¿Flexibilizar el objetivo de déficit público para luchar contra la enfermedad?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar un paquete de medidas para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, que están aún pendientes de concretar cuando se escriben estas líneas. Será importante que este paquete esté adecuadamente financiado, que permita una respuesta de la sanidad pública a la altura del desafío, que palie con criterios de equidad los graves efectos económicos que ya está teniendo y que se gestione con agilidad.

Esta claro que estamos ante una crisis de salud pública importante –amplificada por unos medios de comunicación, siempre en busca de audiencias a cualquier precio– de imprevisible evolución en los próximos meses. Enfrentar esta crisis requiere un sustancial esfuerzo presupuestario; esfuerzo que, inevitablemente, tensionará el gasto público; asimismo, como consecuencia del menor crecimiento o incluso de una posible recesión, que no puede descartarse, tendrá un impacto negativo en la capacidad recaudatoria del Estado. El resultado de más gastos y menos ingresos será un crecimiento del déficit público en relación a las previsiones aprobadas recientemente en el Parlamento en materia de techo de gasto.

Se supone que la Comisión Europea flexibilizará los estrictos objetivos de déficit público. Es un gesto imprescindible que necesitan los países más afectados por la enfermedad ante una situación verdaderamente excepcional. Pero la cuestión trasciende la coyuntura. Flexibilizar ¿hasta que se vuelva a la normalidad? ¿Hasta que la economía recupere el tono previo al desencadenamiento de la enfermedad? ¿Retornar, entonces, a los parámetros de ajuste presupuestario impuestos desde Bruselas?

En absoluto. En mi opinión, la crisis del coronavirus debería ser una oportunidad para una reflexión de calado sobre las consecuencias de las políticas austeritarias, llevadas a cabo con especial dureza en la periferia meridional europea. No sólo por los destructivos efectos que, entre otros ámbitos, han tenido sobre los sistemas de salud pública y que ahora está pagando la ciudadanía –carencia de medios, personal e instalaciones, precarización laboral…–, sino también porque situar la acción política en esas coordenadas impide desarrollar una agenda social, productiva y ecológica, cuyo eje vertebrador tiene que ser necesariamente un sector público potente, financiado con criterios de progresividad.

Entiendo, por supuesto, que todas las miradas y las esperanzas estén depositadas en la acción gubernamental para atajar la enfermedad y suavizar los efectos de la misma. Pero creo imprescindible una reflexión más amplia, que abra el horizonte y que amplíe el foco de la intervención de las administraciones públicas. Un gobierno con un perfil de izquierdas debe tener claro su compromiso con la ciudadanía, que debe concretarse en una agenda política centrada en la reducción de la desigualdad, acometer la transición energética y transformar el modelo económico poniendo en el centro las personas y la vida del planeta. Estos objetivos sólo se podrán acometer con una decidida y contundente intervención pública. Al igual que con la enfermedad, también en estos ámbitos urge implementar un plan de emergencia.

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Y hay que ser claros al respecto. Avanzar en esta dirección colisiona frontalmente con los objetivos en materia de déficit y deuda públicos que vertebran el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, que debe ser abiertamente cuestionado, en el contexto de una Europa cooperativa, solidaria y equitativa. Esto es mucho más, en realidad es algo diferente, que pedir una aplicación más flexible de las estrictas e inaceptables medidas de ajuste presupuestario exigidas desde Bruselas.

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Fernando Luengo es economista.Fernando Luengo