'TeleRueda'

Vuelve Rueda al escenario del crimen —el secuestro al que él y Feijóo vinieron sometiendo tanto los medios públicos como la ley que los tendría que liberar de sus zarpas—, y en vez de aplicar los protocolos para la reconstrucción científica del delito, como vemos en cualquiera de las series nórdicas de éxito, ordena que sus fontaneros arreglen y contaminen el terreno, eliminando para su nueva ley cualquier rastro democratizador precedente. 

De salir adelante, los medios que conforman la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) quedarían bajo el control directo de un director general que haga voto de obediencia partidaria. Tanto en el día a día, con la TVG y la Radio Galega al servicio de la agenda política del PP, como en la toma de decisiones, en un Consejo de Administración conformado mayoritariamente por adeptos a la causa, que aseguren estratégicamente su doma y castración. Echando mano de la disposición adicional segunda, el gobierno de Rueda podría prescindir de la mayoría reforzada del Parlamento que se estipula en el articulado para imponer, con los únicos votos de su partido, al candidato que le facilite manejar durante toda la legislatura el mando a distancia. Recordarle la fórmula de un concurso público de méritos para la gobernanza (Consejo de Administración y Dirección General) de los medios gallegos, tal y como sucede en la BBC y también en RTVE —en este caso, temporalmente abortada—, lo verá como una declaración de guerra. Pero sería la más garantista. 

En un ejercicio de funambulismo de la peor especie, al tiempo que reniega de las mordazas con las que regímenes autoritarios atan en corto las libertades de expresión, de información y medios, copia de ellos y hace tábula rasa de todo cuanto un régimen democrático prevé para impedirlo. Empezando por la demandada regulación de los medios públicos de comunicación, que en la ley del 2011 aprobada con los votos de PP y PSdG había asumido la existencia de instrumentos de mediación y control profesional que su anteproyecto reformador elimina ahora de un plumazo. Nunca habían llegado a tener vida, porque los gobiernos de Feijóo de los que él formó parte los mantuvo congelados, pero cuando menos eran —y aún son— un estandarte reivindicado por los que protagonizan los Venres negros contra la manipulación informativa y por unos pocos (muy escasos) actores sociales. En concreto: un Consejo de Informativos y un Estatuto Profesional en la redacción. 

Contra los que recomiendan el Tratado de Ámsterdam (en vigor desde 1999), el informe del grupo de Alto Nivel sobre la Política Audiovisual (asumido por la Comisión en el año 2000), el Informe sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación (año 2017) y la ley de Libertad de Medios (2024), entre otros, el anteproyecto prescinde de todas las salvaguardas profesionales con las que conseguir el objetivo democrático de hacer operativo el derecho que la ciudadanía tiene a comunicar y recibir información veraz. Desprecio que también queda de manifiesto en la composición que prevé el texto legislativo para el Consejo Asesor. 

Lo hace, además, retorciendo el argumentario con el que intenta justificar ese despropósito, ese atentado. Porque si bien su anunciada reforma se hizo inevitable al tener que aplicar los cambios que se vinieron produciendo en la normativa de la UE, su anteproyecto de ley para la gobernanza y el funcionamiento de la CRTVG incumple de manera flagrante lo que el Parlamento de Estrasburgo aprobó, con solo los votos en contra del neofascismo, en su European Media Freedon Act, la ley que tiene por finalidad salvaguardar el pluralismo y la independencia de los medios en los diferentes estados de la Unión.

Su anteproyecto de ley para la gobernanza y el funcionamiento de la CRTVG incumple de manera flagrante lo que el Parlamento de Estrasburgo aprobó

Con razón el legislador europeo se muestra especialmente preocupado “por las reformas legislativas” destinadas a aumentar “el control de los medios públicos”. También por lo que respecta “al nombramiento de las personas que ejerzan la dirección del consejo de administración, o el de sus componentes”. Y aún precisa más: los estados miembros están obligados a garantizar que los medios públicos sean “independientes desde el punto de vista editorial y funcional, y ofrezcan de un modo imparcial una pluralidad de informaciones y opiniones a sus audiencias, de conformidad con su mandato de servicio público”. Más claro, agua. 

Rueda se propone seguir violando derechos y reglamentos de obligado cumplimiento, adaptando la proyectada y contestada reforma (con manifiestos en contra de todo el sector audiovisual, el Colexio de Xornalistas, la Mesa pola Normalización Lingüística…) a los estándares de cualquier ley mordaza, liquidadora de derechos. Otro alumno aventajado de Iribarne, aquel exministro franquista al que Felipe González tanto había contribuido a rehabilitar, primero, y a reubicar en la Xunta, después, que en viéndose necesitado de coraza pública, echa mano de las técnicas de desinformación y censura que con tanto éxito había aplicado en la dictadura, y da un golpe de listas negras en San Marcos (la sede de la Corporación), asegurando con ese colchón mediático —que reforzó corrompiendo con dinero público a la prensa del país— su interregno político. Una estrategia antidemocrática y políticamente perversa que —hace falta decirlo bien alto— los del bipartito de izquierdas no se atrevieron a desmantelar, poniéndoselo a Feijóo y a los sucesivos gobiernos del PP como se dice vulgarmente a huevo no solo para reeditarla, también para institucionalizarla. 

Rueda es asimismo un alumno aventajado de su amigo M. Rajoy, quien, a los pocos días de tomar posesión en la Moncloa, echó por tierra mediante un decreto (que el TC derogó cinco años después por inconstitucional) el empeño democratizador que había puesto Zapatero en desgubernamentalizar y despartidizar los medios de la CRTVE. Con un daño colateral, el de matar a la vez el proyecto de creación de una autoridad estatal de vigilancia y control que tenía su asentamiento en la ley del Audiovisual aprobada en el 2010. Otra cafrada que enseguida copiarían Feijóo —congelando la creación del Consejo audiovisual que ordenaba la ley gallega de medios públicos— y ahora Rueda —ignorándolo en el texto de este anteproyecto reformador—. Hace también en esto oídos sordos al mandato comunitario de tener que aportar los Estados representantes de sus respectivas autoridades mediáticas para la composición de un organismo de vigilancia previsto en el articulado de la ley europea de medios. 

Rueda vuelve, pues, al escenario del crimen. Con nocturnidad (hizo de agosto el periodo de alegatos) y alevosía. Con un único objetivo: convertir nuestros medios públicos en una demoledora TeleRueda. En un instrumento de comunicación que gangrena la democracia. Impedirlo a tiempo no solo es necesario. Es imperativo. 

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Luís Álvarez Pousa es periodista y profesor de Periodismo, director de la revista mensual 'Tempos Novos'.