila de experiencia, su currículum profesional, su tendencia ideológica y hasta sus parentescos: Por ejemplo, ahí estará la esposa del juez Pablo Llarena, de quien depende la detención o la amnistía de Puigdemont (ver aquí quién es quién en el nuevo Consejo). Se acuerda también el nombre que ocupará la plaza pendiente en el Tribunal Constitucional. Se sabía que le correspondía al PP y este elige, como suele, sin complejos: será (y así lo acepta el PSOE) José Luis Macías, la voz conservadora más radical del CGPJ saliente, fiel soldado del ‘ejército Cuatrecasas’.

3.- Hasta donde sabemos, la redacción del acuerdo no difiere apenas de la propuesta que Feijóo estuvo a punto de firmar en 2022. Nada de que “los jueces elegirán a los jueces”. El propio CGPJ tendrá seis meses para acordar, “por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial”, que tendrá que pasar a su vez por el Gobierno y por las Cortes (como no podía ser de otra manera). Feijóo ha dado una vuelta de 360 grados para volver a un punto que le va a costar hacer tragar a Ayuso, a Losantos, a Aznar y a otros meteoros que amenazan la estabilidad de su presidencia. Este mismo jueves, el propio Feijóo se confesaba al anunciar el pacto: “He recibido presiones de todo tipo, he escuchado afirmaciones diversas e incluso contradictorias”. Ahora, con permiso de ERC y de las consecuencias que pudiera tener una repetición electoral catalana, Feijóo tiene por delante quizás tres años sin cita electoral para gestionar esas “presiones”.

4.- El pacto incluye una Proposición de Ley Orgánica (ver aquí) con el compromiso de aprobarla en paralelo a la renovación del CGPJ, es decir en el mes de julio, y que incluye algunas novedades habladas muchas veces y puestas, por fin, negro sobre blanco para “reforzar la independencia del Poder Judicial”. La puerta giratoria entre la política y la justicia será mucho más difícil. No podrá, por ejemplo, ser Fiscal General quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, o secretario de Estado o consejero autonómico o parlamentario. Y tampoco podrán dictar sentencias durante dos años los jueces que regresen de la política a los tribunales. 

5.- Es pronto para extraer conclusiones sobre la letra pequeña, y conviene además escuchar a juristas de quienes uno suele fiarse y que no se pronuncian sin leer y releer y pensar y repensar sobre un texto legal. Y hacen muy bien. Los periodistas venimos obligados a ser un poco más osados. Por eso me atrevo ya a decir que una de las claves de esa proposición de ley pactada es la “creación de una Comisión de Calificación” en el CGPJ, integrada por cinco vocales y encargada de “informar sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas”. Ese órgano tendrá un enorme poder y habrá que vigilar cómo se administra. También se exige una mayoría de tres quintos del CGPJ para nombramientos de cargos clave en las Audiencias Provinciales o para el control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. 

6.- Sobre la tan traída y llevada y exigida por el PP reforma inmediata del sistema de elección del CGPJ, lean la Disposición adicional del texto de la proposición de ley (ver página 9). No es gratuito que además del ya citado compromiso para la elaboración de un informe en el plazo de seis meses, se explicite que se trata de “examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español” para la elaboración de esa propuesta que deberán después debatir y aprobar el Gobierno y las Cortes. Así que no se empeñen portavoces políticos ni tertulianos en pregonar que aquí se hará “lo que en toda Europa: que los jueces elijan a sus pares”, porque es falso. Y porque violaría el filtro parlamentario que exige la propia Constitución.

Lo que han firmado Félix Bolaños (PSOE) y Esteban González Pons (PP) pudo haberse firmado hace mucho tiempo sin pasar por el bochorno de hacerlo con intermediarios en Bruselas y sin el galopante desprestigio de ese órgano constitucional

Una última consideración en estos apuntes de urgencia: es criticable la evidencia de que, una vez más, los dos grandes partidos resuelvan cuestiones tan trascendentes como la composición de los órganos constitucionales o las leyes que tratan de la independencia judicial sin buscar (ni permitir, puesto que en el acuerdo PSOE y PP se comprometen a no aceptar ninguna enmienda ajena que no esté pactada entre ellos) un mayor consenso. Este es un acuerdo necesario que llega cinco años tarde por culpa del PP y su voracidad de poder. Pero el camino político idóneo, en una España plurinacional con un parlamento muy diverso y plural, no es el de los acuerdos limitados y exclusivos entre los antiguos protagonistas del bipartidismo.