Adade y el PSOE piden al juez de 'Púnica' que se aparte de la pieza que afecta a El Corte Inglés porque da clases en su centro universitario

La asociación de abogados progresistas Adade y el PSOE, que ejercen la acusación popular en Púnica, acaban de pedir al juez Manuel García Castellón que se aparte de la pieza del caso donde se investiga el urbanismo en Valdemoro, donde está recién imputado un exdirectivo El Corte Inglés por una recalificación bajo sospecha. 

Adade y los socialistas reclaman al magistrado que se abstenga porque "es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente del Corte Inglés". infoLibre comprobó a última hora de este miércoles que la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que el magistrado, titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, tiene concedida la compatibilidad como tutor online del Ramón Areces desde septiembre de 2017. La web no ofrece información sobre las remuneraciones que la docencia reporta a los jueces que la ejercen bajo autorización del órgano de gobierno.

El exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano, que rompió amarras con la cadena hace ya años, la representó en los convenios y contratos que entre 2001 y 2006, con 2004 como punto álgido, sirvieron para cerrar en Valdemoro (Madrid) una operación urbanística de la que se benefició la trama investigada. Soriano está citado a declarar para este viernes 24 de julio. Este periódico no ha logrado conocer a través de su entorno qué decisión adoptará García Castellón tras el escrito presentado por Adade y el PSOE. El plazo de instrucción de la causa expira en principio el 27 de agosto. No se sabe aún si alguna de las partes pedirá una nueva prórroga en cumplimiento de la recién aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que así lo autoriza.

El escrito de las acusaciones argumenta así la petición para que el juez se abstenga en la denominada Pieza Separada 4 de Púnica. "En el caso que nos ocupa, y sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004 consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados. Hasta donde sabemos, todo ello afecta a la PS 4 de las DP 85/14 conocidas como causa Púnica, cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente de El Corte Inglés"

Faustino José Soriano es el antiguo jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés. Comparecerá este viernes, 24 de julio, como investigado por una operación urbanística bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares –Adade y PSOE– y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la cadena de distribución poseía en el municipio madrileño de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operación benefició sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertiría en el número dos del PP madrileño: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de PúnicaPúnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destapó en 2009 el diario Público. 

Una negativa a la imputación que fue revocada

El juez había denegado la imputación de Soriano, con quien no ha logrado contactar este periódico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El Paísnegó toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participación en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a la Fiscalía y a las acusaciones populares, lo que obligaba al juez Manuel García Castellón a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de Púnica sostenía que "la afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés" se basa "en el más absoluto vacío indiciario". 

Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano participó en convenios públicos y privados –estos últimos, con Obras y Vías, de Cid Sicluna– que en 2004 condujeron a la recalificación de los terrenos que El Corte Inglés poseía en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consiguió. 

La operación incluía también la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un área industrial donde El Corte Inglés preveía levantar una plataforma logística que no llegó a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena negó este martes cualquier irregularidad en ningún eslabón de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado salió perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo hace una semana que la vinculación profesional con Soriano dejó de existir hace años. 

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Sobre el papel de Soriano, la Fiscalía había destacado en su escrito que colaboró "en un plan que desviaría de las arcas públicas más de siete millones de euros y sustraería al Ayuntamiento unas plusvalías que pudieron superar los 60  millones de euros". 

En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuación concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados –Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza– y El Corte Inglés. Ni del escrito de la Fiscalía, escribe García Castellón, ni de la documentación que lo acompaña se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuación concertada de la mercantil El Corte Inglés" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centró la operación.