El presidente del Senado urge a Armengol a convocar en el Congreso el pleno para votar el 'veto' a la ley antecedentes

La misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) acusó este miércoles al Ejército de Israel de "abrir fuego directo y aparentemente deliberado" contra una de sus posiciones cerca de Kafer Kela, donde un tanque Merkava israelí disparó contra una torre de observación y destruyó dos cámaras de vigilancia.

En un breve comunicado, la FINUL explicó que las fuerzas de mantenimiento de la paz observaron esta mañana, en una posición próxima a Kafer Kela, "un tanque Merkava de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) disparando contra su torre de vigilancia", en un ataque en el que "dos cámaras fueron destruidas y la torre resultó dañada".

"Una vez más vemos fuego directo y aparentemente deliberado contra una posición de la FINUL", agregó la nota en la que la misión de la ONU recordó al Ejército israelí y a todos los actores involucrados en el conflicto "su obligación de garantizar la seguridad del personal y los bienes de la ONU y de respetar en todo momento la inviolabilidad de sus instalaciones".

El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley impulsada por el PP para reformar la ley electoral e impedir que puedan ser incluidos en listas electorales terroristas no arrepentidos, que no hayan pedido perdón a las víctimas y no hayan colaborado con la Justicia.

La votación se ha saldado con 169 votos a favor de la proposición de ley y 174 votos en contra.

En el debate, que tuvo lugar ayer martes, la mayoría de los grupos ya adelantaron su rechazo a la iniciativa y los portavoces del PSOE, Sumar, Bildu y Junts acusaron a los populares de buscar "rédito político" con las víctimas del terrorismo.

La propuesta fue registrada después de que EH Bildu incluyera en sus candidaturas para las elecciones del 28 de mayo de 2023 a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos.

La cifra de muertos en el intenso bombardeo israelí de este miércoles contra varios puntos de la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano, subió a 16 y 52 personas resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.

"16 mártires y 52 heridos en el balance final del ataque enemigo israelí contra los edificios del Ayuntamiento de Nabatiyeh y la Unión de Municipios", dijo el Ministerio de Salud Pública libanés en una escueta nota en su cuenta oficial de X.

Al menos 2.367 personas han muerto y otras 11.088 han resultado heridas por los ataques que el Ejército israelí ha lanzado contra diferentes localidades del Líbano en el último año, aunque la mayor parte de las víctimas se produjo al comienzo de la campaña de bombardeos de Israel a finales de septiembre.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés difundió el recuento en un comunicado, en el que detalló que solo en la jornada de ayer, martes, al menos 17 personas murieron y otras 182 resultaron heridas en "ataques del enemigo israelí".

De acuerdo con el desglose de datos facilitado por el gabinete, tres personas murieron en el sur, donde otras 92 resultaron heridas; otras nueve fallecieron en Nabatieh, donde medio centenar fueron heridas; mientras que en el Valle de la Bekaa se registraron cinco muertos y 26 heridos y otros 15 heridos en Baalbel-Hermel.

El Concello de Neda ha llevado a cabo esta mañana el retiro de la cruz de los caídos erigida en los jardines del Coto en 1939. La medida se adoptó en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Y se hizo, tal y como prometió el Gobierno local, tras escuchar la opinión de la principal asociación memorialista de Ferrolterra, y contar con un informe histórico que certifica que se trata de un monumento de exaltación del levantamiento militar y de la dictadura franquista.

A primera hora de la mañana comenzaron los trabajos para desmontar y trasladar a un depósito municipal tanto la lápida como la cruz, que durante 85 años presidió esos jardines. La intervención se completó con éxito en poco más de media hora.

La retirada de la polémica cruz llegó por última vez al Pleno a finales de marzo, en forma de moción nacionalista. El equipo de gobierno, partidario de la desaparición de ese elemento, dejó en suspenso la decisión a la espera de la creación del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática, a propuesta de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática.

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta intervención en el denominado caso Koldo, y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle, al estar aforado.

Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que apoya que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para que abra una investigación al diputado y exministro.

Lo hace, según las fuentes, al considerar que José Luis Ábalos pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en el marco de una trama de posibles irregularidades en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en plena pandemia, en 2020, y al presunto cobro de comisiones.

Los ministros de Sumar ven una "vergüenza" la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear centros de retorno de migrantes ilegales fuera de la Unión Europea, porque entienden que es "contraria a los valores por los que merece la pena la UE".

De esta manera, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado en el Congreso su rechazo a este planteamiento como también lo ha dejado claro la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de conocer esta idea que Von der Leyen trasladó ayer a los líderes de la UE teniendo como referencia la experiencia del acuerdo entre Italia y Albania.

El plan de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, es "básicamente una vulneración flagrante de la legalidad internacional y los derechos humanos", ha subrayado Díaz sobre este acuerdo para construir dos centros en Albania para identificar a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central con el objetivo, según justificó, de "descongestionar" la red de cogida del sur italiano.

