La cúpula fiscal da oxígeno a García Ortiz frente a las asociaciones mayoritarias que piden su dimisión

La Junta de Fiscales de Sala da un respiro al jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. El máximo órgano consultivo de la carrera ha respaldado mayoritariamente este jueves la decisión del fiscal general del Estado de mantenerse en el cargo pese a la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal contra él por la filtración de un correo electrónico que demostró que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, era quien había buscado un acuerdo con la Fiscalía por el fraude fiscal por el que está siendo investigado –y no al revés, como se había difundido desde la Puerta del Sol–. Solo ocho de los integrantes de la cúpula fiscal le han pedido expresamente que dimita, algo que han rechazado otros compañeros al considerar que sienta un precedente "peligroso".

El jefe del Ministerio Público convocó el cónclave poco después de que el Alto Tribunal decidiese abrir causa por revelación de secretos en torno a García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La Sala de lo Penal no pone el foco, a diferencia de lo que se había hecho hasta ahora, en la nota informativa que la Fiscalía lanzó desmintiendo el bulo del Ejecutivo madrileño. Al fin y al cabo, no contaba nada nuevo que no estuviese publicado. El Supremo se centra, más bien, en la filtración a algunos medios del correo que envió al Ministerio Público el abogado de González Amador ofreciendo un pacto y reconociendo delitos fiscales –el que tiró por tierra el relato que buscaban imponer desde Sol–. Un email al que tuvieron acceso una veintena de personas, entre ellas García Ortiz.

La reunión del generalato de la Fiscalía, que integran 35 miembros, dio comienzo a primera hora de la mañana. Y se prolongó durante casi tres horas. Estuvieron presentes 30 fiscales –cinco no pudieron acudir–. El primero en tomar la palabra fue García Ortiz. Durante su intervención, explicó a sus compañeros los motivos por los cuales considera que debe mantenerse en el cargo. Así, señaló que el Ministerio Público tiene que demostrar "fortaleza" y la estabilidad del mismo no puede quedar en manos de cualquiera que presente una denuncia. Además, ha insistido, como hizo anoche en una entrevista televisiva, en que él no ha filtrado correo alguno. Y ha recordado que no es él quien debe demostrar su inocencia.

La Junta de Fiscales de Sala ha sido informativa y en ella no se ha producido ningún tipo de votación. Ahora bien, el encuentro ha servido para tomar el pulso al nivel de respaldo que tiene en la cúpula el jefe del Ministerio Público tras la apertura de causa del Supremo. Porque tras la intervención de García Ortiz, han podido tomar la palabra para expresar su opinión los diferentes fiscales. Turnos por orden de antigüedad de los que el fiscal general del Estado no ha salido mal parado. Al fin y al cabo, según fuentes conocedoras del encuentro, sólo ocho –de alrededor de una veintena de intervinientes– le han recomendado expresamente que renuncie al considerar que es lo "mejor para la institución", evitando el "desgaste" de la misma.

Dentro de este grupo de críticos se encuentran los cuatro fiscales del procés –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena–, que mantienen desde hace tiempo un pulso con el jefe del Ministerio Público: formaron parte, en su día, del sector favorable a informar a favor de la admisión de la querella del novio de Ayuso que ha derivado en la causa del Supremo y fueron quienes trataron de impedir que el Ministerio Público informase a favor de la amnistía en la causa del procés. Y a ellos se han sumado la fiscal de criminalidad informática, Elvira Tejada, y los fiscales del Supremo Javier Huete, José Miguel de la Rosa y Antonio Narváez. Este último es uno de los fiscales conservadores que dieron su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la primavera de 2023.

