Pobreza infantil que no debemos consentir ni nos podemos permitir

España es líder europeo y persistente en pobreza infantil. Con una lamentable tercera posición, solo detrás de Rumanía y Bulgaria, destacamos por ser un país cuyos niveles de pobreza infantil son mucho mayores de lo que nos corresponde, dado nuestro nivel de desarrollo económico y social. Algo estamos haciendo muy mal y desde hace mucho tiempo.

Con una tasa AROPE para el conjunto de la población española en 2023, que explico a continuación, del 26,5%. Cuando una indaga cuál es la correspondiente a los menores de 16 años, el resultado es alarmante: un insoportable 33,4%, o más de dos millones y medio de niños, niñas y adolescentes.

AROPE (At-Risk Of Poverty and Exclusion) mide desde 2018, y de forma estandarizada por Eurostat, el porcentaje de población residente de un país que se encuentra en una situación de riesgo de pobreza y/o de exclusión social. Su cálculo “bebe” de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) a hogares que desde el año 2004 realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogiendo información detallada de los ingresos del hogar correspondientes al año natural anterior a la celebración de la encuesta y respuestas a muchas preguntas sobre las condiciones de vida en el momento de la entrevista.

La población contabilizada en AROPE está en alguna de las siguientes tres situaciones. La primera es la de riesgo de pobreza relativa, cuando cada unidad del consumo del hogar (un adulto es una unidad; cada mayor de 13 años es media unidad y cada menor de 14, un 0,3) dispone de menos del 60% de la mediana de los ingresos, unos 9.600 euros anuales. En 2023 alcanzó el 20,2% y el 28,5% en menores de 16 años. El 45% de los hogares monoparentales (que en realidad son monomarentales) estaban en 2021 en esta situación, en primera posición y doce puntos por encima de la media de la UE.

La segunda es la de carencia material severa de aquellos hogares (el 9% en 2023) que enfrentan al menos cuatro de las siguientes privaciones: no poder ir de vacaciones al menos una semana al año (el 33%); permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada (el 20%); no poder afrontar gastos imprevistos (el 37% si estos superan los 800 euros) o incurrir en retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses; no poder disponer de un automóvil, de un ordenador personal o no poder sustituir los muebles estropeados.

Definir y medir la pobreza es el primer paso esencial para poder diagnosticar de forma objetiva y remediar una situación anómala e indeseable y que lamentablemente nos caracteriza, habida cuenta de su dimensión

La tercera corresponde a aquellos hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo, el 8,5% en 2023, en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año.

Definir y medir la pobreza es el primer paso esencial para poder diagnosticar de forma objetiva y remediar una situación anómala e indeseable y que lamentablemente nos caracteriza, habida cuenta de su dimensión.

Son muchas las medidas a nuestro alcance para abandonar este liderazgo que ostentamos, algunas de ellas promesas electorales recurrentes que no se llegan a materializar, como la educación infantil 0-3 universal y gratuita; o que la educación en etapas obligatorias sea realmente gratuita incluyendo, por ejemplo, el comedor escolar; o mitigar la segregación que genera el modelo educativo en el que la educación privada concertada o subvencionada, concebida hace casi cuarenta años como subsidiaria de la pública es, hoy, depredadora. Y procurar que la herramienta diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social con la que nos hemos dotado —el Ingreso Mínimo Vital o IMV— funcione adecuadamente. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en su Segunda Opinión en junio de 2023 que el número de beneficiarios fue de 284.000 hogares de los 800.000 que podrían recibirlo; que el 19% de los 1,5 millones de hogares con derecho a solicitar el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI, 100 euros/mes por cada menor de tres años, 70 euros entre los tres y seis años y 50 euros más de seis años), lo recibió. Y que tendríamos que avanzar hacia un modelo de gestión más automático, con bases de datos administrativos integradas para habilitar, por ejemplo, la concesión de prestaciones de oficio o impuestos negativos.

El coste anual efectivo del IMV en 2022 fue de 1.900 millones de euros, que apenas superaría los 4.000 millones si operara al 100% de su capacidad. El coste de oportunidad de la pobreza infantil en España supera, de acuerdo con las investigadoras Olga Cantó y Libertad González, los 60.000 millones de euros anuales. Un coste de oportunidad que no debemos consentir ni nos podemos permitir.

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Verónica López Sabater es consultora de Afi.