El ‘caso Rubiales’ hace estallar la burbuja del fútbol y muestra la necesidad de reforzar los controles

Cuando Luis Rubiales aterrizó en la cúspide del fútbol español lo hizo con la promesa de regeneración bajo el brazo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) venía de una época convulsa. Su antecesor en el cargo, Ángel María Villar, había sido detenido unos meses antes en el marco de la llamada operación Soule, centrada en una supuesta trama de corrupción federativa. Por eso él, el exjugador del Levante que decidió reinventarse, situó la "transparencia y la fiscalización" como uno de los puntos "estrella" de su política en cuanto cogió las riendas de la Federación. Ahora, seis años después, es el ya expresidente Rubiales, caído en desgracia desde el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso, quien se encuentra bajo la lupa de la justicia.

Lo que se investiga en el marco de la operación Brodie, capitaneada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, son las supuestas irregularidades alrededor de los contratos adjudicados por la Federación Española de Fútbol durante un lustro. Entre ellos, algunos relacionados con las obras en el estadio La Cartuja de Sevilla o la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, un proyecto que salpica por su papel de intermediación al exfutbolista Gerard Piqué, que por el momento no ha sido imputado. Los investigadores hablan en sus informes de la "creación de una incipiente estructura societaria" conformada por "personal directivo" de la RFEF, de "ofertas ficticias", de adjudicaciones "a cambio" de "pagos" o del envío de dinero efectivo a República Dominicana.

Los documentos policiales aportados a la causa, seguida en un juzgado de Majadahonda y que aún se encuentra en una fase muy incipiente, sugieren también un descontrol de fondos en la cúspide del fútbol español durante el mandato de Rubiales. En concreto, mencionan un desfase –la UCO habla de "sobrecostes"– de 5,7 millones de euros entre las cantidades en concepto de viajes declaradas por la Federación entre 2018 y 2022 –73,8 millones– y las facturadas a la RFEF en ese mismo periodo por las sociedades del Grupo Globalia, que se adjudicó la gestión de dichos desplazamientos –79,5 millones–. La compañía ha asegurado en las últimas horas que sus contratos con la Federación se han "ajustado absolutamente al rango de precios existentes en el sector".

Aunque el nombre pueda sugerir lo contrario, la Real Federación Española de Fútbol no es un organismo público. Se trata de una "entidad asociativa privada" carente de "ánimo de lucro" que se encarga, entre otras cuestiones, de controlar las competiciones de ámbito estatal o de autorizar la venta y cesión de los derechos de transmisión televisada de los acontecimientos deportivos. Pero al mismo tiempo está considerada de "utilidad pública" y se rige por la Ley del Deporte. En su ámbito de actuación, puede usar el nombre y los símbolos de España. Y recibe subvenciones. A finales de 2022 el Gobierno aprobó un real decreto para conceder una subvención directa de hasta 7,5 millones de euros a la RFEF para desarrollar la candidatura de España para el Mundial de 2030.

Tiene, en definitiva, un "carácter híbrido", como señalan los expertos en derecho deportivo consultados por infoLibre. Y goza, tal y como se recoge en sus estatutos, de "plena capacidad de obrar" para el "cumplimiento de sus fines". Es decir tiene autonomía. También en las contrataciones. "Disponen de sus propios procedimientos de contratación", explica al otro lado del teléfono Felipe García, abogado de Círculo Legal y miembro de la World Compliance Association. En definitiva, es la Federación la que lanza concursos y valora ofertas a través de unos órganos de adjudicación en los que suelen estar presentes el presidente o alguien designado por él y los directores de diferentes áreas –Asesoría Jurídica, Financiera y Operaciones, por ejemplo–.

La Real Federación Española de Fútbol cuenta desde hace un tiempo con un Código Disciplinario, un Código de Cumplimiento Normativo, un Código Ético o una Política Anticorrupción en los que se abordan aspectos como los conflictos de intereses, la aceptación de regalos o las adjudicaciones. "En la contratación de cualquier proveedor, la RFEF velará por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y la normativa existente en la misma, no asumiendo riesgos legales o reputacionales que puedan afectar a la Federación", se recoge en el último de estos documentos. "Su observancia activará sistemas de control que impliquen una diligencia reforzada del proceso/relación", completa el mismo.

El Manual de Procedimientos en el Ámbito Económico de la entidad recoge, además, algunos mecanismos de control alrededor de estas adjudicaciones. Así, establece que el Comisionado de Control Externo "supervisa y emite el dictamen previo preceptivo" sobre aquellos contratos que "impliquen un ingreso o un gasto superior a los 10.000 euros anuales", así como todas aquellas medidas que puedan tener un "impacto económico" superior a los 15.000 euros. "Sólo se dará trámite a los órganos competentes a las acciones que dispongan de un informe dictamen favorable del Comisionado. En el supuesto de que fuera desfavorable, los órganos de la RFEF deben abstenerse de dar curso al mismo", asevera.

El abogado Tomás González Cueto es quien se había encargado de esta función durante la etapa de Rubiales. Y es, en la actualidad, uno de los investigados en el marco de la operación Brodie. La UCO de la Guardia Civil sostiene que tenía "un rol de dirección y una importante capacidad de influencia en la toma de decisiones internas del ente federativo". Además, señala en sus informes, recogidos por Europa Press, que aparte de ser comisionado, facturaba desde su despacho a la Federación, por lo que él mismo sería quien emitiría informes favorables de pagos a su bufete, lo que el Instituto Armado entiende como un "conflicto de intereses". Tras estallar la operación, la RFEF anunció que rescindía el "contrato externo" con su despacho "como comisionado de control externo".