Otros compañeros, sin embargo, respaldaron la decisión de García Ortiz de mantenerse en el cargo pese a la apertura de la causa. Dentro de este grupo, las fuentes consultadas sitúan al fiscal del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. Y también a la exfiscal general del Estado Dolores Delgado –hoy fiscal de Memoria–; la fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert; o la teniente fiscal del Supremo y número dos de la carrera, Ángeles Sánchez-Conde. Las fuentes también explican que dos de los fiscales que no pudieron acudir al cónclave, Teresa Peramato y Miguel Ángel Aguilar, enviaron un "mensaje explícito de apoyo" que, finalmente, no se reprodujo por la protesta de Narváez, que alegó que sólo podían intervenir si estaban en la reunión.

Algunos de los que han arropado a García Ortiz han resaltado que una dimisión sentaría un "precedente peligroso" que generaría un "riesgo a largo plazo" para el Ministerio Público. "Dimitir supondría dejar en manos espurias la capacidad de descabezar a la Fiscalía", han venido a sostener. Además, han pedido tener "claro" a quién beneficia la situación actual, en la que todo el foco se ha colocado sobre el fiscal general del Estado y se ha dejado de hablar de la denuncia del Ministerio Público contra "un defraudador" al que se acusa de haber dejado de pagar al fisco 350.951 euros valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Durante la reunión, que ha supuesto un balón de oxígeno para el fiscal, también se han hecho comentarios "desde un punto de vista jurídico" de la resolución del Supremo. En este sentido, alguno de los fiscales ha mencionado que no hay "indicios suficientes". El Alto Tribunal, en su auto, se agarra a que el único correo electrónico bajo la lupa –porque del que se publicó en El Mundo antes de que García Ortiz tuviera acceso a las comunicaciones no se hace ninguna mención– se filtró después de que lo recibiese el fiscal general. Ahora bien, a ese email, enviado a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, tuvieron acceso alrededor de una veintena de personas.

Algunos fiscales, además, se han mostrado convencidos de que la causa contra el jefe del Ministerio Público se archivará "rápidamente". Algo que, sin embargo, no tienen tan claro otros, que han avisado de que todo va a depender de las diligencias que practique el instructor, el magistrado Ángel Luis Hurtado. Entre quienes han moderado el optimismo de algunos de sus compañeros se encuentra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En total, según las fuentes consultadas, seis asistentes a la Junta de Fiscales de Sala no ha tomado la palabra. "Y quien no habla para pedir su renuncia se interpreta que es porque está en línea con el fiscal general", señalan fuentes presentes en el cónclave.

La mayoría del Consejo Fiscal pide su salida

Con esa primera prueba de fuego salvada, el fiscal general del Estado se ha presentado a primera hora de la tarde en el Consejo Fiscal, órgano del Ministerio Público que le asiste en sus funciones. Y ahí, el resultado ha sido distinto: petición mayoritaria de dimisión. Lo esperado, teniendo en cuenta que la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ocupan siete de los doce asientos en el Consejo. Los vocales de una y otra han pedido a García Ortiz que no continúe en el cargo ni un minuto más. Consideran que su salida tras la apertura de la causa por el Supremo es lo mejor para la institución.

La posición de ambos colectivos estaba fijada desde el mismo momento que se conoció la resolución del Alto Tribunal. "La dimisión del fiscal general es inevitable. Que se tenga que defender en un proceso penal y, a la vez, el Ministerio Fiscal tenga que actuar en defensa de la legalidad, cuestiona ésta última", apuntaba la Asociación de Fiscales en un comunicado. "Mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho", señalaban, por su parte, desde la APIF, la cual pedía también una reforma legal para incluir como causa de cese del jefe del Ministerio Público la apertura de un procedimiento penal.

García Ortiz ha recibido, sin embargo, el respaldo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal –Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite– y de las dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). De hecho, el colectivo también ha lanzado en las últimas horas un comunicado en el que discrepaban de la decisión adoptada por el Supremo y mostraban su apoyo al que un día fue su presidente. "Mostramos nuestra profunda preocupación por la presión y el desgaste al que, no sólo la figura del fiscal general del Estado, sino la institución del Ministerio Público en su conjunto, ya están siendo sometidos y que, seguramente, con ocasión de la decisión del TS se verá notablemente incrementada en los próximos meses".