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Sanidad pública

La despoblación sanitaria moviliza a media España contra los recortes de servicios públicos y los favores a la sanidad privada

Manifestante con un cartel que dice 'Verín non se pecha!' en la concentración en defensa de la sanidad pública gallega.

Los vecinos y vecinas de Verín, en Ourense, los de Tineo y Cangas del Narcea, en Asturias, los de la comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, los de Guardo, Barruelo y Brañosera, en Palencia… Todos, sin excepción, tienen algo en común. Y también lo tienen con los de otros pequeños municipios españoles que, sin ser capitales de provincia o grandes ciudades, están olvidados. Todos esos ciudadanos han salido recientemente a las calles por un mismo motivo: están perdiendo un servicio esencial, el sanitario. Los médicos buscan otro destino, se jubilan pero no llega ningún sustituto, los servicios de urgencias cierran, cada vez hay menos profesionales que puedan hacer las guardias… Y mientras, los vecinos siguen necesitando los mismos servicios, por lo que deben desplazarse muchos kilómetros para poder recibir la atención médica que requieren. No es un problema aislado, ni mucho menos. Se trata de una especie de despoblación sanitaria que ha llegado, parece que para quedarse, de la mano del éxodo de la España rural que va vaciándose con el paso de los años. 

El Ministerio de Sanidad encargó un estudio que se publicó en el año 2018, aunque se revisó a principios del año pasado. Llevaba por título Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas. España 2018-2030, y lo que reflejó no da pie al optimismo. Los expertos que realizaron el informe estimaron que, en ese periodo, la demanda de médicos especialistas experimentaría un crecimiento del 8,9%, pero la oferta caería un 1,2%. El déficit, por tanto, sería elevado. No obstante, el informe ya concluía que en algunas especialidades había falta de médicos, sobre todo en pediatría y medicina familiar y comunitaria. En 2018 esa falta era del 2,9%, pero entre 2025 y 2030 podría situarse cerca del 12%. Y uno de los motivos, sentenció el estudio, es la existencia de "plazas poco atractivas en lugares remotos o alejados de grandes núcleos poblacionales".

Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), añade que estos cierres son el reflejo del demantelamiento progresivo de la sanidad pública que distintos gobiernos han llevado a cabo. Para él, hay tres causas que explican que los cierres de estos servicios sean cada vez más frecuentes. La primera tiene que ver con la "disminución de los presupuestos públicos que se produjo con los recortes". "Los presupuestos de las diferentes administraciones sanitarias se disminuyeron de forma muy evidente. Cuando llegó la recuperación, casi todo el dinero se fue al gasto farmacéutico. De este modo —continúa—, los centros de gestión pública siguen en una situación de gran precariedad presupuestaria, muy por debajo de lo que tenían previamente". 

La segunda, explica, está relacionada con el "empeño de muchos gobiernos autonómicos en deteriorar y desprestigiar el sistema sanitario público para favorecer el crecimiento del sector privado". "Esto lo consiguen infrapresupuestando los centros públicos y cerrando servicios para favorecer que la gente que pueda se busque la vida en el sector privado", denuncia. 

La tercera causa, sentencia, está muy relacionada con todo lo anterior y, también, con lo concluido por el informe de Sanidad. "En la época de los recortes más profundos hubo una reducción muy significativa de las plazas que se convocaban para la formación de especialistas", recuerda. Como consecuencia, ahora nos encontramos con un "déficit de profesionales titulados". Y aunque las pruebas MIR de este 2020 y del pasado 2019 hayan aumentado el número de plazas, los efectos no serán inmediatos. "La repercusión sobre el sistema sanitario no se verá hasta el 2024 o el 2025", dice. 

¿Pero por qué los cierres de distintos servicios esenciales se producen en lugares pequeños? Sánchez Bayle no duda en la respuesta. "Se tiene la idea de que en esos lugares la capacidad de contestación de la gente es menor. Viven menos personas, son más mayores y, por lo general, más conservadores. Además, tienen menos visibilidad", argumenta. "Tienen una idea muy clara: vamos a descapitalizar el sistema sanitario público y lo vamos a hacer allí donde podamos", critica.