Recorte competencial en el Comité de Ética

Más allá de dicho órgano, la entidad cuenta también con un Comité de Ética, que es a quien corresponde, según los estatutos, "conocer, tramitar, investigar y resolver" aquellas conductas que puedan manchar la imagen del fútbol, especialmente cuando se trata de un "comportamiento ilegal, inmoral o carente de principios éticos". Un órgano al que la Federación, explica García, "recortó competencias" en 2021, cuando se llevó a cabo una reforma del Código Ético. Hasta ese momento, se establecía que este tipo de órgano podía "a su entera discreción" iniciar la "investigación de posibles infracciones" de oficio o en base a una denuncia. En la actualidad, puede actuar "a instancia o previa denuncia" del Departamento de Integridad o por el secretario general de la RFEF.

"Se le retiró la facultad sancionadora y la opción de actuar de oficio ante conductas que puedan perjudicar a la integridad y reputación del fútbol y ante posibles irregularidades cometidas por cualquier directivo de la Federación", apunta Juan Manuel Fernández, abogado, doctor en derecho del deporte y autor de la primera tesis sobre compliance deportivo en Europa. "Esto da cuenta de la cultura de cumplimiento que tenían los dirigentes. Si le quitas poderes y rebajas los estándares de diligencia debida y las obligaciones en materia de transparencia e integridad, abres la puerta a que se te puedan escapar casos de corrupción", asevera, por su parte, García.

Algunos exmiembros del Comité de Ética criticaron precisamente esta reforma ante la jueza que dirige la causa. "Las dos ideas centrales que regían en el que nosotros habíamos diseñado desaparecen. No aparecen claramente las infracciones y, sobre todo, no hay sanciones", afirmó el jurista José Luis Pérez Triviño durante su declaración como testigo. Tanto él como Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional, entraron en el Comité de Ética en 2018. Lo hicieron con la idea de la regeneración sobre la mesa. Pero lo que se encontraron fue otra cosa. "Todo lo que hacíamos iba a la papelera", sostuvo la catedrática, que reveló que cuando se quejaron les dijeron que ya no llevarían nada a la asesoría jurídica y que todo se lo tendrían que pasar a alguien de la Secretaría General.

Algunos abogados que conocen el funcionamiento interno del ente ponen en valor la valía de los perfiles técnicos que trabajan en el mismo. "Pero es difícil controlar al cien por cien cuando quienes se saltan los controles son aquellos que están en la cúspide", señala en privado un especialista en derecho deportivo y compliance. Ahora bien, no descarta que el estallido del caso Brodi obligue a la Real Federación Española de Fútbol a elaborar un nuevo "mapa de riesgos" para intentar detectar dónde han estado las "fallas" y tratar de "subsanarlas" para evitar escándalos similares a futuro. Otros letrados del mismo ámbito, sin embargo, piden calma. Recuerdan que la investigación está en fase embrionaria y que tendrá que ser más adelante cuando se advierta "si hubo algún tipo de falta de control".

Un refuerzo del control económico

Fernández, sin embargo, sí que detecta algunas deficiencias en el "programa de compliance –cumplimiento normativo– deportivo" de la Federación. Pone el foco, por ejemplo, en la falta de un "código a terceros" para prevenir "conductas delictivas" frente a proveedores o patrocinadores. También en la "ausencia de un código de buen gobierno específico, particular y propio" de la RFEF. O en la "carencia de un programa antifraude". Y no se olvida tampoco de la "omisión de limitación de mandatos": "La continuidad sin limitación temporal en cargos en las entidades deportivas tiende a generar un presunto ámbito de impunidad de quien los ocupa". Ni de la necesidad de "mitigar el poder de los asambleístas".

Del mismo modo, el experto, que ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre compliance deportivo, considera necesario "un control económico y de prácticas corruptivas más meticuloso y riguroso en todas las áreas de la estructura" de la Real Federación Española de Fútbol. Para ello, propone establecer una triple vigilancia: "En primera instancia, por el jefe de departamento; en segunda, por el compliance officer del ente federativo; y en tercera, por un órgano externo e independiente que garantice la objetividad, imparcialidad y transparencia máxima". También cree necesaria la implantación de "certificaciones externas" que corroboren "las buenas prácticas, la diligencia debida, la transparencia y el buen gobierno" del ente federativo.

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La Ley del Deporte, a la que está sometida la Federación, también recoge que el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo adscrito al Gobierno, ostenta facultades en materia de control económico de las federaciones y ligas profesionales. En concreto, puede recabar información para comprobar la situación económico-contable de las mismas, solicitar información a los auditores o denunciar las posibles irregularidades cometidas por estos últimos. Así, los estatutos de la RFEF obligan al ente a formalizar en el primer mes de cada año el balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos y elevarlas al Consejo Superior de Deportes para su conocimiento.

"Por parte del CSD, se podría aumentar la vigilancia, inspección y revisión periódica del presupuesto federativo, los ingresos y gastos, realizar una auditoría contable y financiera periódica (externa e independiente) y un seguimiento de las subvenciones concedidas, en aras de mejorar, fortificar y enriquecer el control público sobre las entidades deportivas, respetando, eso sí, su autonomía", apunta Fernández.

García, por su parte, también desliza la posibilidad de crear un organismo público de supervisión para un "control más exhaustivo". Al menos, dice, sobre las licitaciones a partir de un determinado umbral. "O que el órgano de contratación quede anclado en el CSD y no en la Federación", reflexiona. Otras fuentes consultadas, sin embargo, no creen que esto sea necesario. "Si todo se audita y supervisa correctamente, no es necesario que se haga a través de mesas públicas", considera en privado uno de los especialistas consultados.