La concertada deja atrás la crisis a costa de la pública: así es el desequilibrio educativo que el Gobierno promete corregir

La educación concertada come terreno a la pública. El modelo privado financiado con fondos estales, que está aproximadamente en un 60% en manos de la Iglesia, avanza. Los números son elocuentes. En 2016, último año del que hay datos oficiales cerrados, el total de inversión pública en educación alcanzó los 47.578,9 millones de euros. A los centros públicos se dedicaron 41.523,5 millones, lo cual supuso un incremento del 2,06% con respecto al año anterior (40.681,8 millones). La subida en el porcentaje para la concertada fue algo mayor: un 2,35%, de 5.915,9 a 6.055 millones. Por primera vez la concertada pulveriza la marca de los 6.000 millones de euros, tras un crecimiento de su inversión que supera el 50% desde 2004. En cambio, la inversión en la pública sigue por debajo de los umbrales precrisis.

Este es el desequilibrio que el Gobierno pretende ahora corregir con su anunciada reforma de la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (Lomce, o Ley Wert), que tiene entre sus propósitos eliminar la referencia a la "demanda social" como rectora de la planificación educativa, una fórmula que está alimentando el auge –y la financiación pública– de la concertada.

El techo de inversión en centros públicos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas –sobre todo estas, que cargan con casi todo el peso inversor y las competencias– se alcanzó en 2009. La inversión en la pública llegó entonces a los 48.003,9 millones. Eso son 6.480,4 millones más que en 2016. El retroceso ha sido del 14,2%. La inversión de 2016 en la red pública también es menor que en 2008 (46.297,64 millones) y en 2007 (42.298,70 millones), todo ello según los datos de la serie estadística del Ministerio de Educación, que en su última actualización abarca de 1992 a 2016.

En el periodo 2009-2016, en cambio, la inversión en concertada ha subido de 5.891,02 a 6.055 millones, lo que ha supuesto 2,78% puntos más. No obstante, el salto parte de más atrás. En 2004 la inversión en conciertos fue de 4.025 millones. Desde entonces el porcentaje ha crecido un 50,4%. Desde 1992, año en que arranca la serie y en el que se dedicaron 1.615,59 millones a la concertada, el porcentaje dedicado a la misma ha crecido en casi un 275%. La financiación de la educación pública ha subido bastante menos a lo largo de toda la serie, un 134,47% (de 17.709 a 41.523,5 millones).

El avance de la educación privada también se observa en el número de centros. En el curso 2008-2009 había un total de 25.572 centros de enseñanza no universitaria: infantil, primaria, ESO, bachillerato, educación especial. La previsión para el curso 2018-2019 es de 28.531. Es decir, un 11,5% más. Pero el crecimiento no es homogéneo según la titularidad de los centros. El número de públicos creció de 18.061 a 19.112 (+5,81%) mientras el de concertados y privados pasó de 7.511 a 9.419 (+25,4%).

Alumnos y profesores

Dicha tendencia no se ve acompañada de un incremento paralelo de asunción de porcentaje de alumnado por parte de la concertada. El porcentaje de pública y concertada previsto para el curso 2018-2019 (67,5% y 25,7%, respectivamente) es similar al de hace una década. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La media de alumnos escolarizados en la escuela pública en la UE supera el 80%.

El índice de profesorado en la privada y concertada –de nuevo los datos publicados no dan detalle– sí se va inclinando a su favor. En la programación del Ministerio de Educación para el curso 2018-2019 hay 701.373 docentes en enseñanzas no universitarias. De ellos, el 70,3% son de la pública, mientras el 29,3% son de la privada concertada. Hace diez años los porcentajes eran 73,8% y 26,2%.

De Euskadi a Galicia

Por comunidades autónomas, las que más financiación pública dedican a transferencias a la educación privada son Euskadi (24,4% del total del gasto público en educación), Navarra (21,1%), Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%) [ver aquí tabla con los datos de 2016, últimos disponibles, en la página 57].

