Feijóo critica que vayamos a votar en “vacaciones” a pesar de que él también convocó en julio sus últimas autonómicas

Después de meses reclamando un adelanto electoral, Alberto Núñez Feijóo ve ahora oscuras intenciones en la decisión del presidente Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar a las urnas el próximo 23J, la primera fecha disponible desde las elecciones del pasado domingo. 

Si este lunes, nada más conocer la fecha de la votación, decía que la intención de Sánchez era tapar el 28M —“sé que quiere que los resultados obtenidos [por el PP] pasen desapercibidos”, aseguró en una declaración ante la prensa—, ahora sugiere que lo que en realidad busca es desincentivar la participación: “Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra, hay que escoger entre Sánchez y España”, proclamó a modo de cierre de su discursos ante los barones del partido reunidos en la sede de la madrileña calle Génova. 

Lo que Feijóo no parece recordar es que él mismo convocó a las urnas en pleno verano la última vez que tuvo oportunidad de hacerlo, el 12 de julio de 2020. Era entonces presidente de la Xunta y en aquella ocasión no le pareció que llamar a votar en plenas vacaciones desincentivase una participación que todo el mundo ya temía que fuese baja porque España apenas acababa de terminar el confinamiento obligado tras la primera ola de infecciones provocada por la pandemia de la covid-19.

A pesar de este precedente, protagonizado por el propio Feijóo, en Génova siguen intentado criticar ls fecha de las elecciones con alusiones al calor y a las vacaciones de los votantes y obviando el mecanismo del voto por correo. Para ello defienden que Sánchez debió tomar la decisión con antelación, de manera que coincidiese con la jornada de municipales y autonómicas del 28 de mayo. En realidad el PP lleva pidiendo el adelanto de las elecciones desde mucho antes de la llegada de Feijóo a su presidencia. Su antecesor, Pablo Casado, las reclamaba ya en junio de 2021.

Lo cierto es que votar ya, el 23 de julio, no entraba dentro de los cálculos del PP. La maquinaria del partido tiene que volver a ponerse en marcha, cerrar un programa y seleccionar a los candidatos al Congreso y el Senado, sin haber planificado los mensajes y teniendo que lidiar con la necesidad de ponerse de acuerdo con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos. 

Ni oír hablar de Vox

De momento, al menos, Feijóo no quiere ni oír hablar de Vox. No hasta después de las elecciones del 23J. Y no lo hará a menos que Santiago Abascal se lo exija. La consigna de la dirección del Partido Popular es alimentar el relato de que el PP ha obtenido un resultado “contundente” haciendo gala del poder institucional recién conquistado. Y pasar de puntillas, en cambio, sobre las cifras de voto y la dependencia de la ultraderecha en casi todos los territorios en los que tiene opciones de gobernar. Porque aunque los conservadores han salido del 28M en situación de hacerse con ocho presidencias aurtonómicas, lo cierto es que en cifras globales apenas han logrado superar al PSOE por 760.000 votos y 3,4 puntos porcentuales (31,5% frente a un 28,1%).

Por poner una referencia, en 2007 el PP también ganó las municipales al PSOE, por 155.000 votos y siete décimas de diferencia. Un año después, los socialistas se impusieron en las generales por un millón de votos y casi cuatro puntos porcentuales.

El PP está en que ha obtenido un éxito “rotundo, inequívoco e incontestable”, en palabras del propio Feijóo. Así que su colaboradores se esfuerzan en trasladar que tiene fuerza suficiente para gobernar solos, aunque los números —y Vox— digan lo contrario.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, confirmó este martes que la prioridad del partido en las comunidades en las que tiene opciones para gobernar será hacerlo “en solitario”, sin llegar a acuerdos ni mucho menos formar gobiernos de coalición con la ultraderecha.

Sacar a los ultras de la agenda

En Génova saben que ese es un escenario que Vox no va a aceptar. Por eso, porque saben que tendrán que acabar aceptando las exigencias de los de Santiago Abascal, como ocurrió el año pasado en Castilla y León, están dispuestos a demorar todo los posible la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos con el objetivo de que los acuerdos con los ultras, si se producen, no visibilicen que el PP, por sí solo, no podrá formar gobierno después de las elecciones del 23 de julio.

El presidente de Andalucía y líder del partido en la comunidad, Juanma Moreno, corroboró esta idea antes de participar en la reunión de la cúpula del PP celebrada este martes en Madrid. “No hay ningún tipo de prisa en el diálogo con el resto de fuerzas políticas, hay margen de tiempo, no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni prisas en el diálogo con Vox y otros partidos", aseguró.

Los barones buscan el modo de distanciarse de los ultras y la primera que lo ha encontrado es la candidato del PP a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El presidente en funciones y líder del regionalista PRC, Miguel Ángel Revilla, quiere que su partido facilite la investidura de la candidatura más votada con tal de evitar que Cantabria “se contamine” con un pacto PP-Vox. Y puede hacerlo: si los ocho diputados del PRC se abstienen, la candidata del PP será investida presidenta de la comunidad gracias a los votos de sus 15 parlamentarios aunque PSOE (8 escaños) y Vox (4) voten en contra.

En cambio, en la Comunitat Valenciana, Aragón, Illes Balears, Murcia y Extremadura, sólo una improbable abstención del PSOE puede darles el gobierno sin la ayuda de Vox. Y es ahí donde entra la oferta de Feijóo de un pacto bipartito para facilitar mutuamente la investidura al más votado: los socialistas en Extremadura, donde fueron los que más apoyo recibieron en las urnas, y el PP en el resto de los territorios. 

Lista más votada, pero no para Bildu

Sin embargo, el respeto a la lista más votada que defiende Feijóo, como máxima expresión de la voluntad de los ciudadanos, no incluye los casos en los que esa posición la ocupe EH Bildu. En esos supuestos ha comprometido el apoyo de los concejales que ha logrado en el País Vasco (72, apenas el 2,6% del total) para privar a los abertzales de todas las alcaldías que sea posible (EH Bildu ganó las municipales en Euskadi con 1.050 ediles).

En línea con el argumentario fijado por Génova se mostró la candidata al Govern balear, Marga Prohens. Según ella, Vox debe abstenerse y facilitar gratis su investidura porque el PP suma más diputados que toda la izquierda. No hay otra "alternativa" a la del Partido Popular, se jactó a las puertas de la sede madrileña del PP. Es el mismo argumento que defiende Fernando López Miras en Murcia.

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Carlos Mazón, el candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, también quiere gobernar sin Vox. Jorge Azcón, su homólogo aragonés, ha sido más ambiguo: desea un ejecutivo “con el tronco central del PP”. Aunque también dice que “la alternativa [a un gobierno de coalición con los de Abascal] es que no haya discusiones en el Gobierno”. Es decir, un ejecutivo monocolor, previsiblemente apoyado desde fuera por la ultraderecha.

Del tono comedido a la hora de hablar de Vox se salió únicamente el alcalde en funciones de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acaba de conseguir mayoría absoluta y, por tanto, ya no dependerá de las exigencias de la extrema derecha para gobernar la capital. 

Almeida retó a a los ultras a negar las investiduras de los candidatos de la derecha. Si lo hacen, subrayó, tendrá “que dar explicaciones de por qué no hay gobiernos del PP” en aquellos territorios donde “la izquierda ha sufrido una derrota sin paliativos”.