Ataques en Magdeburgo: la cautela como arma Ruth Ferrero-Turrión
El Parlamento Europeo, la memoria histórica y el caso español (II): las "otras dictaduras"
Lo que sigue continúa la primera parte de una versión ligeramente modificada de mi intervención vía Zoom en un seminario organizado por AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y dirigido esencialmente al profesorado de enseñanza media a finales de noviembre.
Evidentemente, no hay que desanimarse. Hay temas que salen de la mesa de negociaciones en la UE pero que tienen una cierta resiliencia y, con voluntad política, siempre vuelven a ella, si no por la vía de la Comisión (que en teoría sigue detentando el monopolio de la iniciativa operativa) sí por la del Parlamento. En este sentido, una resolución que ha pasado un tanto desapercibida ofrece una cierta orientación. Me refiero a la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.
En su momento fue ampliamente comentada, desde varios ángulos, en la prensa española (según el signo del medio: unos y otros la llevaron a su rosaleda particular y muchos de ellos, indignados o no, en los extremos del arco político español). Es hora de llevar a cabo, en estos momentos de la guerra en Ucrania, un ejercicio algo diferente, sin negar en modo alguno que se trata de un texto político y carente de fuerza normativa.
La Resolución se encuentra fácilmente en Internet.
En principio cabe observar la utilización en su título del concepto de “memoria histórica”, ese que en los partidos de la derecha y ultraderecha españoles ha provocado tantos sarpullidos y al que le dotan de un significado risible cual es el de “social-comunista”. (Con lo que ya demuestran el sesgo “histórico” que quieren dar al gobierno de coalición salido tras la negociación que siguió a las últimas elecciones generales y su ignorancia profunda de la significación e implicaciones de los gobiernos de coalición, bastante comunes en la actual UE).
Me apresuro a señalar que, ciertamente, en su texto la Resolución no menciona específicamente el caso español. Cabe imaginar las razones. Al fin y al cabo, las derechas españolas también están presentes, y con fuerza, en el Parlamento Europeo. En mi tiempo en Bruselas siempre colaboré con el que, en ciertos asuntos, iba ya en ocasiones por delante de los Estados miembros y de la propia Comisión. Aprendí a leer entre líneas.
Así, por ejemplo, puede hacerse con el Considerando D que especifica que “tras la derrota del régimen nazi y el fin de la SGM, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras”.
No hay reconciliación posible si no se conoce la verdad y si no se mantiene encendido el fuego de la memoria. ¿Acaso, por ventura, no es esto aplicable a todas las dictaduras, incluida la española?
Esto es la evidencia misma para los casos de España y Portugal, aunque no ignoro que dicho considerando continúa especificando que otros países cayeron “bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética”. El hecho es, en cualquier caso, que “durante medio siglo, continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico”. Esta precisión puede aplicarse a las dictaduras ibéricas, con independencia de que, España, en una situación límite, tuviera, en 1959, que abrir la economía para atraer recursos extranjeros con que desarrollarla (algunos dicen que es el gran mérito histórico del inmarcesible “Caudillo”).
El Considerando E es no menos sugerente. Señala que “mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos”. Cabe, naturalmente, preguntarse cuáles son esas “otras dictaduras”, no identificadas. La Resolución se refiere a Europa. No a ninguna otra parte del mundo. ¿Hubo otras dictaduras en Europa que no fueran nazi-fascistas o comunistas? ¿Sería rizar el rizo pensar que entre esas otras dictaduras es posible excluir los casos de Portugal y de España?
El Considerando H tampoco es menos sugestivo: “Deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria”.
Personalmente subrayaría todo el considerando. No hay reconciliación posible si no se conoce la verdad y si no se mantiene encendido el fuego de la memoria. ¿Acaso, por ventura, no es esto aplicable a todas las dictaduras, incluida la española?
En tal dirección se mueve el Considerando I, sobre la necesidad de “recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios “a efectos de reconocer “ y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras comunista, nazi y de otro tipo [hay que subrayar esto de otro tipo]” ¿Con qué fines? Tales tareas son “de vital importancia para la unidad de Europa y de los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas externas actuales“. ¡De cajón!
