Cesión obligatoria de las viviendas vacías, un contrato "indefinido" de alquiler y su prórroga automática

El partido liderado por Pablo Iglesias propone en su programa electoral para las generales del próximo 28 de abril la creación de un contrato "indefinido" de alquiler y la cesión obligatoria de las viviendas vacías para crear un parque público de alquiler, que se nutrirá de 50.000 casas cada año.

El objetivo que persigue Podemos, según su programa, es "garantizar un alquiler estable, asequible y seguro" y para asegurar la renta y la estabilidad del contrato "implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada". Y para los casos en los que el arrendatario sea "especialmente vulnerable" y el arrendador sea un gran propietario de viviendas, como sociedades inmobiliarias y fondos buitre, el partido morado propone que el contrato de alquiler se prorrogue "de manera automática".

Para Podemos, el derecho a la vivienda debe blindarse en la Constitución y afrontar el problema como una "cuestión de Estado" porque con la "burbuja del alquiler", argumentan, se destina más de un tercio de la nómina a pagar el alquiler y el 80 por ciento de los menores de 30 años viven con sus padres mientras hay 3,4 millones de viviendas vacías.

Por ello, proponen crear un gran parque de alquiler público de precio asequible incorporando 50.000 viviendas al año al mismo durante toda la Legislatura. Para ello, proponen establecer un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda.

A esta medida plantean sumar sanciones para impedir que se acaparen o se especule con viviendas vacías y aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Al tiempo que paralizarán y revertirán la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público.

Intervenir el mercado del alquiler

El partido morado también quiere intervenir el mercado del alquiler para impedir, afirman, "subidas abusivas". Para ello quieren controlar los precios entre personas físicas inquilinas y pequeños propietarios, mediante el establecimiento de "mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler".

Para ello, habilitarán a los ayuntamientos para que puedan regular los precios en los barrios y zonas "tensionadas", creando índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales. El objetivo es que no se pague más del 30 por ciento de la renta familiar en el alquiler.

Viviendas de la Sareb y fondos buitre, al parque público de alquiler

El partido de Pablo Iglesias quiere también auditar los activos tóxicos de los bancos rescatados con dinero público para incorporar al parque de vivienda pública las casas y pisos cedidas a fondos buitre y a la Sareb. Además, realizarán un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas y acabarán con las SOCIMI por entender que se trata de "mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda".

Siguiendo con la política que han llevado a cabo las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, el partido morado anuncia que pondrá "coto" a la "excesiva proliferación de pisos turísticos".

Coto y cupo para pisos turísticos

Para ello, permitirán a las comunidades de propietarios regular las condiciones de estos pisos y establecerán una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando

incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes.

Junto con las Administraciones locales, estudiarán también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para, dicen, "descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia".

Prohibirá el desalojo de viviendas ocupadas si no hay realojo 

En cuanto a la problemática de los desahucios, Podemos prohibiría los desalojos sin alternativa habitacional de personas y familias en situación de vulnerabilidad tanto por impago de alquiler como de ocupación en precario de una vivienda si antes la administración no ha garantizado un realojo en condiciones dignas.

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También prometen garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello, cambiarán el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba contra las cláusulas abusivas en los contratos.

A ello añadirán la protección de los deudores hipotecarios sin recursos limitando su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago y derogarán con efecto retroactivo el indicador de los tipos de interés IRPH.

En cuanto a los suministros básicos, afirman que los garantizarán e impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Esta protección durará un año y se extenderá mientras persista la situación de vulnerabilidad y sancionarán a las compañías que incluyan en los contratos cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.