Los colectivos memorialistas piden un 2021 que reconozca claramente a las víctimas: “Ya es hora de que el Estado pida perdón”

Emilio Silva lleva ya dos décadas trabajando intensamente para rescatar del olvido a las miles de personas asesinadas y arrojadas a una cuneta durante la guerra civil y la posterior dictadura. Empezó con su abuelo, pero no tardó en convertirse, junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en el faro al que dirigirse para recuperar todos estos restos perdidos. En todo este tiempo, no ha parado. Tampoco durante la pandemia. Hace algo más de un mes, el colectivo se encontraba trabajando sobre una fosa en Andorra (Teruel). Fue la última intervención del año de una asociación con una enorme lista de deseos de cara a 2021. “Llevamos ya tanto tiempo esperando que te puedo enumerar uno a uno todos los cambios que nos gustaría ver de una vez”, responde al otro lado del teléfono mientras deja aparcada la nota de prensa que está preparando. Una carta de peticiones que puede resumirse prácticamente sobre una idea: que el Estado se implique de manera directa en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que tantas veces llevan reclamando sin éxito, algo en lo que redundan otras asociaciones.

Los colectivos son plenamente conscientes de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el principio anunció que las víctimas de la guerra civil y la dictadura serían una de sus prioridades, ya tiene elaborada una reforma de la Ley de Memoria Democrática, que presentaron a bombo y platillo después del verano. “Nos dijeron que en tres meses se estaría debatiendo en las Cortes, pero todavía no se ha producido ningún movimiento”, se lamenta Silva. Al presidente de la ARMH no le parece mal que se legisle. Pero considera que el texto elaborado se queda corto, a la espera, claro, de las enmiendas que puedan incluirse durante la tramitación parlamentaria. “Nos gustaría que saliera una ley que atienda de verdad a las familias”, asevera. Comparte impresiones Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. En conversación telefónica con este diario, sostiene que es necesario que la nueva norma vaya “mucho más lejos” para poder acabar así con la “impunidad” de los crímenes franquistas. Porque no están dispuestos, dice, a tener que batallar otros trece años más para conseguir un texto mejor.

Apertura de las fosas

Los movimientos memorialistas creen imprescindible la creación de un organismo a nivel estatal que se encargue de atender a todas las víctimas. Algo a imagen y semejanza del Instituto Gogora puesto en marcha en Euskadi: “Te pones en contacto con ellos, te dan una cita, expones tu historia, se investiga y, en caso de encontrar el lugar donde pueda estar enterrado el familiar, el Gobierno vasco tiene un acuerdo con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que se proceda directamente a la exhumación e identificación de los restos”. Según los últimos datos de la institución, por esta vía se han llevado a cabo en los tres últimos años casi una treintena de excavaciones que han permitido recuperar los restos de cerca de un centenar de personas. A nivel nacional, el trabajo que queda por hacer en este sentido es inmenso. La última actualización del Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia referencia 2.246 enterramientos por todo el territorio. Los colectivos memorialistas siempre han defendido que esta cifra está incompleta y que el número total, aunque desconocido, podría ascender a tres millares.

En los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Gobierno ha reservado a la memoria histórica 11,3 millones de euros, una cantidad menor que la que planteó el propio Sánchez en su primer intento de sacar adelante unas cuentas públicas allá por 2019. De las partidas que no están dedicadas al gasto de personal, un 60% se va a destinar a apoyar los trabajos de exhumación. Los colectivos memorialistas, en este sentido, desean que se ponga fin de una vez por todas al “modelo de subvenciones”, lo que sitúa el peso de la búsqueda y la recuperación de los restos sobre las espaldas de las asociaciones. “Debe ser el propio Estado el que asuma de forma directa las riendas de estos trabajos y deje de estar al margen. Es la única manera de que se construya un buen pedazo de la verdad oficial sobre los crímenes del franquismo”, apunta Silva. La nueva Ley de Memoria Histórica establece que será la Administración General del Estado la que se encargue de la búsqueda de desaparecidos. Pero a los colectivos memorialistas les escama que se sigan sacando ayudas para que las asociaciones continúen exhumando restos.

A las víctimas también les gustaría ver durante el próximo año, dentro de esa idea de implicación absoluta del Estado, una condena institucional de la dictadura y un reconocimiento de las víctimas y sus derechos. “Nos dicen que tenemos que perdonar, pero nunca nadie nos ha pedido perdón a nosotros. Ya ha llegado la hora de que eso se haga”, señala Peinado. Es algo natural que ya se ha hecho en otros países. “Me inclino ante las víctimas del ataque de Wielun. Me inclino ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón”, decía hace un año en un acto público el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Unos meses después, era el Gobierno holandés el que pedía disculpas por la actitud de las autoridades del país ante la persecución de judíos que tuvo lugar durante la ocupación nazi. “Nosotros seguimos esperando todavía una declaración del Estado condenando la dictadura. Es muy sencillo y barato de hacer”, dice Silva, cuya asociación registró el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, una petición para que esto se lleve a cabo. Algo que llevan haciendo ininterrumpidamente desde hace años.

