Podemos cuestiona las donaciones de Ortega: "Si quiere contribuir a lo público, que pague todos sus impuestos aquí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió este martes a consejeros autonómicos del Partido Popular, Esquerra Republicana, PSPV y PNV en el Palacio de La Moncloa. Un acto de primer nivel en el que también le acompañaba una ministra de su Ejecutivo, Carolina Darias (Sanidad), y dos vicepresidentes de una relevante asociación: la Fundación Amancio Ortega, el magnate dueño de Inditex.

El motivo del encuentro era la firma de un convenio de colaboración con la citada colaboración, que ha comprometido 280 millones de euros a las arcas públicas por medio de 10 equipos de protonterapia para el tratamiento del cáncer. Se trata de una técnica avanzada que es clave en la curación de muchos tipos de cáncer, especialmente el infantil. Estos equipos se distribuirán entre Madrid (dos en la capital), Barcelona (otros dos), Sevilla, Málaga, Valencia, A Coruña, Vizcaya y Gran Canaria, siguiendo tres criterios: la existencia de profesionales que puedan aplicar esta tecnología, el tamaño de la población que podrá ser atendida y la accesibilidad geográfica.

Sánchez agradeció "de corazón" la donación de Ortega. "A buen seguro será muy bien valorada por profesionales sanitarios y compatriotas", dijo, porque "es un ejemplo de cómo el refuerzo del Estado del Bienestar es un objetivo compartido por el conjunto de la sociedad y que requiere de la participación de los distintos agentes sociales".

Su socio de Gobierno difiere. La secretaria de organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, señala en declaraciones a infoLibre que "lo público no puede depender bajo ningún concepto de la voluntad de un empresario, ya estén motivadas las donaciones por su generosidad o convencimiento personal". "El sistema fiscal tiene una razón de ser y su progresividad se debe aplicar a toda la ciudadanía". Recientemente este diario reveló que el empresario montó tres sociedades en Malta para pagar menos impuestos por su superyate de 95 millones de euros. “Elude esos impuestos gracias a la ingeniería fiscal, si quiere contribuir a los servicios públicos, que pague todos sus impuestos aquí”, sintetiza la dirigente morada.

A juicio de Vesrtrynge "no es casual que este tipo de donaciones vengan acompañadas de una campaña publicitaria a escasas horas de la información publicada por ciertos medios de comunicación. Son operaciones estudiadas para limpiar su imagen y que no se hable, entre otras cosas, de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Es publicidad, no civismo". Para la número tres de Podemos "aunque es evidente que se trata de una cortina de humo para ocultar su elusión fiscal, ¿a quien le puede parecer mal que la sanidad pública disponga de más equipos? Ojalá todas las cortinas de humo para blanquear prácticas fiscales implicasen donaciones para mejorar los servicios públicos".

La opacidad de las donaciones

Será el Ministerio de Sanidad el que realice la compra de los equipos, adelantando estos 280 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 4 anualidades, con el fin de poder llevar a cabo el concurso de licitación. La Fundación Amancio Ortega irá ingresando la donación en función de los pagos que se vayan realizando hasta completar el total. "El coste final de los aparatos será de cero euros", aseguró Sánchez. Una vez adquiridos los equipos, el Ministerio los pondrá a disposición de las Comunidades Autónomas implicadas en el proyecto, que se encargarán de su instalación, mantenimiento y gestión.

Aunque el desembolso inicial y el reintegro posterior ascienden en total a 280 millones, en 2022 el Gobierno solo tiene previsto licitar contratos de compra de estos equipos por valor de 28 millones. Así queda consignado en el capítulo de Sanidad del proyecto de ley de Presupuestos que el Gobierno acaba de llevar al Congreso, donde hay una partida de 28 millones de euros para un "Plan de implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud" que tiene su base en la donación de esta fundación.

Este medio se ha puesto en contacto con los ministerios de Sanidad y Hacienda para conocer más detalles de estas donaciones, pero no ha obtenido respuesta. Según la información proporcionada por la Oficina Nacional de Contabilidad la cantidad donada hasta el 7 de julio para hacer frente a la covid-19 fue de 17.268.123,11 euros. Entre las empresas que hicieron pública esta donación están Inditex, El Corte Inglés, Mango y El Banco Santander.

La plafaforma en defensa de la sanidad pública rechaza estas donaciones. "El sistema sanitario público no debe depender para su funcionamiento de donaciones más o menos altruistas, sino que los recursos deben salir de los impuestos", señala su portavoz, Marciano Sánchez Baile. "Si alguien quiere dar dinero al sistema público, debería hacérselo llegar a los responsables de administrarlo para que ellos lo gestionen en función de criterios de salud pública, pero no condicionándolo a una enfermedad concreta", añade, ya que "no puede ser que alguien ajeno al sistema decida cuánto y dónde se invierte".

Ortega podría obtener un beneficio fiscal de entre 63 y 72 millones de euros

El impuesto de sociedades es el gravamen más conocido al que deben hacer frente las empresas. El tipo general se sitúa en el 25%, pero las exenciones consiguen que la cantidad que aportan las grandes compañías al final no sea tan elevada. En paralelo, los impuestos de las familias se han visto incrementados desde ese año 2007. El IVA y el IRPF crecieron, entre 2007 y 2017, un 14% y un 6%, respectivamente.

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Con esta donación, Ortega podría obtener un beneficio fiscal de entre 63 y 72 millones de euros, ya que la normativa tributaria permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo, confima a este medio José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

La elusión fiscal, un mecanismo legal que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos, repercute cada año en las arcas públicas en 31.800 millones de euros. Por lo que respecta al fraude fiscal, provoca unas perdidas 91.600 millones de euros. Unos datos que desgrana a infoLibre Vicente Losada, miembro de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad). "Nuestra presión fiscal está muy por debajo de la media europea. Concretamente, recaudamos 70.000 millones de euros menos al año", expone.

Losada pone el foco en la "falta de voluntad política para resolver y afrontar un problema tan serio como este" del Gobierno. "Me sorprende que se firmen este tipo de acuerdos cuando la recaudación por los impuestos que elude Ortega asciende a canditades mayores",zanja.