El PP nos lleva ante el juez para intimidarnos
En junio publicamos que el presidente de Murcia había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del PP, Teodoro García Egea. La información la firmó Alicia Gutiérrez, una reconocida y experimentada periodista de investigación. Una imagen en la que se puede ver el teléfono móvil de Fernando López Miras y muchas averiguaciones periodísticas nos llevaron a una noticia contrastada y veraz y de evidente interés público. También nos surgieron muchas preguntas.
¿Es el presidente la persona adecuada para estar involucrado de alguna manera (la que sea) en las citas de la sanidad pública? ¿Tiene sentido que datos de un paciente concreto (cuya privacidad está protegida por la ley) sean comentados por el presidente autonómico y el número dos del PP? ¿Ocurre así con otros casos o sólo con los amigos personales o políticos de Fernando López Miras? ¿Hubo trato de favor? ¿Hubo alguna irregularidad en las listas de espera que determinan el orden de atención de los enfermos?
En un país aún en pandemia y en una Región de Murcia que se acababa de saltar el orden de vacunación, el tema tenía todo el interés, especialmente porque implicaba a cargos públicos. Poco a poco fuimos descubriendo más. El familiar de García Egea fue atendido por un cardiólogo horas después de que se viese a López Miras teclear al secretario general de Salud sobre el caso (en un mensaje que la imagen muestra a medio escribir) con un “asegúrate de que lo citan”. También supimos que a esta persona la acabarían operando antes que a otras con idéntico grado de prioridad, que habían ingresado antes en la lista de espera. O que la intervención tuvo lugar en un hospital que no era el suyo de referencia, a pesar de que en Murcia no existe la libre elección de centro.
Quizás todo fuese casualidad. O azar. O tuviese cualquier tipo de explicación que desconocíamos y que tumbaría la historia. Por eso consultamos a García Egea, a López Miras y al PP. Preguntamos por varias vías, por escrito y con tiempo suficiente para ofrecer una versión, pero no nos autorizaron a incluir ninguna. Cuando publicamos la información (omitiendo todos los datos del paciente que no fueran absolutamente imprescindibles para entender el artículo), llegó la reacción. En un lapso de apenas unas horas, miembros de la dirección del PP dijeron que era “falsa” (así, sin matices ni más aclaraciones), y que “pedir información” sobre un paciente no tiene nada de malo. ¿En qué quedamos?
Finalmente, llegó la denuncia y cayeron las caretas. La firman García Egea y López Miras. Nos acusan de “revelación de secretos”, un delito que puede comportar una pena de cinco años de cárcel. La noticia es cierta y nos denunciaron por contarla. De otro modo, no nos habrían acusado de revelar su secreto. Es curioso: si en esos mensajes de móvil se hablase, por ejemplo, de gravísimos delitos (imagínese el que quiera), su defensa podría ser la misma. Eso es “revelación de secretos”. Dispérsense. Aunque todo sea cierto.
Estos últimos meses no han sido fáciles en infoLibre. Hemos seguido informando sobre las áreas de sombra en la gestión pública en Murcia (puedes ver ejemplos aquí, aquí o aquí). Este mismo miércoles publicamos que dos cirujanos han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que en Murcia hay pacientes a los que se les permite saltarse la lista de espera y que esa infracción puede haber provocado 30 muertes en un único hospital de la Región. Se trata de artículos trabajados a fondo, que recaban todas las versiones y con revelaciones que nadie había publicado antes. Eso parece incomodar mucho a quienes, además, ponen todo tipo de trabas y excusas y se niegan casi siempre a explicar con transparencia cómo manejan lo que es de todos.
Mientras preparamos nuestra declaración, la de Alicia Gutiérrez y la mía como director de infoLibre, no se nos van de la cabeza las posibles intenciones del PP. Y su concepción de la libertad de información en una democracia. Acusar por un delito que puede meter en la cárcel a periodistas por hechos ciertos son palabras mayores. Pedir, como pidieron, la censura del artículo como medida preventiva, antes siquiera de que se iniciase ningún procedimiento judicial, también. Resuenan en ella ecos de otras épocas.
Da la sensación de que sobre algunas personas no se debe o no se puede informar. Como si fueran intocables, hiciesen lo que hiciesen. Y, si cumples con tu obligación, el problema legal en que te pueden meter quizás haga que en la siguiente ocasión te lo pienses dos veces. También cualquier otro periodista, de cualquier medio, sabrá al seguir el recorrido de esta denuncia que hacer su trabajo (ni más, ni menos) puede acabar llevándolo a una sala de vistas para responder a las preguntas del juez, el fiscal y el abogado de los denunciantes. Para colmo, todo se paga con fondos públicos: los que financian los partidos, los sueldos de sus dirigentes y cargos públicos (y, a través de ellos, a los abogados) y los recursos igualmente públicos que la Justicia se ve obligada a invertir en el proceso. Perdemos todos, de una forma u otra.
Hemos recibido ya el apoyo de asociaciones de periodistas de toda España y de numerosos ciudadanos. Estamos decididos a defendernos y a que nadie trate de condicionarnos sólo porque crea que tiene el poder para hacerlo. Pero necesitamos tu apoyo. En pocas ocasiones la explicación puede resultar más obvia.
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