13 empresas del Ibex 35 no han suscrito el código de buenas prácticas de la Agencia Tributaria

13 compañías del Ibex 35 no han suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias, una iniciativa creada en 2010 por acuerdo de la Agencia Tributaria y el llamado Foro de Grandes Empresas con un doble objetivo: una correcta gestión tributaria por parte de las empresas y una mayor seguridad jurídica en materia fiscal. Así lo recoge el listado oficial de adhesiones que se puede consultar en la página web oficial del organismo recaudador de impuestos. 

A través del citado código –cuya adscripción es voluntaria– las firmas se comprometen a facilitar a la Agencia Tributaria "información temprana" sobre su presencia en paraísos fiscales, su estructura de financiación, así como de las operaciones más trascendentes desde la óptica fiscal aprobadas por sus respectivos consejos de administración. Además, entre otras actuaciones y decisiones que las sociedades se comprometen a comunicar y explicar a la Agencia, está el desarrollo del cumplimiento de los principios del plan de acción puesto en marcha por la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios (bautizado como BEPS, por sus siglas en inglés). 

Asimismo, el código alude de forma expresa al compromiso por parte de las empresas de evitar "la utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias" que estén diseñadas para "impedir el conocimiento", por parte del organismo de recaudación, de quién es el responsable final de las actividades de esa compañía o el titular último de los bienes o derechos implicados. En este sentido, hace especial mención a la necesidad de evitar la "interposición de sociedades instrumentales a través de paraísos fiscales o territorios no cooperantes". 

Las 13 firmas del índice de las principales firmas cotizadas españolas que no han suscrito ese código son las siguientes: AENA, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Bankia, DIA, Enagás, Gamesa, Grifols, IAG, Indra, Mediaset, Merlin Prop. y Técnicas Reunidas.

El informe de la Fundación Compromiso y Transparencia en el que infoLibre se basó para hacer esta información recogía que eran 14 las compañías que no lo habían suscrito a la fecha de cierre del mismo, si bien desde entonces hay una que se ha sumado –la constructora OHL– por lo que, según recoge el listado oficial, las que no habían firmado a 23 de febrero de 2016 son 13. 

Por otro lado, el informe de la Fundación Compromiso y Transparencia  recoge que hay otras nueve compañías que a pesar de estar adheridas al código "no informan de ello o lo hacen de manera descontextualizada y somera". Se trata de Abertis, Amadeus, Banco Popular, Banco de Santander, Bankinter, FCC, Mapfre, REE y Sacyr.

Negocios off-shore

Se da la circunstancia, además, de que de las 22 que sí han suscrito ese acuerdo, un total de siete tienen presencia en territorios off-shore, si bien todas insisten en negar que el motivo de su presencia allí sea eludir el pago de impuestos en España. Es el caso, por ejemplo, del BBVA, que detalla que cuenta con dos sucursales dedicadas a la banca corporativa y tres sociedades emisoras de valores en las Islas Caimán. 

Gas Natural –que también ha suscrito este código– posee cinco sociedades en las citadas islas del Caribe, pero dice que no le aportan “ninguna ventaja fiscal”. E Iberdrola asegura que ni crea ni compra sociedades en paraísos tributarios, a no ser que se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta”. Sin embargo, tiene dos filiales en las Islas Caimán y en la Isla de Man. Endesa, por su parte, tiene negocios en Delaware (EEUU), Holanda y Luxemburgo. 

Algo similar ocurre con Repsol –que aunque ha suscrito el código y publicita su compromiso de "evitar estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias o de ocultación"– cuenta con participaciones en sociedades de Bermudas e Islas Caimán que justifica "por motivos de negocio". El Banco Santander, también firmante del acuerdo, posee filiales en Jersey, Isla de Man e Islas Caimán.

Autorregulación 

El sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) se ha venido mostrando muy escéptico con la utilidad de este tipo de iniciativas, que tienen carácter voluntario y no obligan a las empresas a su cumplimiento. De hecho, las partes no sufren consecuencias jurídicas por su incumplimiento. "Lo que hemos constatado es que no vale de nada si no está acompañado de medidas legislativas. Se trata de una mera declaración de buenas intenciones basada en cuestiones genéricas", se queja el portavoz de este colectivo, José María Mollinedo. 

De hecho, Mollinedo cree que este tipo de iniciativas sirven para abonar el fenómeno de la puerta giratoriapuerta giratoria, una práctica que ya de por sí no es extraña en el sector empresarial español. Y también para insistir en el concepto anglosajón de la autorregulación, en detrimento de la aprobación de reformas legislativas que sí sean de obligado cumplimiento para las empresas. "Es bastante cándido pensar que las grandes compañías van a difundir una información que guardan bajo siete llaves sin una norma que les obligue a hacerlo", subraya. 

En esta línea, el portavoz de Gestha sí pone en valor el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que obliga, a partir de este 2016, a las empresas con importes netos de cifra de negocio superiores a 750 millones de euros a que informen con detalle, país por país, sobre diversa información fiscal, incluyendo los "impuestos sobre

sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas". Las empresas tienen la obligación de facilitar esta información a la Agencia Tributaria, pero no será de libre consulta para los ciudadanos.