Junts se viste de Vox
Instalados en la ficción de los dos Estados, Junts ha vendido el acuerdo con el PSOE sobre las competencias de migración como una transferencia de Estado a Estado. Por empezar desmintiendo algunos de sus mantras, Cataluña no podrá expulsar a ningún migrante, ni abrir un control fronterizo, ni decidir sobre ese control. La ley no les da categoría de Estado. Ni les permite ejecutar la normativa del Estado. No podrá imponer el catalán a los recién llegados porque ni siquiera está en la proposición de ley. Junts y el gobierno catalán no pueden interlocutar con las policías europeas ni decidir sobre las expulsiones. En el engaño de Junts a los independentistas, Miriam Nogueras vende que podrán decidir sobre una política migratoria cuando la mayor parte del acuerdo pasa por gestión, burocracia y papeleo. Por ampliar el número de Mossos para gestionar cuestiones de extranjería. Y gestionar no es decidir.
Hay un fondo importante, el que menos destaca Junts, y es la necesidad de integrar las políticas autonómicas con las estatales para mejorar los modelos de acogida e integración. Atender a las necesidades específicas de cada comunidad donde no es igual la llegada en Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla o Madrid. Para eso las transferencias de gestión pueden ser una ayuda. De ahí a decir, como hace Nogueras, que controlan las políticas migratorias, hay un largo camino. La migración se controla desde el Gobierno porque con las reglas de Junts sería la selva. Cualquiera podría decidir no recibir menores no acompañados o no acoger a nadie.
El riesgo de la ley no es policial, es político. Junts está dispuesto a utilizar estas competencias en el futuro con sesgo xenófobo y beneficiar a unos migrantes frente a otros. Al convertir la Generalitat en la principal oficina de extranjería, un partido con ese discurso está dispuesto a discriminar por color de piel, por origen y por renta. A ampliar autorizaciones de residencia y estancias académicas según sus parámetros supremacistas.
El discurso catalanista de Junts es calcado a la españolidad de VOX. En fondo y forma. Utilizan los mismos mensajes y condicionan la entrada del migrante según su bandera
El acuerdo sí hace una cesión. Da alas a Junts para difundir un discurso de extrema derecha en materia migratoria. En su necesidad de recortar espacio electoral con Aliança Catalana, Carles Puigdemont defiende políticas claramente antimigratorias. Ni el inmigrante viene a quitarle los puestos de trabajo a los catalanes, ni a borrar su identidad, ni a abusar de los servicios públicos. En Cataluña, el inmigrante y el catalán tienen derecho a hablar el idioma que quieran. Y está fuera de todo derecho imponer una lengua sobre otra. El planteamiento de “si no habla catalán no se van a dar los papeles” o “si no conoces la lengua donde quieres vivir la condición no es plena” es algo que podría decir VOX cambiando catalán por español. Ni Trump se ha atrevido a ir tan lejos con la lengua. No es solo marco ideológico, es ideología. La imposición de una identidad nacional por encima de los derechos humanos.
La euforia del acuerdo ha destapado al Junts más ultra. Carles Puigdemont aceptó en su discurso que “la inmigración es progreso”, pero solo bajo las reglas del independentismo. “Sin integración no hay nación. Nos interesan las dos cosas”, dijo. Y en modo Santiago Abascal, colocó al inmigrante por debajo del ciudadano catalán. Para Junts la ley es una “herramienta del Estado” con el objetivo de evitar el “desbordamiento” de los transportes, los hospitales o las viviendas. El anuncio del acuerdo estaba preparado, arropado por la cúpula del partido, y el mensaje elegido por Puigdemont fue destacar que el progreso de la sociedad catalana pasa por la “identidad nacional, la lengua, cultura y valores propios de la catalanidad”.
El discurso catalanista de Junts es calcado a la españolidad de VOX. En fondo y forma. Utilizan los mismos mensajes y condicionan la entrada del migrante según su bandera. Y por más que digan Junts o el PP, el texto registrado no traspasa competencias del Estado. Si lo hace, ya lo dirá el Constitucional. Pero sí traspasa el marco con el que debe abordarse la conversación sobre la inmigración. Feijóo ha caído en lo mismo varias veces. En la última campaña en Cataluña pidió el voto para “los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios”. Cifras, ninguna. De nuevo, ellos frente a nosotros. En un momento global en el que la inmigración se utiliza como fantasma para agitar el miedo, cuando los datos no son reales pero la percepción ciudadana de inseguridad sí lo es, el mensaje de Junts, además de supremacista, es irresponsable.
