El Gobierno ultima una ley para reducir la desigualdad entre los servicios sociales de las comunidades

Este lunes hubo dos actos en Madrid en los que se abordó la pobreza. Uno fue la Casa de América, donde la consultora Thinking Heads celebró el acto Liderazgo político y reglobalización. Allí tomó la palabra Mariano Rajoy para mostrar su preocupación por el "populismo" del Gobierno, que busca "dividir entre ricos y pobres". "No es un buen objetivo pretender cargarse a los ricos. Mejor es pretender cargarse a los pobres y hacerlos ricos", afirmó. El otro foro tuvo lugar en el Espacio Bertelsmann, donde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social convocó un debate con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ninguno de los académicos, investigadores, integrantes de asociaciones o responsables políticos que tomaron parte en este segundo acto logró viralizar sus mensajes tanto como Rajoy con su frase sobre a quién era mejor "cargarse". Pero el acto dejó, además de un puñado de reflexiones documentadas en torno a la pobreza en España, pistas sobre la acción inmediata del Gobierno en este campo.

El Ejecutivo ultima dos leyes, salidas de su ala morada, que tienen entre sus fines principales la lucha contra la pobreza. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos) confía en que puedan quemar etapas a buen ritmo para entrar en tramitación parlamentaria a primeros de 2023 y ser aprobadas por las Cortes antes del final de la legislatura, pero los plazos ya apremian. A la Ley de Familias se suma la de Servicios Sociales, sobre la que apenas se conocían detalles. Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales (UP), explicó que la norma pretende que por primera vez queden establecidos unos estándares mínimos de calidad en los servicios sociales en todas las comunidades, reduciendo la brecha de desigualdad.

Plazos "justos"

El departamento de Ione Belarra (UP) pretende la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los dos anteproyectos "en las próximas semanas" en primera vuelta y "antes de final de año" en segunda, explica a infoLibre Bezunartea. Entre una y otra vuelta son necesarios informes del Ministerio de Política Territorial y del Consejo de Estado, entre otros. Si se cumplen esos plazos, la tramitación parlamentaria empieza a primeros de 2023.

¿Da tiempo a culminarla antes de final de la legislatura? "Estamos justos, pero estamos. La idea es hacerlo con toda la prisa que podamos. No todo depende de nosotros", afirma la directora general, que recalca que durante la elaboración de la norma el Ministerio está ya en conversaciones con todas las comunidades para "avanzar con paso firme".

Unos mínimos de calidad

De la Ley de Servicios Sociales se ha hablado mucho menos que de la Ley de Familias. Apenas hay rastro de pronunciamientos sobre la primera. Ambas tienen en común que entre sus objetivos está el combate contra la pobreza y que están incluidas en el plan normativo del Gobierno para 2022. Este lunes Bezunartea anunció que la ley está en la fase final de su elaboración.

Su enfoque, explicó Bezunartea, contempla el diagnóstico de la OCDE, según el cual España necesita mayor cohesión en su sistema de prestaciones sociales. Las distintas comunidades han establecido "derechos subjetivos" vinculados a las prestaciones, pero "lejos de la universalidad" y con un desarrollo "muy desigual". Existen por ello "diferencias muy importantes en la protección que las personas reciben", explicó la directora general en el acto contra la pobreza.

Sin cuestionar la competencia autonómica sobre la materia, el anteproyecto persigue el establecimiento de "unos mínimos básicos" que los servicios sociales estarán obligados a prestar. Los mismos no podrán ser fijados por el Gobierno, pero sí acordados por el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, que reúne al Ejecutivo con las comunidades y representantes de la administración local. El objetivo es establecer un "suelo común de servicios y prestaciones que deben ser derecho subjetivo" en todo el país, unos "estándares" mínimos de calidad en su prestación y unos criterios de evaluación, añadió.

Políticas de "inclusión social"

En declaraciones a infoLibre, Bezunartea precisa que los servicios sociales abarcados por la norma son los recogidos en el catálogo en vigor, si bien este está "obsoleto" y debería ser actualizado por el Consejo Interterritorial. Ahora mismo este catálogo incluye siete grandes políticas para la inclusión social: información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración; autonomía personal y atención a domicilio; apoyo familiar; protección de menores; atención en residencias; prevención; y protección jurídica. A todo ello se suman en el catálogo la renta mínima de inserción, la ayuda para víctimas de violencia de género y las prestaciones para dependencia.

