Derecho a peluca

Comprendí a Alberto González Amador cuando trató de zafarse de las cámaras en su visita al Juzgado del lunes. Cualquiera de nosotros tiene derecho a proteger su intimidad y su anonimato social. Debe ser insufrible que la gente te reconozca por la calle y sospeche que eres una mala persona. El “tribunal” de la opinión pública es implacable. No entiende de presunción de inocencia, no espera pruebas, es tan impulsivo como olvidadizo y actúa por capricho y sin garantías procesales. Hay cientos de ciudadanos y ciudadanas condenados por el populacho que arrastran su vergüenza en los espacios públicos, alimentada a veces por meras sospechas. Es un derecho de cualquiera proteger su identidad pública si no hay motivos para desvelarla. Podemos proteger nuestro rostro de los ojos ajenos a menos que las leyes establezcan lo contrario.

Como también los reporteros tienen derecho a obtener imágenes de quienes son objeto de interés informativo si son mayores de edad, se produjo en la Plaza de Castilla esa pintoresca persecución de González, que según parece anduvo escondiéndose por los pasillos, salas y ascensores de los juzgados durante tres horas e iba provisto de una peluca. Logró lo que pretendía: que no se le reconociera con su nuevo aspecto, con el pelo muy corto y la barba afeitada. Yo me alegré por él, piense lo que piense sobre su conducta. Haga lo que haga y sea quien sea, no tiene por qué someterse a las miradas inquisitoriales de nadie si puede evitarlo.

Por eso me extrañó que en su siguiente cita judicial, el miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, ni utilizara peluca, ni se tapara con un portafolios a lo Villarejo, ni entrara con casco, ni corriera para evitar las imágenes. Ahí llegaba Alberto González Amador, impecablemente encorbatado y enfundado en un traje azul oscuro. Puede que intentara confundir al montón de periodistas que le esperaban en la puerta, porque su abogado enfiló la calle al mismo tiempo que él por el lado opuesto, pero incluso esbozó media sonrisa a los fotógrafos cuando se dieron cuenta, tanto al entrar como al subir al coche que le esperaba a la salida.

A pesar de todo, vuelvo a empatizar con el hasta ahora ciudadano anónimo que comparte su vida con la presidenta Ayuso. Porque creo que es la víctima de una estrategia política alocada por parte de la presidenta. Veamos lo que sabemos, sin aditivos.

El 12 de marzo se hace público gracias a informaciones de eldiario.es que González ha defraudado 350.000 euros y que la Fiscalía de Madrid ha interpuesto querella por dos delitos de defraudación fiscal y otro de falsedad documental. La reacción es inmediata. El “entorno de la presidenta” filtra a través del diario El Mundo algún correo electrónico de la propia Fiscalía provincial que vendría a demostrar que los abogados estaban negociando. La misma presidenta llega a decir que es Hacienda la que debe dinero a su pareja: es decir, sale en su defensa, le señala, le reclama como inocente para el espacio público, despierta el interés por él.

También de inmediato, la Fiscalía de Madrid reacciona remitiendo una nota de prensa (no una filtración ni un documento interno, no: una nota de prensa oficial) relatando los hechos (no se proporciona ningún dato personal del afectado, salvo su nombre y apellidos, que obviamente ya eran conocidos) y concluyendo que: “En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto.”

En una pretendida huida hacia adelante, pasa a la acción de nuevo “el entorno de Ayuso” para denunciar a la propia Fiscalía, acosar al Fiscal General del Estado y apuntar directamente, cómo no, a Pedro Sánchez. El desconocido ciudadano González Amador se convierte en objeto del pim-pam-pum, que se alimenta además, para generar una simetría, con la chorrada de la carta de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno a la empresa Barrabés o en una conversación que mantuvo con Javier Hidalgo, de Air Europa.

El Estado Social y Democrático de Derecho, que se abrió paso con tantas dificultades a lo largo del último siglo, es la mejor fórmula que ha encontrado la civilización para su supervivencia y su progreso. Creíamos que eso era incuestionable, pero no.

En definitiva, en plena negociación procesal para aliviar la pena por delitos reconocidos por él mismo, y evitar con ello pena de prisión, culpando a la Fiscalía provincial, asociándola a una supuesta persecución del fiscal general y del presidente del Gobierno, González Amador se convierte en una víctima colateral del fango.

Es casi siempre parecido cuando se entra en contacto con el sector más reaccionario y filofascista del Partido Popular: se bombardea indiscriminadamente con bulos, se descontextualizan y recrean informaciones que son difundidas por los medios y pseudomedios afines, se llama a una supuesta resistencia popular frente a los llamados socialcomunistas, los “zurdos” en la nueva jerga de Milei, los envidiosos defensores de la justicia social (literalmente: a eso han llegado). La razón se abandona para sustituirla por las más bajas pasiones humanas, en una llamada histérica a la rebelión de la masa enfebrecida.

Sonríen mientras tanto en sus poltronas los magnates, los ultrarreligiosos y los dogmáticos, ciegos que se niegan a ver lo evidente: que el Estado Social y Democrático de Derecho, iluminado por la Razón, que se abrió paso con tantas dificultades a lo largo del último siglo, es la mejor fórmula que ha encontrado la civilización para su supervivencia y su progreso.

Creíamos que eso era incuestionable, pero no. Ahí están de nuevo, con sus motosierras, sus gritos y su fuego. Qué miedo.