En lucha contra el cierre del paritorio de Verín

La noticia se conoció el pasado mes de diciembre y, desde ese momento, los vecinos iniciaron una lucha incansable para evitar que se hiciera realidad. El Sergas, el Servicio Gallego de Salud, había decidido cerrar el paritorio del hospital de Verín, en Ourense. La medida levantó tanta polémica que hasta los alcaldes de los municipios de la zona, un feudo conservador, protestaron contra ella. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, argumentó en su día que había pocos nacimientos, lo que había conducido a tomar esa determinación. Más tarde, la explicación fue modificándose, tal y como recuerda Eva Fernández, portavoz de los trabajadores del centro. "Dijeron que los profesionales perdían pericia porque había pocos nacimientos", lamenta. Y "la última excusa que dieron es que no había pediatras", denuncia. 

Pero no sólo es el paritorio. Según Fernández, antes de conocer esa decisión ya había convocada una protesta en el municipio para denunciar el "desmantelamiento" que estaba sufriendo su sanidad. "Ya estábamos pidiendo pediatras, nos faltaban cirujanos, internistas...", recuerda. "Antes de saber lo del paritorio ya veíamos un deterioro en varios servicios del hospital. Así que cuando nos comunicaron el cierre del paritorio nos dieron la razón. Fue decirnos que sí, que estaban desmantelando el centro", dice. Así que, con el apoyo de los vecinos, los trabajadores decidieron encerrarse. Lo hicieron el día 2 de diciembre, un día después de la fecha de cierre del servicio.

"Fueron 63 días de protesta, hasta que llegó el pediatra", dice Fernández. Con él, se reabrió el paritorio. Esa era la promesa que les hicieron. Aun así, Fernández lamenta que se han quedado con "un mal sabor de boca". Por eso, su lucha sólo está en pausa. "Seguimos pendientes de cirujanos, de internistas... No sé si es porque estamos en campaña, pero nos están diciendo a todo que sí, así que daremos el beneplácito de la duda a la nueva gerente, pero vamos a seguir con las movilizaciones", asegura. "El demantelamiento de la sanidad en Galicia es visible todos los días. Ahora se quejan de que no hay especialistas, pero en su día se fueron porque tenían contratos precarios. Si quieren potenciar la España rural y acabar con la despoblación y quitan servicios básicos están cayendo en una incoherencia total", sentencia. 

La movilización contra la pérdida de servicios en Asturias

Cerca de Galicia, en Asturias, también ha habido movilizaciones para denunciar la pérdida de servicios sanitarios. El pasado 7 de febrero, saltó la noticia de que la pediatra de Tineo había pedido el traslado. Ella avisó, según publicó El Comercio, porque su marcha suponía que 774 menores se quedaban sin especialista. Sin embargo, la plaza no se cubrió y, desde entonces, los niños y niñas son atendidos por un médico de familia. "Es imprescindible tener un profesional de medicina infantil en nuestro centro de salud para atender las necesidades de nuestro peques. No nos podemos quedar sin el servicio de pediatría", reclamó una vecina a través de una petición publicada en la página web de recogida de firmas Change.org. El pasado lunes 10 de febrero convocaron una manifestación, pero por ahora todo continúa igual. 

En Cangas del Narcea, un municipio cercano, tienen un problema similar. Los anestesistas del Hospital Carmen y Severo Ochoa denuncian que el Sespa, el servicio sanitario asturiano, les impone desplazamientos forzosos a otros hospitales como los de Jarrio y Arriondas, donde hay falta de estos especialistas. Pero esta cura, según dicen, es peor que la enfermedad. Y es que los vecinos de Cangas, con esta solución, empezarán a sufrir el déficit de anestesistas. 

Carlos Ponte es portavoz de la plataforma por la salud y la sanidad pública de Asturias y sitúa estas movilizaciones dentro de la clásica "tensión" que siempre hubo en la autonomía "entre el centro y la periferia". "La alas de Asturias siempre estuvieron en una situación tendente a la precariedad. Todas las inversiones se dirigen al centro, al triángulo de Oviedo, Avilés y Gijón. Además, en esto también influye que los profesionales rehúyen ir a las zonas de las alas", dice. Y eso se nota en la práctica. "Faltan profesionales" en esas zonas, denuncia. Y el problema es, asegura, "de planificación".

