Ayuso envía una carta a los contribuyentes presumiendo de una reforma fiscal aprobada hace casi quince años

La política de bajos impuestos siempre ha sido una bandera que el PP ha agitado con fuerza en su principal laboratorio neoliberal: la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en ruedas de prensa, en actos de partido, en mítines electorales... y ahora también a través de cartas enviadas a los contribuyentes. Desde hace un mes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está enviando a los declarantes del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) misivas en las que les indica cuánto dinero se han ahorrado gracias a las bonificaciones fiscales que existen en la región. Estos beneficios, sin embargo, no son fruto de cambios impulsados por el actual Ejecutivo conservador, sino que proceden de reformas fiscales llevadas a cabo hace casi quince años. El objetivo, dicen desde Hacienda, es informar a los madrileños "de lo que podrían tener que afrontar" en caso de que el Gobierno central "invada las competencias" en materia tributaria y "suprima las bonificaciones".

A comienzos de julio, Juana (nombre ficticio para preservar su identidad) recibió una de esas cartas, a la que ha tenido acceso infoLibre, con membrete oficial de la Comunidad de Madrid. En ella, el Ejecutivo de Díaz Ayuso le recordaba que en la declaración tributaria relativa al ISD presentada tras el fallecimiento de su padre declaraba un importe a ingresar de algo más de 100 euros. Y, tras esto, sacaba toda la artillería: "La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias normativas, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos". En caso de no haber apostado por estos "beneficios fiscales", continuaba la misiva, la cantidad que tendría que haber abonado a las arcas regionales hubiera sobrepasado ampliamente los 10.000 euros, en referencia a la cifra que constaba como base liquidable en su declaración. Es decir, eso es lo que debería haber pagado si el tributo estuviera bonificado al 0%, algo que no sucede, sin embargo, en la mayoría de las comunidades autónomas.

Otra carta idéntica llegó a la casa de Matea (nombre ficticio para preservar su identidad), la madre de Juana. En este caso, señalaba que gracias al Gobierno madrileño, en lugar de pagar más de 5.000 euros por la herencia de su marido, abonaría poco más de 50 euros. "Están redactadas con un claro carácter propagandístico", opinan desde el entorno de ambas mujeres. Desde la Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, explican a este diario que se llevan enviando a los contribuyentes desde finales de junio. Y que solo se están mandando en relación con las autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo al que la presidenta regional no descarta meter de nuevo mano durante su mandato. "Yo no quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado después de una vida de trabajo una buena herencia", decía Ayuso antes de la cita con las urnas del 4M.

Carta enviada por la Comunidad de Madrid a una contribuyente a comienzos de julio. | IL

A pesar de que los textos se estén enviando ahora a los contribuyentes, el ahorro no viene marcado por la política fiscal del actual Gobierno regional. De hecho, ni siquiera procede de la etapa de Cristina Cifuentes. Viene de mucho más atrás. En concreto, el punto de partida fue el 1 de enero de 2004, hace diecisiete años y con Esperanza Aguirre ya asentada en la Puerta del Sol tras el famoso tamayazo. Desde ese momento empezó a estar vigente la bonificación del 99% en la cuota tributaria derivada de adquisiciones mortis causacuando los herederos fuesen hijos o descendientes menores de 21 años –el denominado Grupo I–, tal y como fijaba la Ley 2/2004 de Medidas Fiscales y Administrativas. Hasta entonces, a estos contribuyentes se les aplicaban reducciones sobre la base imponible que podían alcanzar un máximo de 47.000 euros.

Sin embargo, las bonificaciones fiscales de las que se benefician Matea y su hija Juana llegaron tres años más tarde. El 1 de enero de 2007, hace casi quince años, entró en vigor la Ley 4/2006 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que introducía un cambio importante relativo al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre decidió ampliar el 99% de bonificación también a los herederos del Grupo II –descendientes y adoptados con 21 años o más, ascendientes, adoptantes y cónyuges–, al que pertenecen ahora mismo las dos protagonistas de esta historia. Un año antes, había decidido que las reducciones sobre la base imponible de los dos primeros grupos pudiesen alcanzar los 100.000 euros, lo que en la práctica permitía que buena parte de las herencias redujesen significativamente lo que tenían que abonar.

