La Audiencia Nacional imputa al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los encargos a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos, el número dos y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explica que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al expresidente de Endesa Manuel Pizarro.

Fuentes de la compañía indican a Europa Press que ya en mayo se pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, y que será una oportunidad para esclarecer los hechos en una causa que se extiende desde 2019 con el consiguiente daño reputacional para la eléctrica. Sánchez Galán y Orbegozo han sido citados para el 7 de julio y Martínez Córcoles y Becker el día 6 de julio.

A lo largo de 22 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace un exhaustivo repaso por todos los hitos de esta pieza, que arrancó en octubre de 2019 tras recibir un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt —empresa de Villarejo— a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto Arrow, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario —aun en activo— accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial. El juez dice que hubo intención de ocultar esos trabajos porque las facturas no fueron emitidas por Cenyt sino por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad S.A. (CASESA) y apunta que por entonces, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado.

El informe de Del Olmo

En diciembre de 2004 uno de las personas clave de esta causa, quien fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, comunicó irregularidades en esos trabajos de Arrow a la dirección de Regulación, puesto que ocupaba el investigado José Luis San Pedro. Ponía de manifiesto que Asenjo le había comunicado que "Sánchez Galán había ordenado realizar unos trabajos especiales de vigilancia" y que "únicamente" eran conocidos por Bécker y Martínez Córcoles.

Ese informe apuntaba que Asenjo le dio tres remesas de facturas emitidas por CASESA por esa vigilancia. Además, hablaba de una segunda remesa que fue revisada y contabilizada por el también investigado Pablo Insunza, quien era director de Administración de Funciones Corporativas, algo que él mismo corroboró ante el juez. Pero el momento clave que recoge Del Olmo se produce en septiembre de 2004 cuando Asenjo le dice que quien hace los trabajos en realidad no es CASESA sino otra empresa "a la que Iberdrola no podía realizar pagos".

Además recogió que Asenjo le habló de otros trabajos similares por valor de 450.000 euros que no iban a ser ejecutados por CASESA, y en octubre le entregó una factura emitida por Cenyt.

Ese informe ha sido objeto de polémica en la instrucción, tal y como recuerda el magistrado, porque el superior a Del Olmo no recuerda haberlo recibido y no consta en el archivo de la eléctrica. Pero el juez dice que del testimonio de San Pedro y de un segundo informe de 20 de diciembre de 2004 redactado también por Del Olmo y firmado por los directivos Marcos Peña y Ángel Zarabozo en el que decían que esas facturas "no respetaban la normativa interna", puede inferirse que Sánchez Galán, Becker y Martínez Córcoles tenían "conocimiento de estos hechos".

El juez apunta que obra en la Agencia Tributaria pagos de CASESA a Cenyt por un importe total de 407.740 euros, a lo que suma que según oficios policiales también se han conocido en la causa hasta dos transferencias de más de 80.000 euros en agosto y septiembre de 2004 de CASESA a Cenyt. Esto "ratifica" la versión de los hechos aportada por Del Olmo.

Infringió la normativa interna

Además, García-Castellón menciona en su auto los diversos informes de cumplimiento elaborados por la eléctrica sobre esos contratos con Cenyt, y destaca los de febrero y marzo de 2020 en los que se apunta que las 12 facturas relacionadas con Villarejo, que no estaban asociadas a un pedido concreto dada su confidencialidad, debían enmarcarse en alguno de los cuatro supuestos previstos por la compañía, y sin embargo no fue así. "Se viene a reconocer que en la tramitación de las facturas correspondientes a este proyecto (...) se infringió la normativa interna vigente", añade.

Además, el magistrado recuerda que Asenjo ha reconocido que los conceptos de las facturas "no respondían a la realidad" y que él era quien comunicaba a Cenyt los conceptos que debían figurar. "Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos", apunta el juez.

En el auto también se recogen otros proyectos elaborados por Villarejo como el denominado Black Board o B-B que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro. El juez destaca que se requisaron numerosos informes que incluían acceso a tráfico de llamadas, y que Iberdrola abonó una factura de 93.438,66€ y una segunda en 2004 que ascendió a 116.00€.

El juez indica que en 2009 Asenjo encargó a Villarejo los denominados Gipsy y Posy. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

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En Posy el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer "cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola". De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo "solo tenía conocimiento Sánchez Galán", y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

Finalmente, el juez, tras hablar de otro de los proyectos (Wind), indica que de la contabilidad de Iberdrola se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe total de 1,04 millones. También menciona las conversaciones mantenidas entre Villarejo, Redondo —socio del comisario— y Asenjo en las que éste pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable.

Un dato que vendría a avalar, según el juez, que estos encargos no fueron esporádicos o puntuales "sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad".