Mientras la anunciada reforma educativa espera su turno, tres iniciativas de ámbito autonómico marcan el camino al Gobierno, adelantándose a la ley Celaá. Una sale de Madrid, con una iniciativa legislativa ideada por los colectivos sociales que pretende marcar el debate como hizo la PAH con la vivienda, y las otras dos de Cataluña y Navarra, con el impulso de sus gobiernos autonómicos. Las tres ponen en el punto de mira el problema que el PSOE y Unidas Podemos han identificado como clave: la segregación.
Este fenómeno, que tiene su expresión más impactante en la agrupación homogénea del alumnado por clases sociales, se abre paso poco a poco en la agenda política española. Lo contrario era difícil de sostener, dado el creciente número de informes oficiales e independientes alertando sobre sus dimensiones, especialmente en la Comunidad de Madrid, así como su responsabilidad en el ensanchamiento de las grietas de desigualdad social [ver aquí una información detallada sobre los datos disponibles]. Es "un cierre social de las clases altas", en palabras del investigador Jesús Rogero-García, uno de los mejores conocedores del tema. Un dato: entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiar de centro para que desapareciera la segregación.
Acuerdo PSOE-Unidas Podemos
El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos otorga un destacado relieve al problema. Ambos se comprometen a "eliminar la segregación", lo cual no deja de ser la expresión de una voluntad. Pero, además, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan una "nueva Ley de Educación" que garantice "desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo". El compromiso es combatir tanto la segregación por sexos, poniendo fin a la financiación pública de los colegios que separan a niños y niñas (Opus Dei, Legionarios de Cristo), como la social.
La identificación de la segregación como problema urgente es anterior a la coalición PSOE-Unidas Podemos. El anteproyecto llevado al Consejo de Ministros en febrero de 2019 ya incluía como principio rector la “perspectiva inclusiva”, lo que suponía la supresión del criterio de “demanda social” en la planificación de plazas. Lo que introduce el acuerdo es un énfasis en la reforma, que pasa de importante a urgente.
El músculo de la concertada
No será un camino fácil. El sistema español adolece de una elevada penetración de la concertada, en más de un 60% controlada por la Iglesia, que ha convertido las aulas en su principal bastión de influencia. Cualquier amago reformista es recibido con máxima hostilidad por la Conferencia Episcopal, los grupos de presión como Escuelas Católicas y las asociaciones de padres, numerosos medios conservadores, PP, Vox, Cs... Los tres partidos conservadores presentan un nivel de coincidencia casi total en torno a un modelo que queda bien descrito en un informe de la Universitat de València: "La segregación escolar es producto de muchos factores. La segregación residencial es uno de ellos, pero no es el único. Se promueve también desde las decisiones de política de educativa, decisiones tales como el fomento de mecanismos de cuasi-mercado potenciando opciones de elección de centro, el establecimiento de un distrito único o los rankings".
Rebajar la segregación exige, coinciden los expertos, alterar el statu quo del sector educativo, donde las posiciones son férreas y es complicado vencer resistencias. La ministra de Educación, Isabel Celaá (PSOE), ya ha comprobado la virulencia de las polémicas suscitadas por declaraciones en las que ha afirmado su oposición a someter la planificación de plazas a la "demanda social", consagrada por la Lomce, y su rechazo a que toda la política educativa esté sujeta a una noción de "libertad" de enseñanza que en la práctica es un eufemismo que encubre otra idea: la obligación del Estado de sufragar mediante conciertos todas las opciones que quieran los padres, incluso cuando atenten contra el principio de igualdad, como en el caso de los colegios que segregan por sexos.
Nada más empezar a andar el nuevo gobierno –y algo antes, mientras avanzaba la negociación de investidura–, el sector de la concertada ha empezado a enseñar músculo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, dijo tras las elecciones estar "sobresaltado" por las intenciones de Celaá. Este "sobresalto" ha marcado el tono del resto de agentes. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en los concertados, ha advertido de que utilizará "todos los recursos a su alcance" para frenar la "eliminación" de este tipo de enseñanza. Las Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Escuelas Católicas alternan contundentes pronunciamientos. En las comunidades surgen colectivos nuevos dedicados a "defender los intereses de la enseñanza concertada", como Schola Libera en Baleares.
Una batalla autonómica
De modo que se avecina batalla educativa, más allá de la abierta estos últimos días en torno al 'pin censor' propuesto por Vox y asumido por el PP. La letra del acuerdo PSOE-Unidas Podemos ha puesto en alerta al sector. Además de las alusiones a la segregación, está recogida la eliminación de la Lomce, que otorga facilidades a los centros privados financiados con fondos públicos. El pacto también se compromete a asegurar que los concertados deberán "informar al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias", intentando atajar una práctica que actúa como mecanismo de segregación encubierta. Lo cierto, no obstante, es que el Gobierno no dispone de todas las herramientas competenciales ni de inspección para materializar sus propósitos. El Estado fija la ley general. Pero las comunidades tienen mucho que decir. Tanto la LOE como la Lomce son leyes pródigas en alusiones a la "inclusión", lo cual no ha evitado que en comunidades como Madrid, guiadas por políticas de "libertad de elección", los datos de segregación se disparen.