Una justicia implicada

Cuando los presidentes de la ARMH o de la Federación de Foros por la Memoria hablan de la implicación estatal, no se olvidan tampoco de la justicia. Hacen mención, por ejemplo, a los obstáculos puestos durante años a la investigación iniciada por las autoridades argentinas. O al absoluto pasotismo de algunos jueces cuando se les avisa de un enterramiento. “Cuando nosotros denunciamos la existencia de una fosa, en más de un 90% de los casos nos responde nuestro eco. Es decir, prácticamente nunca se lleva a cabo un procedimiento por parte del juzgado”, cuenta Silva, que recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los jueces a ir a “recoger información” cuando se les reporta la existencia de restos óseos que guarden vinculación con una muerte violenta. “Los jueces están incumpliendo con su deber, y eso se llama prevaricación”, denuncia. El “compromiso” estatal para que se haga justicia en todo lo relacionado con la represión franquista es otro de los deseos de Peinado para el próximo año.

La nueva Ley de Memoria Histórica dedica un capítulo a la cuestión judicial. Tres artículos en los que se establece que el Estado garantizará “el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura” y que contemplan la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Sin embargo, los colectivos presentan algunas dudas sobre cómo se podrá garantizar la primera cuestión teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que impedía la perseguibilidad de los crímenes franquistas. O el alcance o competencias que podrá asumir la nueva pata del Ministerio Público teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía de 1977 pesa como una losa sobre cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo o las torturas cometidas durante aquel periodo oscuro, como se ha encargado de recordar también Amnistía Internacional en un informe técnico presentado ante el Ministerio de Presidencia. “Va a estar atada de pies y manos”, sostiene el presidente de la ARMH.

Archivos y expolio

Los colectivos memorialistas también ponen el foco en los archivos y fondos documentales. “Es necesario que se rompa el candado”, explican. Y, para ello, dicen, tiene que retocarse con “urgencia” la Ley de Secretos Oficiales. “No sabemos cuántas cosas puede estar escondiendo el Estado respecto a la represión, y eso va en contra del derecho a la verdad de las víctimas”, resaltan. En este sentido, la nueva norma contempla que se promoverá una modificación de esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Sin embargo, no se especifica el alcance de los cambios previstos. Y, hablando de archivos, las asociaciones también marcan como un objetivo para el nuevo año la recuperación del fondo documental que está en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF): casi 27.500 documentos, la gran mayoría de carácter público, donados por Carmen Polo a la entidad. “Hace tres años llevamos esta cuestión a la Fiscalía, quien preguntó a Cultura si se sentía damnificada. A día de hoy, seguimos esperando una respuesta”, dice Silva.

Por los que lucharon, luchan y lucharán

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Franquistas homenajean al dictador el pasado 20-N en su tumba del cementerio de Mingorrubio. | EFE

Otro deseo de la ARMH para el nuevo año pasa por que el caudillo deje de estar enterrado en el panteón del cementerio de Mingorrubio, que pertenece al Estado. “Seguimos todos con nuestros impuestos financiando la tumba”, se quejan. Mientras, el Valle de los Caídos continúa siendo un lugar de exaltación para el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y un lugar del castigo para los familiares de todas aquellas personas cuyos restos fueron trasladados sin permiso al mausoleo que construyó en su momento el verdugo. Esa es otra de las tareas que tiene pendientes el Ejecutivo. En la nueva ley de memoria histórica, se remarca en relación con Cuelgamuros que “se atenderán las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares que solicitaron o soliciten la entrega de las víctimas inhumadas”. Sin embargo, ya existe desde 2016 una sentencia judicial que abre el camino a que determinadas personas puedan recuperar los restos óseos de sus seres queridos del Valle de los Caídos. A día de hoy, se sigue esperando el cumplimiento de dicho fallo. “Tanto el anterior Gobierno como este no han parado de marear la perdiz sobre este asunto”, señala Silva.

Pero la lista de deseos no termina ahí. Los colectivos memorialistas también incluyen en ella la necesidad de que se haga una auditoría del patrimonio amasado por la familia Franco de una vez por todas. Sobre todo, después de lo visto tras la recuperación del Pazo de Meirás y el inventario de todos los bienes allí ubicados realizado por Patrimonio Nacional, un documento en el que se avisaba de la presencia de “mobiliarios y enseres de carácter decorativo de índole marcadamente institucional”, algunos de ellos con origen “en las Colecciones Reales Españolas y cuya titularidad corresponde” al Estado. “Meirás solo es la punta del iceberg del expolio”, explican las asociaciones. Mientras tanto, los colectivos memorialistas ya se han organizado para exigir al Ayuntamiento de A Coruña que inicie el procedimiento judicial para recuperar también la Casa Cornide y para pedir que se ponga “vigilancia” en el inmueble a fin de evitar “el expolio de un bien público”. Una petición que llega pocas semanas después de que algunas furgonetas sacasen determinado mobiliario de la casa en poder de los Franco.