Merma de ingresos

Madrid fue pionera en bonificar al máximo este tributo, por el que la región está recaudando ahora mismo menos que en sus mejores años. En 2019, las arcas autonómicas ingresaron por la vía del ISD 455,4 millones de euros, casi 85 millones más que en el año previo a la primera bonificación de Aguirre –el ejercicio de 2003– pero bastante lejos de los 542,2 millones de euros que suponen el máximo de los últimos tres lustros. De hecho, desde 2008 la comunidad no logra superar la barrera de los 500 millones recaudados a través de este impuesto cedido a las autonomías.

Por el camino, cada año se quedan cientos de millones de euros en bonificaciones. En su informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calculaba que las rebajas fiscales en sucesiones suponían una merma de ingresos anual para Madrid de 2.663 millones. En los presupuestos de 2017, el Ejecutivo madrileño situaba el monto de beneficios fiscales correspondientes al ISD en algo más de 3.900 millones.

En las cartas enviadas, el Gobierno intenta que los contribuyentes se fijen en el ahorro de sus medidas fiscales comparando lo que tienen que pagar tras las bonificaciones con lo que deberían haber pagado si no hubiera ninguna. Sin embargo, en la mayoría de territorios, los descendientes directos y cónyuges suelen abonar importes simbólicos. Según el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2021, los sucesores del grupo I prácticamente no pagan en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y los territorios forales, mientras que en Castilla y León, La Rioja, Aragón o Cataluña se libran cuando no superan determinados límites elevados –400.000 euros en las dos primeras, por ejemplo–.

Los del grupo II, por su parte, se encuentran prácticamente liberados en Euskadi, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid o Murcia, mientras que otras como Castilla y León, La Rioja, Aragón, Asturias o Galicia aplican elevadas reducciones –desde 300.000 euros hasta 1 millón– que prácticamente evitan la tributación.

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A preguntas de este diario, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid empieza negando que Madrid sea un "oasis fiscal". "Efectivamente, cada comunidad autónoma gestiona sus tribuyos como cree más beneficioso para sus ciudadanos, en el marco de sus competencias. Nosotros, apostamos por un modelo fiscal de impuestos bajos que ha demostrado desde 2004 que favorece el crecimiento económico, la creación de empleo y ha dejado en manos de los madrileños 16.000 euros por contribuyente de ahorro fiscal", dicen desde el departamento que dirige Fernández-Lasquetty, desde donde niegan que las cartas, que son "meramente informativas", busquen hacer una comparación con otras regiones.

Entonces, ¿cuál es su objetivo? "Informar a los contribuyentes madrileños del ahorro que obtienen con la bonificación que se aplica en la Comunidad de Madrid y de lo que podrían tener que afrontar en el caso de que el Gobierno de España invada las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y suprima las bonificaciones en los impuestos de gestión propia", apuntan desde Hacienda. Se refieren a la intención del Ejecutivo central de actualizar los principales impuestos del sistema tributario español. Interesa, especialmente, sociedades. Pero no es el único.

"Hay figuras vinculadas a la riqueza, como el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, que también tenemos especial interés en escuchar cuál es la fórmula que proponen desde el ámbito académico", dijo durante la presentación de la comisión de expertos puesta en marcha para elaborar antes de febrero del año que viene una propuesta de reforma fiscal. No obstante, Ayuso ha dejado claro que dará batalla. Pocas horas después de aquellas palabras, la presidenta regional se comprometía a bajar el ISD también entre hermanos y tíos y sobrinos. Para los primeros, bonificándolo del 15% al 25%, mientras que para los segundos haciendo pasar dicha bonificación del 10% al 20%.