RTVE: ¿susto o muerte?
Causa pudor y vergüenza sentirse en la obligación de tener que escribir de nuevo sobre las condiciones necesarias para una regeneración de la radio y la televisión públicas y, sin embargo, es imprescindible hacerlo. No porque el que escribe crea que se den las circunstancias que permitan dicho cambio, sino porque se impone la creencia de que es indispensable para la sociedad la existencia de medios de comunicación públicos, veraces, independientes y confiables.
Las iniciativas para la reforma de RTVE han fracasado. Desgraciadamente, la lucha por la defensa de los intereses partidistas se ha impuesto al bien común. La incapacidad parlamentaria para cumplir con su obligación constitucional de controlar dichos medios es tan notoria como escandalosa y las propuestas legislativas para alcanzarla no han servido de nada.
En esta situación, parece más útil denunciar los obstáculos existentes que enumerar los pasos necesarios para conseguir el medio público estatal de comunicación que necesitamos. Se trata de identificar los impedimentos y enumerar los incumplimientos legislativos que impiden un avance en la dirección deseada, que no debe ser otra más que la que nos lleve al bien común y a la construcción de una sociedad mejor, más allá de constatar la evidente existencia de intereses y ambiciones de partidos y particulares que pretenden beneficiarse, oportunamente, de esta lamentable realidad.
El primer obstáculo que apreciamos es el social. La sociedad no le concede mucho valor a los medios públicos de comunicación y, con frecuencia, no los considera fiables y se informa por otros medios. Quizá este es uno de los mayores obstáculos que podemos encontrar y, desde luego, su existencia invalida cualquier planteamiento más amplio, puesto que, si la sociedad no considera necesarios los medios públicos de comunicación, no tiene ningún sentido plantear cómo deben ser estos medios. Sin embargo, y a pesar de ser el primer obstáculo a tener en cuenta, quizá no sea el primero que deba ser solucionado, puesto que, en gran medida, es consecuencia de la existencia de los demás.
El segundo es el administrativo que, por su importancia, creo que es el primero que debe ser resuelto y el más relevante de todos. Me refiero a la dependencia administrativa de la Corporación, para ser más concretos, una dependencia administrativa de los gobiernos de turno que es tan evidente como vergonzosa, porque es vergüenza lo que se siente al escuchar cómo algunos miembros del actual gobierno elevan la voz clamando por la independencia de RTVE cuando esta empresa pública depende, por ley, del Ministerio de Hacienda. También da vergüenza escuchar a los representantes del PP clamar por lo mismo, cuando fue el gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en donde se establece la tutela del Ministerio de Hacienda de las Sociedades Mercantiles Estatales, en su artículo 116, el que anuló la independencia de la Corporación RTVE, que es una sociedad mercantil estatal, y por tanto, está afectada por la tutela a la que obliga dicho artículo.
También da vergüenza comprobar que la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal aún mantenga en su artículo 5.1. que “La Corporación de Radio y Televisión Española es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía, prevista en el apartado 3 de la disposición adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad” cuando dicha ley fue derogada en 2015, precisamente por la anteriormente mencionada de Régimen Jurídico del Sector Público. Es curioso ver cómo se olvidan los legisladores, a veces, de establecer las necesarias disposiciones derogatorias.
Es imprescindible que este impedimento legal sea eliminado antes de poder hablar de cualquier otra cosa, pues si la propia ley impide la independencia del medio público estatal de comunicación audiovisual, de nada servirán las negociaciones para establecerla. Por tanto, antes de sentarse a negociar nombres para gestionar RTVE es indispensable que los grupos parlamentarios anulen esa dependencia administrativa establecida por la ley (se supone que no debe haber ningún problema para esto, porque todos ellos han manifestado públicamente la imperiosa necesidad de que la Corporación sea independiente). Ese debe ser el primer acuerdo al que deben llegar. Y no el nombre de quien deba gestionar una sociedad dependiente, por ley, del gobierno. Su eliminación será la comprobación de que los grupos parlamentarios tienen la intención real de conseguir la independencia de RTVE. Cualquier otra cosa no será creíble sin eliminar primero este impedimento.
La incapacidad parlamentaria para cumplir con su obligación constitucional de controlar dichos medios es tan notoria como escandalosa y las propuestas legislativas para alcanzarla no han servido de nada
Los otros dos obstáculos que impiden avanzar en la reforma de RTVE son el modelo y la financiación estable, suficiente y adecuada, pero la extensión de un artículo como este solo permite enumerarlos, sin entrar en el detalle para mostrar claramente su compleja realidad. Baste, por el momento, dicha enumeración y expresar la creencia personal de la enorme importancia de la independencia de RTVE para alcanzar un medio público estatal de comunicación relevante para la ciudadanía.
Hay que tener también en cuenta que las cuatro cuestiones que planteo (independencia, relevancia social, modelo y financiación estable, suficiente y adecuada al modelo) no son independientes entre sí y no se puede solucionar una sola de ellas sin resolver las demás para poder comenzar a remediar los muchos problemas de la Corporación. Decir, por ejemplo, que es necesario establecer un contrato programa y un nuevo Mandato-marco que definan el modelo de empresa pública estatal de comunicación sin garantizar su independencia es tanto como decir que lo que se pretende es hacer permanente la dependencia del gobierno de la Corporación. Cambiar el actual consejo de administración tampoco servirá de nada si el Ministerio de Hacienda sigue gobernando RTVE a través de la SEPI y tampoco será adecuado establecer la independencia de RTVE si no existe un modelo socialmente relevante que aplicar y gestionar.
Nadie debe dejarse engañar por el abundante ruido mediático ni por las declaraciones más o menos impostadas sobre la honestidad o la integridad de unos y otros. Los problemas que hay que solucionar son, en primera instancia, administrativos, económicos, legales y de gestión y el más relevante es eliminar los obstáculos legales que impiden la independencia de RTVE. Los nombramientos, sean estos cuales sean, no van a conseguir dicha independencia, ni la honestidad o la imparcialidad de los medios de comunicación públicos. Eso es algo que les corresponde constitucionalmente garantizar a nuestros representantes y son ellos los que tienen la responsabilidad legal, social y política de conseguirlo.
Por otra parte, el fracaso de la Corporación RTVE es un fracaso anunciado, conocido e incluso, me atrevo a decir, propiciado desde algunos sectores interesados en el mismo. Además es un fracaso enquistado, crónico y, puesto que el Parlamento es el responsable constitucional de los medios públicos de comunicación, un fracaso parlamentario y un indicador negativo de la capacidad de solucionar problemas complejos que afectan al bien común.
Parece que el Parlamento ha puesto a la ciudadanía ante una disyuntiva cruel, como en el chiste absurdo de susto o muerte, ya que, habiéndonos ofrecido escoger entre una solución mala (la elección con criterios partidistas del consejo de administración de la Corporación) y otra pésima (su dependencia del gobierno de turno), nos hubiera dado un susto terrible con la solución mala y ahora nos diga: haber preferido muerte, antes de prepararse para rematar cruelmente a los medios públicos de comunicación con la peor de las decisiones posibles.
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Roberto Mendès es doctor en Ciencias de la Información. Ha formado parte del grupo de estudios 'Teledetodos'.
