Después de reflexionar, actuar
Acabada la reflexión, llega el momento de la acción. No hay más tiempo para la perplejidad. Los últimos cinco días perfectamente pueden convertirse en una oportunidad para abrir una nueva etapa, un nuevo párrafo tras ese “punto y aparte” que ha prometido Pedro Sánchez. Esa es, al menos, su apuesta declarada: traducir en hechos la sensación muy transversal de hartazgo del partidismo, el manoseo de la Justicia y la manipulación en algunos medios de comunicación. Con ese sentimiento, ejemplificado en primera persona por él y su familia, pueden identificarse muchos ciudadanos de todas las ideologías.
El Gobierno de coalición puede abanderar esa causa y hacerla uno de los ejes de la legislatura, comenzando con medidas que elevarán la exigencia sobre el propio Ejecutivo y siguiendo por cambios estructurales que acaben con la impunidad de aquellos que estiran las costuras de la democracia. Si para eso sirve la reflexión, estos cinco días no podrían haberse empleado mejor.
No nos engañemos: tras las acciones de PP y Vox, pese a matices en el tono, hay también una reflexión y una estrategia. Es común, esté o no coordinada, y es de fondo. Feijóo y Abascal coinciden en una convicción sobre el método más eficaz para acceder al poder. Creen que debe ser de acoso y derribo, utilizando todos los resortes e hipérboles posibles en nombre de una supuesta oposición por patriotismo.
Si funcionó en Galicia en 2009, si funcionó en Italia, en EEUU o en Brasil, si permite avanzar posiciones en toda Europa, ¿para qué cambiar de manual? Se da la paradoja de que el mismo día que la derecha presenta a España como una excepción en Europa, el Parlamento Europeo lanzaba su campaña institucional apelando al voto “para proteger la democracia”. No, no está en juego que España pase a ser una excepción en Europa sino precisamente si deja de serlo en un contexto en el que el populismo corrosivo se va abriendo camino.
Baste para explicarlo un rapidísimo análisis del discurso de Feijóo. Al calor de la intervención de Sánchez dijo que el jefe del Ejecutivo “no quiere oposición” en una España con más poder del PP y la ultraderecha que nunca en más de una década. Dijo que “no quiere Justicia” después de que su partido llegase a un pacto exitoso con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional y dos que acabó frustrando sobre el CGPJ. Dijo que “no quiere medios de comunicación” cuando es difícil encontrar un momento donde hayan proliferado más los de línea editorial conservadora, generando ese curioso fenómeno de ‘amordazados a todas horas en prime time’.
Es imposible presumir ignorancia en un Feijóo que deliberadamente acusa a Sánchez de prever un “cambio de régimen que pretende colar por detrás”. Recordemos que el Gobierno que no tiene garantizada la mayoría en el Congreso, no dispone de los votos ni para nombrar un vocal del Consejo General del Poder Judicial y mucho menos para tocar una coma de la Constitución. Para otro día dejamos las caracterizaciones psicológicas (“soberbia”, “vanidad”), las indirectas sobre la salud mental del presidente o incluso las referidas a oscuros chantajes por parte de poderes extranjeros que más que preocupación e indignación generan regocijo.
Sánchez debe traducir en hechos la sensación muy transversal de hartazgo del partidismo, el manoseo de la Justicia y la manipulación en algunos medios de comunicación
El diagnóstico está claro. Pero, ¿y ahora, qué?
Hay una buena y una mala noticia para Pedro Sánchez. La buena es que la compleja mayoría que lo convirtió en presidente del Gobierno sigue ahí. La mala es que la mayoría que lo invistió presidente del Gobierno es compleja. Pero, en cualquier caso, no hay alternativa. La legitimidad del Gobierno es clara, la oposición de los representantes de una mayoría de españoles a una alternativa que no suma (PP y Vox), también, y los responsables políticos, en el Congreso o en el Senado, tienen la obligación de procurar la estabilidad en legislaturas que debieran aspirar a durar cuatro años. Es su contrato con los ciudadanos.
Me resisto a pensar que el país no puede mejorar y que no hay ciudadanos y líderes políticos capaces de tirar del carro. La actual situación no es una condena del destino sin solución. Del mismo modo que España es líder por sus logros democráticos y sociales en múltiples campos, desde la transición a la democracia (con todas sus asignaturas pendientes, por ejemplo en materia de memoria) a la solidaridad con Gaza, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo a los trasplantes de órganos, puede abanderar un nuevo proceso de regeneración.
Debería comenzar por uno mismo y, si la oposición dispone de alguna medida de interés, incorporarla. En este contundente artículo de Fernando Varela hay un buen catálogo de ideas para considerar. ¿Se opondría el PP a un estatuto detallado para los cónyuges o familiares de los políticos más destacados? ¿A la creación de una oficina ética, sobre los conflictos de interés, independiente y con poderes de verdad? ¿A la regulación de las acusaciones populares en los juzgados para que no se conviertan en un método de agitación? ¿A una reforma en el acceso a la dirección de algunos órganos, como el CIS? ¿A la rendición de cuentas de los jueces, cuyos códigos disciplinarios (dependientes del CGPJ) rara vez se cumplen? ¿A acabar con las puertas giratorias y regular los lobbies? ¿A que se distinga claramente a los medios de comunicación de aquellas empresas que sistemáticamente publican falsedades de aquellos que persiguen la información “veraz”, que es un derecho constitucional de los ciudadanos? ¿A que se conozca el grado de dependencia de los medios de los suscriptores o la inyección (en muchos casos, dopaje) de dinero público? ¿A que se refuerce la democracia interna en los partidos y su financiación?
Si alguien se opone, que quede claro. Será una responsabilidad cívica señalarlo y sus motivos. Pero la falta de consenso no puede ser un obstáculo para el avance en las reformas pendientes. El ejemplo es el interesado bloqueo de la renovación del CGPJ, que sólo busca perpetuar unas posiciones de poder que no emanan de las urnas sino de la capacidad del chantaje.
Este lunes lo recordaba también Yolanda Díaz, y lleva insistiendo semanas. Responder a los ataques está bien, pero es mejor utilizar toda la fuerza del Gobierno para orientar la conversación pública en torno a las prioridades de la mayoría, que suelen pasar por asuntos sociales y económicos, por el combate de la desigualdad o la defensa de los servicios públicos. Eso es, al fin y al cabo, junto a la defensa de un terreno de juego sin barro, lo que importa.