Ha sido en las distintas comunidades donde se ha empezado a poner coto al conocido como "punto dinástico", una tradición asentada que favorecía el ingresos en los centros de hijos de alumnos de dichos centros, un factor de segregación de libro. Y es en las comunidades donde cada gobierno está adoptando una posición ante la encrucijada que ahora se presenta. Con las legislaturas en su primera fase, y por lo tanto siendo pronto para hacer evaluaciones, basta repasar los programas electorales para comprobar que el modelo aguirrista continúa siendo tomado como referencia por la mayoría del PP y en buena medida por Cs y por Voxaguirrista. No obstante, no todas las comunidades dominadas por la derecha ponen el timón en la misma dirección. En Castilla y León, por ejemplo, el decreto de admisión del presente curso presenta numerosos elementos recomendados por los expertos que tratan de guiar las políticas contra la inclusión. Mientras tanto, el Gobierno andaluz de PP y Cs, sostenido por Vox, prepara una reforma legal que ha provocado la alerta de la oposición –y de un sector de la comunidad educativa– justo por lo contrario.
Iniciativa popular en Madrid
Iniciativas legales en tres comunidades indican posibles caminos al Gobierno: Madrid, Cataluña y Navarra. La iniciativa en Madrid no parte del Gobierno de PP y Cs liderado por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que no han hecho el menor cuestionamiento a las políticas impulsadas por la derecha a lo largo de las dos últimas décadas. Viene de la sociedad civil. Concretamente, de los 232 colectivos que impulsan la iniciativa legislativa por la escolarización inclusiva, que cuenta además con el apoyo de 43 ayuntamientos [ver aquí la iniciativa y aquí la web del movimiento].
El proyecto recibió un empujón en marzo de 2018, cuando la Asamblea acordó el inicio de su tramitación, con el sí de PSOE, Cs y Podemos y la abstención del PP. No obstante, sus promotores se impacientan. Ya en noviembre de 2018, una concentración a las puertas de la Asamblea denunciaba el "bloqueo" a la iniciativa que, a juicio de los manifestantes, no era exclusivo del PP sino también de Cs. La pretensión de la plataforma impulsora es calentar la iniciativa ya. "Ahora mismo está en trámite de enmiendas, cuyo plazo se agota el 4 de febrero. A partir ahí empezará la negociación de las enmiendas, que puede prolongarse. Veremos. Sería la primera ley educativa en 40 años en Madrid. Todo se ha hecho con decretos, sin debate", explica José María Martín, miembro del grupo promotor de la iniciativa, que pretende que se abran paso principios de política educativa distintos de la reiterada "libertad" de los padres para elegir centro.
Los promotores de la ley –en rigor una ILA, iniciativa legislativa de los ayuntamientos, aunque sus impulsores la hacen llamar ILP, iniciativa legislativa popular– han lanzado esta semana un mensaje de presión a los grupos, conscientes de que el ambiente se caldea. “La región cuenta con la menor inversión por alumno/a de España, las mayores ratios docente-estudiante, una de las mayores tasas de repetición por vulnerabilidad económica, la segunda mayor tasa de segregación escolar por origen social de toda la OCDE [detrás de Chile] y ratios de especialistas de atención a la diversidad por estudiante que multiplican por cinco las recomendaciones internacionales”, señala el comunicado del grupo. Pese a ello, añade, “Madrid carece de una legislación específica para promover la inclusión, eludiendo su obligación de adaptar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008”.
La iniciativa madrileña ofrece un surtido de medidas y objetivos anti-segregación. La norma recoge un nuevo “diseño de la oferta de plazas y de los procesos de escolarización”, precisamente la palanca de todo el modelo aguirrista. El articulado clarifica los criterios para establecer la oferta de plazas, introduce filtros de transparencia, reduce el margen para que los concertados puedan cobrar cuotas por actividades obligatorias –una práctica ilegal pero muy extendida–, fija mecanismos para la “detección temprana de barreras”. La ley crea un nuevo concepto, la “tasa de necesidad escolar de apoyo a la inclusión”, es decir, el porcentaje de alumnado con necesidad de apoyo educativo respecto al alumnado total del centro. Cada centro deberá tener un informe aprobado por la inspección con esta tasa, para cuya determinación se observarán factores de riesgo como la incorporación tardía al sistema –frecuente entre los inmigrantes– o la percepción de renta mínima por parte de la familia... Todos los centros deben contar con “planes de evaluación de la inclusión”. Se trata de bajar del altar el concepto de “demanda social” y sustituirlo por el de “inclusión”. Un cambio de paradigma.