Las que menos son Galicia (8%), Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Cantabria (8,1%), Castilla La Mancha (9,1%) y Andalucía (10%).

Doble red

El actual sistema de conciertos encuentra su raíz legal en la Ley de Derecho a la Educación de 1985. Fue un intento de racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo, que había entregado a la Iglesia la tutela educativa de la sociedad. Visto en perspectiva, hubiera sido complicado ignorar a mediados de los 80 en la planificación educativa la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa vinculado al crecimiento demográfico y al cambio cultural.

Se posponía así el compromiso programático del PSOE de "escuela pública, laica, autogestionaria y pública". En teoría, no obstante, era una solución circunstancial. Lo cierto es que con el transcurso de las décadas se ha consolidado un modelo de doble red.

Los datos demuestran que la llamada "segunda red", la privada sostenida con fondos públicos, recibe comparativamente un trato preferente. Al mismo tiempo esta red utiliza mecanismos de segregación social en las aulas, como los cobros a las familias y la ubicación selectiva de los centros. Al situarse generalmente en mejores zonas desde los puntos de vista social, económico y cultural, su alumnado parte con ventaja a la hora de obtener resultados, lo que es a su vez utilizado por los promotores de este modelo educativo para afirmar que la segunda red da mejores resultados que la pública, invirtiendo la relación causa-efecto.

La Lomce, aprobada en 2013, ha supuesto además un espaldarazo a esta segunda red. "El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones", señala la ley, un claro alineamiento con las tesis eclesiales sobre la "libertad de elección". La redacción da una cobertura clara al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica, incluso en el caso de que segregue a niños y niñas por sus supuestas capacidades diferentes, otro de los aspectos que el Gobierno quiere finiquitar, lo que sería un golpe para el Opus Dei.

La norma impulsada por el que fuera ministro de Educación José Ignacio Wert amplía también las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blinda el criterio de "demanda social". En resumen, además de otorgar más presencia a la Iglesia en la escuela pública, le da mayor "libertad" para montar centros con mayor financiación estatal. Y todo dentro en un modelo que consagra la figura del "emprendedor" instruido en la "libertad personal". Ese es el modelo más aplaudido por la Iglesia católica española, principal promotora –a través de sus entidades– de la educación concertada en España.

La posición de la concertada

En paralelo a la ofensiva política del Gobierno, que está haciendo pública ya su propuesta de reforma de la Lomce, la escuela concertada también está dando respuesta. La Confederación Española de Centros de Enseñanza, tras su congreso celebrado del 8 al 10 de noviembre en Valencia, ha defendido en un comunicado que existe un "equilibrio estable y pacífico" entre las redes pública y concertada.

"La programación de la oferta educativa debe hacerse respetando la demanda social de las familias en la elección del centro educativo al que quieren llevar a sus hijos, y nunca emplearse como instrumento o justificación para facilitar la eliminación de aulas concertadas con demanda de alumnos similar a la de su entorno", señala el comunicado.

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Reunión el 3 de diciembre

El propósito reformista del Gobierno sobrevuela y enturbia ya sus relaciones con la Conferencia Episcopal. Su portavoz, José María Gil Tamayo, afirmó este miércoles que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha respondido a una carta de los obispos fijando una reunión para el 3 de diciembre en la que expondrá las líneas maestras de su reforma. Gil Tamayo indicó que eliminar el criterio de "demanda social", como quiere el Gobierno, es "poner en solfa" el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

"Cuando se entra en una dinámica de imposición en cualquiera de las modalidades legislativas que obvia el consenso y el pacto de las instituciones implicados, lógicamente estamos fuera del espíritu constitucional", señaló Gil Tamayo en una entrevista a Europa Press. El Estado, añadió, debe ser "garante y posibilitador" pero "subsidiario" en la educación porque "el derecho es primario de los padres" y eso "se tiene que traducir en la libertad de elección de centro" y en mantener la demanda social. Avecina choque con el Gobierno.