Casi 31.000 personas dependientes fallecieron en 2019 mientras estaban en lista de espera para recibir asistencia

El año 2019 no deja buenas noticias para las personas con algún grado de dependencia. Al contrario, el recién clausurado ejercicio se consolida como el primero en el que aumentan las listas de espera en dependencia, desde el último lustro. "Hemos pasado de la paralización al retroceso", resume José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El balance destapa cerca de 20.000 personas más en lista de espera, lo que ya supone 269.854 afectados que aguardan ser atendidos, según los datos correspondientes al 31 de diciembre. Es la primera vez desde 2015 que la cifra experimenta un incremento.

Y entre las consecuencias más llamativas del aumento, la asociación destaca a las personas con algún grado de dependencia reconocido que fallecen antes de haber recibido las prestaciones necesarias. "Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a 31.000 personas", lo que se traduce en "85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos". El cálculo lo efectúa la organización a partir de los criterios avanzados en un informe elaborado en octubre de 2017, encargado por la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en base a datos de 2016. Aquella estadística revelaba que el número de fallecidos antes de haber recibido prestación equivalía a aproximadamente el 1% de la lista de espera de cada mes. 

Tal y como confirma la estadística mensual confeccionada por el IMSERSO, desde 2015 las personas a la espera de ser atendidas no habían hecho otra cosa que disminuir: aquel año fueron 384.326; en 2016 fueron 348.309; en 2017 fueron 310.120 y en 2018 la cifra se quedó en 250.037. Una reducción que sin embargo contaba con letra pequeña: la mejora se había logrado, principalmente, porque las administraciones se habían centrado en la atención de los casos menos graves y que requieren menos recursos, con un impacto menor en el erario público. Este año que se cierra, no obstante, rompe la tendencia y las malas noticias sin paliativos vuelven a ganar peso.

Paralelamente se ha podido constatar otro cambio de rumbo: en 2019 el número de personas en espera de valoración de grado fue de 159.193, lo que implica un ascenso de 30.625 personas respecto al año anterior. Más personas esperan por tanto entrar en el sistema de dependencia, de manera que los pacientes confirmados pasarán previsiblemente a engrosar las listas de espera por un tratamiento adecuado.

Y al incremento de personas en espera hay que añadir "lo escandaloso de los plazos de tramitación". De acuerdo a la asociación que preside Ramírez, la media de espera es de 426 días: un año y dos meses. Todo ello sin dejar al margen las importantes variaciones territoriales detectadas, un fenómeno que da buena cuenta de los "gravísimos problemas de gestión".

Sobre la inequidad territorial cabe señalar que "en la mitad de las comunidades autónomas la lista ha aumentado", dejando ascensos del 7,9% en Extremadura; el 7,8% en Asturias; el 4,3% en Madrid; el 3,9% en la Región de Murcia; el 3,3% en Illes Balears; el 1,9% en la Comunitat Valenciana; el 0,6% en Galicia y el 0,3% en Melilla. En Extremadura y Asturias se añade otro dato sangrante: durante 2019 ha disminuido el número de personas atendidas (966 y 952 personas menos, respectivamente). Al respecto, Ramírez subraya que "no mantener la tasa de reposición es terrible, porque significa que no se ha invertido" en dependencia.

De acuerdo a las estimaciones de la asociación, "el ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención", todo ello "bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes".

Recortes y prórroga presupuestaria

Entre las razones que la asociación aduce para esta deriva en el sistema de dependencia se encuentran esencialmente dos: los recortes de 2012 y las prórrogas presupuestarias. "Los recortes inmisericordes asfixiaron económicamente a las comunidades", expresa Ramírez, quien recuerda que las entidades autonómicas son esencialmente gestoras. El tijeretazo al sistema pergeñado por Mariano Rajoy "supuso un retroceso terrible", agrega. En añadido, "el que no haya habido presupuestos con una inyección económica" para la dependencia impide el reflote de la situación.

Las dramáticas secuelas en el bienestar de los afectos es evidente, pero Ramírez detecta otras consecuencias mientras no se pone freno al problema. Existe un impacto marcado sobremanera por una cuestión de género. "Estamos hablando de que más del 75% de las cuidadoras son mujeres: hijas, madres o esposas", recuerda, de manera que recae sobre sus espaldas toda la sobrecarga derivada del problema.

Por otro lado, una vertiente estrictamente económica sugiere que "reducir la lista de espera en un 75%, incrementando el número de personas atendidas en 200.000, tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros y requiere de unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas".

Nuevo Gobierno

Para Ramírez, el nuevo Gobierno de coalición debe tomar cartas en el asunto. Dice que el anuncio de unos Presupuestos Generales del Estado para verano ha sentado como "un jarro de agua fría". La necesidad apremia, recuerda, y este puede ser "otro año perdido para la dependencia". La solución pasa, a su juicio, por la ejecución de los fondos necesarios a través de un real decreto ley. Y por cumplir el Pacto de Estado por la Dependencia para "recuperar los recortes producidos".

El número de personas en espera de atención por dependencia aumenta por primera vez desde 2016: ya son 426.000

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Y sobre todo recuerda que "hay personas que no tienen tiempo". A día de hoy, "un 54% de las personas en situación de dependencia tiene más de 80 años" y el pasado año "31.000 fallecieron sin recibir prestación". La alerta se traduce en un mandato claro: "Hay que ponerse manos a la obra cuanto antes".

En el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones adquieren una serie de compromisos en materia de dependencia. "Mejoraremos la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera", se apresuran a prometer. En ese sentido, impulsarán "la reducción drástica de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%". Esta inversión, agregan ambas formaciones, no sólo "revierte los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012", sino que además "permitirá adaptar los servicios a los nuevos avances tecnológicos que, como la tele-asistencia avanzada, contribuirán a alargar más tiempo la vida autónoma de las personas".

El nuevo Ejecutivo también plantea "mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de dependencia", todo ello a través de un "esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo", además de recuperar "el nivel acordado derogado por el PP". La financiación, matizan, debe ser de "carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron" hace ya ocho años.