Agresiones, falta de médicos y sin visitas: el Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la crítica situación de los CIE
Agresiones de policías a personas internas y trabas para denunciarlas e investigarlas, deficiencias crónicas en la atención médica y sanitaria, y obstáculos a las visitas de las organizaciones de la sociedad civil. Estas son las tres formas de hostilidad que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) observa en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras la publicación este lunes de su informe anual [ver aquí] sobre estos centros, Territorio Hostil. Formas de hostilidad en los CIE, publicado este lunes.
La organización muestra su preocupación por los testimonios de deficiencias de la atención médico-sanitaria que, a su vez, sacan a la luz otras formas de hostilidad, como la falta de intérpretes, descoordinación con otras instituciones sanitarias o menosprecio por parte de los trabajadores de los centros hacia los internos, entre otros. También denuncian otros problemas como la salud mental. Ejemplifican, por ejemplo, que en febrero hubo un intento de suicidio de un interno que sufría depresión, sometido a aislamiento en ese momento.
Además de estas actuaciones, también observaron negligencia de los servicios médicos cuando atienden a alguna persona interna con lesiones, puesto que no se emiten los partes correspondientes. También es frecuente que estallen conflictos donde se producen agresiones físicas y verbales entre policías y las personas internas. A su vez, advirtieron de algunos casos de trato irrespetuoso, agresiones físicas y morales por parte de los guardias.
Denuncian, asimismo, la aceleración de la ejecución de la repatriación de las personas víctimas o testigos de la violencia, a menudo sin comunicación previa, lo que coincide con la falta de diligencia en la tramitación de solicitudes de protección internacional dentro de los CIE.
Los CIE tras el confinamiento del coronavirus
El informe también aborda qué efecto ha tenido el coronavirus en los CIE. Como critica la organización, los protocolos de prevención contra el covid no impidieron que hubiese brotes en Murcia, Tenerife y Madrid. La Confederación Española de Policía denunció la falta de equipos de protección, la insuficiencia de los protocolos de prevención y las malas condiciones estructurales y materiales de los CIE.
Además, para el SJM, 2021 fue un año singular al haber CIE vacíos o con ocupación reducida durante largos periodos de tiempo. La organización afirmaba que "España sobrevivió sin internamiento de personas extranjeras", e instaban a que desapareciesen estos centros. Sin embargo, comenzaron a reabrirse.
Desde entonces, en numerosas visitas a los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia observaron un mayor equilibrio entre los que se encontraban internados por devolución y expulsión, mientras que hace cinco años casi el 90% de los que se encontraban en los centros eran por causas de devolución.
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Los internados por expulsión son personas que se encuentran en situación irregular en el país en un plazo mayor a tres meses, o que han cometido algún delito. En este caso la pena privativa de libertad se conmuta por su expulsión. Su estancia en un CIE suele ser de larga duración, y no debe superar los seis años, sin embargo, en ocasiones se supera este límite de tiempo. El caso de los internos por devolución se trata de migrantes que entran ilegalmente en el país y que han sido expulsados previamente, estando en los centros 72 horas antes de ser enviados a su país de origen, salvo que por medidas de internamiento deba permanecer más tiempo.
Inversión de los PGE en los centros
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) detallan los planes de inversión para financiar las actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración y para los CIE. El Consejo de Ministros acordó el plan de obras de los CIE en una reunión en enero de 2019, que se extiende desde ese año hasta 2024 y suma 33.627.379 euros. Los PGE para 2022 desglosan la inversión en 2021 y la programada para 2022 y 2023.
Estos reflejan una inversión total de 36.921.000 euros, de los que 7.132.000 euros fueron ejecutados en 2021. La previsión para 2022 sube a 13.696.000 euros, fundamentalmente por la construcción del nuevo CIE de Algeciras-Botafuegos y por la remodelación del suprimido CIE de Fuerteventura-Matorral. De cara a 2024 se prevé mantener la inversión en 13.094.000 euros para finalizar las obras y acondicionar el CIE de Algeciras.