Pacto y tensiones en Cataluña
Cataluña es donde el debate se ha dado con mayor intensidad. El Síndic de Greuges, figura análoga al Defensor del Pueblo, impulsó un gran "pacto contra la segregación", iniciativa sin réplica en el resto de España. El pacto, que parte de que la segregación es “el problema número uno” del sistema escolar en Cataluña, cuenta con el apoyo del Govern (JxC y ERC), PSC, los comuns, un centenar de ayuntamientos y veinte entidades educativas, sindicales... Nació en marzo de 2019 lastrado por la falta de apoyo de Cs, PP y la CUP, pero con el propósito de verse acompañado a partir del curso de 2020-2021 de un decreto de escolarización que empezase a plantar cara a la selección clasista del alumnado. Incluye 189 medidas. ¿Ejemplos? 1) Asignación de financiación en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado. 2) Una proporción máxima (10%) de alumnado con necesidades específicas para centros de una misma zona, de manera que se evite la concentración. Es frecuente que ocurra. La enseñanza privada, contando la privada y la concertada, atiende a alumnos que cuentan con entornos socioeconómicos más favorables (el 65% de su alumnado) y participa poco en la formación de los alumnos cuyos entornos son desfavorables para la educación (8%).
Salir de esa dinámica obliga a cambiar los criterios de admisión, con una idea en mente, a la que ha puesto palabras el conseller de Educación, Josep Bargalló (ERC): “El derecho no es sobre con quién estudian nuestros hijos, sino sobre cuál es el proyecto educativo que queremos para nuestros hijos". El decreto en el que está trabajando el Govern prevé discriminar positivamente en la transferencia de recursos a los centros y las familias socialmente menos favorecidos, medidas para evitar que las cuotas se conviertan en factor de segregación, mayores inspecciones para evitar el fraude a la hora de fijar residencia para que los hijos entre en el colegio deseado... La autoridad educativa va a intervenir más intensamente que ahora. Pierde peso la "demanda social".
El caso catalán evidencia las tensiones que implica trastocar el sistema. Padres y madres de alumnos de la concertada, agrupados en las asociaciones Fapel y Ccapac, están en pie de guerra. La declaración de intenciones del pacto sonaba aceptable, el problema ha venido cuando la privada financiada con fondos públicos ha comprobado que su trozo de tarta podría menguar. "Hay una voluntad dirigista más propia de países totalitarios que de una democracia", señalan ambas asociaciones. La Fundación Escuelas Cristianas de Cataluña, patronal mayoritaria, ha amagado con salir del pacto si su concreción implica una merma de fondos públicos. Ante estos movimientos, la Plataforma Escuelas contra la Segregación ha pedido "valentía" al Govern. Y se ha preguntado, ante la posibilidad de que el decreto no esté para el curso 2020-2021, "hasta qué punto la lucha contra la segregación es una iniciativa exclusiva de la conselleria o del conjunto del Govern".
Hay que recordar que, unidos por la causa independentista, en el Govern hay un partido de derechas (JxC) y uno de izquierdas (ERC). Este eje izquierda-derecha habrá que tenerlo en cuenta cuando haya votaciones sobre educación en el Congreso. La mayoría anti-Lomce no tiene por qué extenderse al programa "inclusivo" del Gobierno de coalición. Ni siquiera el PSOE votó a favor de la moción anti-segregación de Unidas Podemos de marzo del año pasado, al no estar de acuerdo con la creación de una "red única" de centros públicos. Ir de los principios generales a las medidas concretas exigirá hilar fino.
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Un decreto foral en marcha en Navarra
El Gobierno de Navarra (PSN-Geroa Bai-Podemos) también ha activado ya la maquinaria. "La normativa actual, a nuestro criterio, no es garantista", señala el socialista Carlos Gimeno, consejero de Educación. "El poder público tiene la responsabilidad de organizar" la escolarización para "evitar la fragmentación social", añade, abundando en la misma idea: la "libertad de los padres" no puede ser el eje vertebrador del modelo. El acuerdo de gobierno de los tres partidos coaligados e Izquierda-Ezquerra señala como compromiso: "Promover medidas para evitar conciertos con centros educativos que segreguen al alumnado por razón de sexo; que utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas, de orientación sexual...".
"No es que no haya centros de titularidad privada ejemplo de innovación y responsabilidad social, que los hay, pero no son mayoría", añade Gimeno, en conversación con infoLibre. Su departamento ya trabaja en un decreto foral. Si se cumplen los plazos previstos, regulará la escolarización en el curso 2021-2022. El proceso es largo, e incluye trabajo con "sindicatos, enseñanza privada, mesa sectorial pública, asociaciones de padres y madres"... Hay contratada incluso una consultora para trabar consensos. No es probable que todas las partes terminen satisfechas. Es raro que ocurra cuando hay cambios en el reparto del poder. Y la educación es poder.
Mientras la anunciada reforma educativa espera su turno, tres iniciativas de ámbito autonómico marcan el camino al Gobierno, adelantándose a la ley Celaá. Una sale de Madrid, con una iniciativa legislativa ideada por los colectivos sociales que pretende marcar el debate como hizo la PAH con la vivienda, y las otras dos de Cataluña y Navarra, con el impulso de sus gobiernos autonómicos. Las tres ponen en el punto de mira el problema que el PSOE y Unidas Podemos han identificado como clave: la segregación.