No me parece posible pasar por encima la referencia a las dictaduras que no fueron comunistas o nazi. Un comentarista no demasiado inquieto incluiría, sin duda, también a las dictaduras fascistas, pero ¿en qué países de Europa figurarían estas? Aparte de Italia, solo hay dos candidatos: España y Portugal. Pero sobre todo la primera de ambas. ¿No hemos leído nada acerca de las pequeñas, pero gritonas, manifestaciones del 20 de noviembre reivindicando la herencia fascista, falangista y joseantoniana? (No olvidemos que el Excmo. Sr. D. José Antonio Primo de Rivera suscribió en su totalidad la petición monárquica de apoyo financiero a Mussolini a principios de junio de 1936 para “untar” a ciertos mandos del Ejército que parecían un tanto reticentes a sumarse al golpe de Estado en preparación).
El Considerando L también describe como de vital importancia la necesidad de “recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y autoritarios”. El régimen franquista no es fácilmente encasillable entre los primeros (salvo quizá en sus primeros años de tentación nacionalsocialista) pero no cabe la menor duda de que produjo cuantiosas víctimas y que era, cuando menos, autoritario. ¿O lo negará la derecha española que declaró la guerra a la LMH y ahora lo sigue haciendo con la reciente LMD?
En consecuencia, no extrañará que, en la parte dispositiva, Punto 3, dicha Resolución del 19 de septiembre de 2019 condene “en los términos más enérgicos”, como afirma, “los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios”. Aquí el exégeta se queda un poco con la boca abierta porque, ¿cuáles fueron los regímenes europeos que no se caracterizan de comunistas, o como nazis (y que desde Alemania se desbordaron hacia los territorios ocupados en el resto de Europa) pero que, en los términos mencionados, fuesen “totalitarios”?. ¿Solamente el régimen de Mussolini? ¿No podría considerarse también el de Franco, al menos durante un cierto período histórico? Porque de lo contrario el Punto 3 pierde mucho de su sentido y no creo que los eminentes diputados europeos que lo negociaron y votaron fueran indigentes intelectuales o históricos.
El Punto 4 “pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a repetirse jamás”. ¿Algo que objetar? ¿Podría afirmarse que tales afirmaciones supuran “revanchismo”?
Específicamente la Resolución del Parlamento “hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria” ¿No es esto una reivindicación permanente de una parte de la sociedad española que apoyaba la LMH y ahora apoya la LMD? Que haya mayores o menores divergencias, naturales en una sociedad democrática, no debe hacernos olvidar la importancia de la afirmación: SIN MEMORIA NO PUEDE HABER RECONCILIACIÓN.
El Punto 7 de la Resolución condena el revisionismo histórico; expresa la preocupación ante la creciente aceptación de ideologías radicales y la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión Europea. Subraya la inquietud que suscita la colusión entre, por un lado, líderes políticos, partidos políticos y fuerzas de seguridad, por un lado, y movimientos radicales, racistas y xenófobos, por otro. ¡Que no se diga que el Parlamento se refería tan solo a la Francia lepenista! ¡O a ciertos otros partidos que ya descollaban en Italia!
El Punto 8 requiere a todos los Estados miembros que “sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cuestiones, incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de texto de todas las escuelas”. También que apoyen la documentación del turbulento pasado de Europa. ¿No es esto uno de los objetivos de la LOMLE?
Son los Puntos 10 y 12 los que me parece que ameritan una glosa extensa y profunda, en la que aquí no puedo entrar, pero que sin duda muchos de los expertos en derecho y en memoria democrática pueden fácilmente ampliar. En el primero, el Parlamento Europeo “pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia….” Nótese la referencia a otros regímenes autoritarios del pasado. ¿Cuáles podrían ser? Sin duda la Francia de Vichy, ¿pero, por ventura, no lo serían el español y el portugués?
(Continuará)
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Ángel Viñas fue sucesivamente director en la Comisión Europea de América Latina, política de seguridad, relaciones multilaterales y derechos humanos y embajador en Naciones Unidas. Su próximo libro versa sobre la República española y la URSS en los tiempos de Stalin y aparecerá a finales de enero en CRÍTICA.
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