¿Cómo pueden fijarse unos "mínimos" o un "suelo" en unos servicios así? Bezunartea es prudente, porque no quiere pisar el terreno del Consejo Interterritorial, pero afirma que a su juicio habría que ir más allá de la "definición" actual de los servicios y fijar el punto en el que se garantiza que la persona que recibe la prestación alcanza las condiciones deseadas por la política concreta. "Por ejemplo, tenemos en algunas comunidades alojamientos muy dignos y en otras no", explica, sin querer dar nombres. Para el Ministerio es fundamental preservar la interlocución con todas las comunidades. La directora general se muestra consciente de que tras la norma tendrá que haber un "debate" sobre "cuánto tiene que poner cada administración".

Un intento de "poner orden"

La ley pretende "poner orden" en un ámbito, el de los servicios sociales, en el que ha habido múltiples leyes estatales y autonómicas sobre diversos temas –dependencia, infancia, violencia de género– sin una "norma general", añade

Además, es usual que las comunidades no hay delimitado con claridad las competencias –con excepciones como la Comunidad Valenciana–, por lo que hay un "lío" sobre qué administración, si el ayuntamiento o la comunidad, debe hacerse cargo de según qué servicios, señala. La norma quiere asegurar "gobernanza" entre los distintos niveles de la administración, garantizando además la prestación incluso si el ciudadano no está en su municipio de origen. En ocasiones, señala Bezunartea, hay que estar "empadronado dos años" para disfrutar de un servicio básico, algo que se quiere corregir.

Desequilibrios territoriales

La existencia de desequilibrios según comunidades es una realidad conocida en el tercer sector, el de las ONG, y también en el ámbito de la investigación sobre desigualdad en España. La socióloga Begoña Pérez, colaboradora del informe Foessa, reclamó este lunes, en el acto de la Red contra la Pobreza, un "mecanismo de redistribución territorial". "La pobreza no se reparte por todos los territorios por igual. Todo lo contrario. Está más presente en aquellas comunidades con peor tejido económico y con peor tejido de servicios sociales", afirmó Pérez, vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, que recalca que entre las "mejores rentas mínimas" están las de Navarra y País Vasco, donde hay "menores índices de exclusión social y de pobreza".

Un informe de junio de 2022 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también detecta "grandes diferencias" en los servicios sociales, lo que implica una "gran desigualdad de oportunidades". Aquí puede verse la tabla y el mapa con las puntuaciones del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales que elabora la asociación [ver aquí el informe]. La nota más alta la tiene Navarra (7,39), seguida de Castilla y León (6,89); a la cola, Madrid (3,07) y Murcia (3,09).

Desde el Ministerio de Derechos Sociales rechazan poner ejemplos de comunidades, tanto positivos como negativos.

Contra el déficit de datos y la "violencia administrativa"

La ley también recogerá medidas para "mejorar la gestión de los datos", un déficit desvelado por la pandemia, cuando "no teníamos datos agregados fiables para tomar decisiones urgentes", explicó Bezunartea.

Otro objetivo es la reducción de las "barreras de acceso" a los servicios sociales, que pueden llegar a la "violencia administrativa". La ley establecerá la "esencialidad de los servicios sociales", que deben estar garantizados "más allá de la coyuntura", continuó la directora general. Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, supondrá "un cambio de cultura de nuestras administraciones", que tendrán que adaptarse a los usuarios y no al revés.

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La Ley de Familias, otra norma que tiene entre sus objetivos atajar la pobreza, tendrá dos pilares: "reconocer la diversidad de modelos de familia" y "mejorar su protección social, jurídica y económica", según Bezunartea . La directora general recalcó que España invierte en políticas de familia un 1,3% del PIB, frente a un 2,3% del conjunto de la UE, un déficit que se pretende corregir. La norma recogerá una ampliación de las prestaciones por crianza de 0 a 3 años, ya recogida en el acuerdo de presupuestos de 2023 entre el PSOE y UP, explicó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. A esto se sumará una extensión de las ayudas a la conciliación, entre otras medidas.

Los dos altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales hicieron una reivindicación del trabajo realizado por el "Gobierno de coalición" para la lucha contra la pobreza, con medidas como la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, la ley rider y los reales decretos del llamado "escudo social". No obstante, también recalcaron la necesidad de una ley de vivienda, de una reforma fiscal y de una mejora de las políticas de garantía de rentas.

Álvarez reivindicó el "escudo social" por su contribución a evitar un "crecimiento exponencial de la pobreza" durante la pandemia, citando el reciente informe de la Red Europea contra la Pobreza, según el cual dicho escudo evitó la caída en la pobreza de 1,5 millones de personas. Pero el objetivo, dijo, no es sólo que "no aumente, sino que se reduzca". En España más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza, según datos del INE.