El Constitucional vuelve a la normalidad, a pesar de la oposición
Los más de cuatro años de bloqueo en la renovación del Poder Judicial han tensionado el resto de procesos de relevo conservador. Unos años de desgaste del máximo órgano de gobierno de los jueces que culminó con la desobediencia de los magistrados elegidos en su día por el PP y el intento de colocar desde esa mayoría conservadora al presidente o presidenta que ellos querían. Venimos de un espectáculo muy poco edificante y antidemocrático donde el PP se niega a reconocer que el deber de garantizar la supremacía de la Constitución, como han apelado en la reacción a la elección de Cándido Conde-Pumpido, son ellos quienes han amarrado mayorías que la carta magna les obliga a renovar. Una verdad que ya es un mantra y que obligan a repetir semana tras semana. ¿Ha habido estrategia de los progresistas para elegir en bloque al nuevo presidente del Constitucional? Por supuesto. Igual que la ha habido desde los conservadores del Consejo sin que sea ni mucho menos su función hasta el Pleno de la elección para que no saliera.
Como celebran desde Jueces y Juezas para la Democracia, regresa la normalidad a una de las principales instituciones de nuestro Estado de Derecho. Arranca con normalidad la actividad de un tribunal que desde hace casi una década no tenía mayoría progresista. Que el Tribunal Constitucional tenga decenas de recursos pendientes es producto de una anomalía instalada en los últimos años de mayoría conservadora. Es la consecuencia directa de la estrategia del PP por recurrir prácticamente todas las leyes del Gobierno, instrumentalizando el órgano de garantías para hacer oposición a través de miembros que ha considerado afines en lo ideológico. Los debates que no se han tenido en el Congreso, las enmiendas que podían haberse presentado en los trámites parlamentarios, se han sustituido por la judicialización desde la oposición, por mandar las normas indiscriminadamente al tribunal a la espera de futuras sentencias que utilizar después contra el Ejecutivo.
El PP nacional y el de Madrid lo han recurrido prácticamente todo. Del decreto de ahorro energético al último anuncio de esta misma semana. “Vamos a recurrir el nuevo impuesto de Patrimonio, porque ahuyenta la inversión, es injusto e inconstitucional. La Justicia volverá a darnos la razón”, anunciaba esta misma semana Isabel Díaz-Ayuso. La eutanasia, el aborto, la reforma laboral, la ley de educación o la ley rider son las más conocidas. También se han recurrido normas que reconocen nuevos derechos, propios incluso de un programa liberal moderno, y que pretenden tumbar. Desde el permiso de ampliación de paternidad al Ingreso Mínimo Vital, ambos de clara tendencia europeísta en materia de conciliación y en los recursos que un Estado debe destinar para frenar las cifras de pobreza.
Es ahora el propio Constitucional quien tiene que curar las heridas de una batalla campal en la que la política ha ido demasiado lejos
Vox ha ido a por las medidas antidesahucios, en plena crisis de la pandemia. Y a por los derechos reconocidos en la Ley Trans y la Ley Integral de Protección de la Infancia. En su negacionismo de la violencia de género, ha pedido a los jueces prohibir las visitas a padres acusados de maltrato y prohibir que los menores reciban educación afectivo-sexual, dos consensos básicos del Pacto de Estado que rompen repetidamente. Tanto Vox como el PP han pretendido enmendar una batería de leyes aprobadas por mayoría parlamentaria imponiendo una visión retrógrada sobre los nuevos derechos que abordan la igualdad, la diversidad y las medidas redistributivas en contextos de crisis. De paso, desacreditar y atacar al Ejecutivo.
La judicialización de la labor de oposición explica parte de la batalla campal que hemos presenciado desde septiembre en la renovación del Tribunal Constitucional. Y no ha terminado. Con el descrédito como estrategia, el PP ha reaccionado a la elección de Cándido Conde-Pumpido lamentando los “efectos del sanchismo”. Y clama contra el perfil progresista del presidente y la vicepresidenta como un consenso roto, cuando hasta 2001 ambas fueron del mismo signo.
El primer mensaje de Cándido Conde-Pumpido ha sido poner pie en pared a la acusación de la derecha de que con los progresistas habrá un referéndum en Cataluña. “La Constitución no permite la autodeterminación”, ha dicho. Y mientras la derecha le acusa de servir a Pedro Sánchez, desde el independentismo le tachan de juez recusado por el 1-O. El ataque de unos y otros es señal de que su impronta como jurista va más allá de señalamientos interesados.
El recién elegido presidente va a encabezar el tribunal en el momento de mayor crisis institucional. Se enfrentará a decisiones polémicas como las previsibles recusaciones al juez y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Con una oposición que seguirá cuestionando la legitimidad de sus miembros con cada sentencia que no les guste, ahondando así en el descrédito de las instituciones por intereses electorales. Hay que recordar de dónde vienen los candidatos recién elegidos. Fue el bloque progresista del CGPJ quien desbloqueó la elección de magistrados al Constitucional. Y cedieron a la imposición de los conservadores sacrificando a su candidato José Manuel Bandrés.
En un articulo reciente en El País, Bandrés escribía que “para la conservación del orden constitucional resulta necesario que la legítima confrontación política no alcance a tensionar de tal modo a las instituciones que se produzcan situaciones de grave agitación constitucional que pudieran conducir a la percepción de nuestro Estado constitucional como Estado fallido”. Ese ha sido parte del juego del PP hasta ahora. Una vez renovado, erosionar la credibilidad de sus miembros será lo siguiente. En este escenario, dictar sentencias con nivel técnico y de excelencia jurista va a ser el menor de los retos. Es ahora el propio Constitucional quien tiene que curar las heridas de una batalla campal en la que la política ha ido demasiado lejos.