El desmantelamiento sanitario de Castilla y León

El 16 de julio del año pasado, el entonces recién elegido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, nombró a los miembros que conformarían su equipo de Gobierno en la legislatura. Y Verónica Casado fue su apuesta para ocupar el cargo de consejera del área de Sanidad. Ha pasado menos de un año de aquello, pero ya se ha ganado la enemistad de una muy buena parte del territorio. El problema ha sido el plan de reordenación que ideó. Según denunció UGT Castilla y León, lo que Casado pretendía era cerrar "de facto" los consultorios de pequeños municipios que, según el plan, se quedarían sin médicos. Según aseguró el responsable de Sanidad del sindicato en la comunidad, Miguel Holguín, este no era más que "el último clavo al ataúd de la España vaciada castellanoleonesa". Tal y como denunció, en "una multitud de nomenclaturas se quiere enmarañar el resultado final", que es que los consultorios médicos de los pequeños pueblos se quedarán sin médicos. 

Pero eso es sólo la punta del iceberg. Luis Ocampo, portavoz de la coordinadora de plataformas en defensa de la sanidad pública en la autonomía, asegura que distintos lugares de la comunidad llevan, al menos, dos años manifestándose. El motivo: el progresivo desmantelamiento que ha sufrido su sanidad. "En todas las provincias se están cerrando servicios, se están recortando plantillas, se está desmoralizando a los profesionales y se está creando un sistema de valores contrario a lo que tiene que ser una actitud vocacional en el sistema sanitario", denuncia. Ejemplos no hay pocos. 

Los vecinos que dependen del centro de salud de Quintanar de la Sierra salieron a las calles para protestar por el estado de la plantilla. Según publicó Diario de Burgos, no se han cubierto las vacantes de los médicos de Quintanar de la Sierra y Regumiel por falta de candidatos y, además, el facultativo de Neila ha solicitado su traslado a otro consultorio. Los de Guardo, en Palencia, se manifestaron el pasado día 10 porque, según denuncian, llevan dos años sin pediatra. "También hay manifestaciones en la provincia de Zamora, en Sanabria, en el barrio de Delicias de Valladolid, donde quieren eliminar una UCI de neonatología y pediatría, en Aguilar de Campoo, en Burgos...", relata Acampo. "No es un problema limitado, es continuo", critica. 

En Barruelo de Santullán, también en la provincia de Palencia, ocurre lo mismo. Llevan año y media sin guardias médicas y con falta de presonal en atención primaria. Pero para solucionar este problema concreto, el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos propuso una solución, según Público: lanzar un proyecto piloto para formar a vecinos que atiendan a enfermos en situaciones de urgencias. "Se están proponiendo cosas que son un despropósito", lamenta Ocampo.

La pandemia pone a prueba la fortaleza de un sistema sanitario público mermado por recortes y privatizaciones

Y aunque son zonas distintas, el motivo por el que ocurre es el mismo. "Las causas de estos cierres", explica Ocampo, "son los recortes que se han llevado a cabo en el sistema sanitario público durante mucho tiempo". "Se han impuesto por una filosofía política cada vez más instaurada que está a favor de la privatización, así que los recursos sanitarios públicos, además de recortarse, se han reorientado a la sanidad privada", denuncia. 

¿Hay solución?

"Todo tiene solución, lo que pasa es que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo", reclama Sánchez Bayle. Porque las consecuencias de esta despoblación sanitaria son catastróficas. "Se empeora la salud de la población que lo sufre porque se empeora el acceso de la población a unos servicios sanitarios de calidad. Además, al obligarles a acudir a la privada, la situación económica de la población se ve resentida", critica. Y también se destruye la España rural. "Si en un pueblo quitas el centro de salud, la escuela y el banco, el pueblo desaparece", lamenta.

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