Oltra y el daño irreparable
Hubo cacería política. Hubo destrucción personal. Y hubo un daño de difícil reparación. El caso de Mónica Oltra se estudiará como el del socialista Demetrio Madrid, presidente de Castilla y León en los ochenta, que dimitió, después fue absuelto y el PSOE perdió la comunidad hasta la fecha. El de Oltra empezó como acabó. Una causa hueca. “No se ha acreditado ni siquiera a nivel propio de los indicios que cualquier persona recibiera orden o consigna” para tapar abusos a una menor. La acusación era tan delicada que es difícil pensar que Oltra no debía apartarse de alguna manera. Pero también es justo mirar al juez, a la causa, y preguntarnos si se pusieron las garantías necesarias. Leído el auto provisional —dos años después—, parece que no fue así.
Con la aparición de los nuevos partidos se subió el nivel de exigencia sobre la responsabilidad institucional y política. No fue solo por los recién llegados. Veníamos de una década donde en macrocausas de corrupción como Gürtel solo dimitía un alto cargo del gobierno si acababa en la cárcel. O donde en las listas electorales de 2011, el PP de Valencia llevaba al 45% de sus miembros imputados, como ha señalado el politólogo Pablo Simón. El hartazgo social, con la falta de escrúpulos para mantenerse en el cargo a toda costa, era flagrante.
Pero una cosa es pedir responsabilidades, la entrada y salida de políticos de sus puestos hasta que se aclaren las causas, y otra las cacerías infundadas y las causas construidas con pruebas tan frágiles que, al final de la instrucción, la actuación judicial solo ha servido al oponente político.
El daño a Mónica Oltra es irreparable en parte porque se permitió que así fuera. Se aceptó sin reparos a un denunciante cuyo interés era la destrucción política de Oltra. La presentó el representante legal de la menor, ex dirigente ultra de España 2000, el mismo que escracheó a la entonces vicepresidenta en su domicilio. Se unieron después Vox y una asociación de la exdirigente de Vox, Cristina Seguí. No hubo garantías para asegurar que estuvieran operando para proteger a la menor —a la que después abandonó el letrado— y no para destruir a la líder de Compromís. El objetivo era Oltra y cayó. El objetivo era el Botánic, y también cayó. ¿El escenario electoral habría sido distinto? Ya es imposible saberlo. ¿Si Oltra no vuelve a la política será por este motivo? Seguramente.
El objetivo era Oltra y cayó. El objetivo era el Botánic, y también cayó. ¿El escenario electoral habría sido distinto? Ya es imposible saberlo. ¿Si Oltra no vuelve a la política será por este motivo? Seguramente
La de Oltra no es la primera causa vacía que tras un gran revuelo mediático acaba en nada. Por eso hay que preguntarse si desde los juzgados se está poniendo el celo suficiente. Si en estos casos, los jueces y fiscales asumen su responsabilidad y dado que la reparación es irreversible, se instruye con garantías o se tira por la calle del medio. Hay quien eleva la acusación y habla de causas políticas. Los recortes de prensa, alentados por la agitación del debate, no deberían ser suficientes para mantener años de imputaciones.
La “cacería” que denunció Oltra se ha consumado en los argumentos del auto provisional de archivo. Mónica Oltra hizo bien en apartarse de la consejería donde sucedieron los hechos. La cuestión era si tenía que dejar también la vicepresidencia y la portavocía. Si se hubiera mantenido en el cargo, el lema de campaña de la oposición habría sido acusarla de encubridora. El desgaste mediático era irreversible. Un plan sin fisuras para el denunciante ultra y sus acólitos.
¿Y ahora qué? El caso debería obligarnos a abrir varios debates. Está pendiente articular mecanismos de vuelta a la política cuando las causas se archivan. Hay que estudiar si los partidos políticos pueden dirigir las causas penales como acusación. Y hay que revisar quién evalúa a los jueces y fiscales. Porque una cosa es la separación de poderes y otra el refuerzo en la rendición de cuentas de los poderes públicos. Como señalan expertos en anticorrupción a modo de ejemplo: ¿Cuántos fiscales han sido sancionados en los últimos 40 años por actuaciones indebidas? Apenas ninguno. Por no hablar de los casos recientes, dos años de cárcel del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o las seis causas que llegó a acumular el Caso Neurona contra Podemos y quedaron en nada.
Las garantías judiciales, buscar opciones para que no se pueda destruir la carrera de nadie sin reparación, son como el repetido poema de Bertolt Brecht, uno cree que van a por unos y acaba afectando a todos.
