Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos. La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".
Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando José Luis Mazón concedió dos entrevistas al periódico La Opinión de Murcia y a la revista Atlántica XXII, hablando sobre las relaciones entre Rajoy y su amigo Riquelme. En el primero declaró su sospecha de que, "unidos por su amistad", ambos "pudieron llegar a un acuerdo" para que Riquelme constase como registrador pero Rajoy continuase "percibiendo parte de su sueldo". En la segunda, Mazón manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?".
José Luis Mazón se refería a la peculiar situación que tiene el presidente del Gobierno, que es titular del Registro de Santa Pola desde el año 1987, aunque desde marzo de 1990 ocupa la plaza Riquelme en calidad de sustituto. El pasado mes de septiembre, infoLibre desvelóel expediente que permanecía oculto del registrador Rajoy.
Las declaraciones de Mazón llevaron a Riquelme a presentar una demanda contra el abogado murciano en la que reclamaba una indemnización de 100.000 euros por intromisión en su derecho al honor.
La argumentación de la jueza
La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, explica en su sentencia que es necesario distinguir entre información y opinión: a la primera se le impone constitucionalmente la exigencia de veracidad, requisito que no se pide a la segunda. Pues bien, la jueza considera que las declaraciones de Mazón no contienen "ningún elemento informativo", de forma que el objeto del proceso "lo será exclusivamente la adecuación del contenido de las opiniones emitidas por el demandado en el ejercicio de la libertad de expresión, que no de información, que al no quedar sometida al canon de veracidad justificó la inadmisión de toda la prueba propuesta por el Sr. Mazón preordinada a acreditar la veracidad de sus opinions o juicios de valor".
En otras palabras: la jueza considera irrelevante saber si realmente Rajoy percibe algún ingreso del Registro de Santa Pola a la hora de decidir si las palabras de Mazón violan el derecho al honor de Riquelme.
Una vez acotado el terreno de juego, la jueza concluye que las opiniones de Mazón supusieron un "manifiesto descrédito" para la "integridad personal y profesional" de Riquelme. "El mensaje es claro –razona en la sentencia–. Amistad entre el Sr. Rajoy y el actor, supuesta cesión de los derechos de la titularidad de registro público a favor del amigo, acuerdo privado entre partes para decidir sobre el destino de una plaza pública e indebida percepción de sueldo por parte del cedente".
La jueza da a entender que, si las palabras de Mazón se hubiesen referido a Rajoy, el fallo hubiese sido otro. "Es innegable que cualquier manifestación que afecte a la actividad pública del presidente del Gobierno es de interés general [...]. Pero resultan en todo punto innecesarias las acusaciones vertidas frente al actor si lo que se quería era criticar o poner en tela de juicio la situación administrativa de don Mariano Rajoy".
En consecuencia, la jueza condena a Mazón al pago de 30.000 euros –frente a los 100.000 que pedía Riquelme– y a la publicación del fallo en los dos medios donde realizó las declaraciones. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. Mazón confirmó ayer a infoLibre que presentará el recurso en los próximos días.
El registrador Rajoy
El presidente del Gobierno se ha negado sistemáticamente a aclarar su situación como registrador. Este periódico desveló que, al menos entre 1981 y 1985, Rajoy cobró como cargo público de la entonces Alianza Popular y como registrador. Al conseguir su primer escaño, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción.
En 1984 se aprobó la Ley de Reforma de la Función Pública, que prohibía que un cargo público pudiese percibir también cualquier retribución relacionada con el puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección. Pero, en realidad, hasta el año 1998 existió legislación contrapuesta en el caso de los registradores. En esa fecha se retocó el Reglamento Hipotecario para dejar claro que los registradores interinos cobrarían "la totalidad de los honorarios" de un registro, sin tener que ceder una parte de sus ingresos a los titulares de la plaza ¿Recibió Rajoy ingresos, entre 1990 y 1998, del Registro de Santa Pola mientras cobraba como diputado en las Cortes? El presidente del Gobierno siempre se ha negado a aclararlo, lo que lógicamente ha incrementado las sospechas al respecto.
El Gobierno dice que Rajoy siempre ha sido “ajeno” a lo ocurrido con su expediente como registrador
Pero no es el único aspecto llamativo sobre el registrador Rajoy que descubrió infoLibre. En los últimos 32 años, Rajoy sólo ha sido registrador en ejercicio durante dos, mientras que en los otros 30 ha estado en servicios especiales pero manteniendo su plaza de titular de un registro. Pues bien, ese bienio, de 1987 a 1989, incumplió su obligación legal de residir en la localidad donde estaba el registro. Rajoy vivía en Galicia, donde desarrollaba una intensa vida política, pero trabajaba oficialmente a más de mil kilómetros, en la localidad alicantina de Santa Pola.
Una historia, la del registrador Rajoy, que también tiene casualidades llamativas. En 1990, cuando había sido elegido diputado, propuso que el sustituto en el Registro de Santa Pola fuese su amigo Francisco Riquelme. Pues bien, el 20 de febrero de aquel año, la víspera de que Rajoy pidiera al Ministerio de Justicia que su amigo se quedase con el registro de Santa Pola, Riquelme constituyó una empresa denominada Inlimur. Con fincas en la localidad murciana de Abanilla, ha multiplicado por 20 su capital social desde entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones. Rajoy tampoco ha aclarado si tiene o ha tenido algún vínculo, de forma directa o indirecta, con dicha empresa.
Todo lo relacionado con la situación administrativa de Rajoy ha estado marcado por la opacidad desde hace años. Y no sólo porque el presidente del Gobierno se niegue a ofrecer cualquier dato. En 2001, el Gobierno de José María Aznar dio instrucciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad.
Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos. La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".