Díaz ha defendido que el modelo de España "tiene que ser justamente la defensa de la legalidad internacional, los derechos humanos".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle y pide que le levante la pena de inhabilitación mientras resuelve el asunto, porque está causando un "injustificable daño" a sus derechos políticos.

El que fuera conseller del Govern de Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la pena de doce años de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés, al entender que su conducta afectó a intereses financieros de la Unión Europea y supuso un beneficio personal patrimonial.

Mientras el Constitucional resuelve sobre este recurso de amparo, la defensa de Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, solicita que se le suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación, de la que le quedan seis años por cumplir, dado que vulnera su derecho fundamental a la participación política.

El escrito argumenta que la inhabilitación impide a Turull "participar con plenitud en posibles procesos electorales y acceder a cargos públicos, pese a tratarse de uno de los principales dirigentes de uno de los partidos políticos (Junts per Catalunya) con mayor apoyo electoral entre la ciudadanía".

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado que la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos es una "consecuencia directa del control del poder judicial del PP".

En declaraciones en una rueda de prensa, el portavoz de Podemos ha acusado al PP de usar al poder judicial como un "ariete político contra el Gobierno" y ha advertido al PSOE de que esta imputación deviene del pacto por renovar el poder judicial en España, que ha permitido que el PP "lo siga controlando".

"De aquellos polvos, estos lodos", ha expresado Fernández, que ha considerado que ese pacto entre PP y PSOE "enterró" la legislatura progresista en el poder judicial.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado este miércoles la labor de la Fiscalía General del Estado y ha pedido que la forma de hacer política en España "cambie de una vez por todas", según informa EFE.

Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado (...) y me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas", ha dicho Yolanda Díaz

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.

Por contra, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, y señala que ello "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.

En declaraciones a EFE, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que "reflexionar más" porque el daño reputacional "le trasciende a él".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que, durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, analizó con él la opción de llegar a algún tipo de acuerdo para confiar a Rabat la atención de menores marroquíes que en este momento están bajo la tutela de la comunidad autónoma, según informa EFE.

En un desayuno organizado por el diario Canarias 7, Clavijo ha matizado que no se trata de trasladar a los menores a un tercer país -como ha acordado Italia con Albania con el beneplácito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el rechazo del Gobierno español- sino a su país de origen, con las garantías previstas en la ley.

Se trata de una alternativa que el jefe del Gobierno canario ya está explorando con Marruecos al bloqueo actual sobre la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas estén obligadas a compartir la responsabilidad de esa acogida.

Canarias ha emplazado de nuevo al Gobierno y al PP a reunirse para estudiar su nueva propuesta, un guante que ya ha recogido el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha invitado a su interlocutor en la oposición, Miguel Tellado, a fijar una cita para la próxima semana.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado la actuación del fiscal general del Estado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que ha sido imputado, y ha considerado que el asunto "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.

Bolaños, que ha comparecido en el Congreso tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, ha garantizado el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".

El titular de Justicia ha garantizado su "total respeto" al Supremo y, al mismo tiempo, su "total respaldo" a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación persiguiendo el delito.

A su juicio, en este asunto es importante "hacer pedagogía" y explicar el inicio del caso, que comienza en el momento en que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha cometido dos delitos fiscales y plantea a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión, ha explicado.

Cuando desde el entorno de Díaz Ayuso se traslada una información "falsa", señalando que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un acuerdo, el Ministerio Público emite un comunicado para desmentir esa información y contar la "verdad objetiva", ha continuado Bolaños.

El presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), ha dicho este miércoles que si él fuera Pedro Sánchez disolvería las Cortes y convocaría elecciones para que la ciudadanía elija otro gobierno que pueda cambiar las cosas, algo que, a su juicio, ahora no sucede.

En un encuentro informativo organizado por el periódico "Canarias 7", en el que ha contestado a preguntas de periodistas, Clavijo ha calificado de "guirigay" el contexto político nacional, un clima en el que, según ha dicho, prima "la batalla del relato" y al que se ha sumado en esta jornada la imputación del Fiscal General del Estado por el Tribunal Supremo.

Preguntado por su visión de la legislatura, el dirigente de CC ha considerado que se encuentra en un "punto muerto" y ha recordado que en el ciclo político anterior su partido estuvo en la oposición en Canarias y al lado del Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres en un momento delicado marcado por el impacto socioeconómico de la pandemia de la covid-19, que paralizó el motor del archipiélago: su turismo.

A su juicio, se gobierna para cambiar las cosas y cuando no se puede lo mejor es que la ciudadanía elija.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que le "duele" que cuando el Gobierno habla de juventud "hable siempre de bonos y cheques" y ha apuntado que "si se juntaran todos los bonos y cheques quizá se podría hablar de una renta básica universal".

Rufián, que ha criticado así, en los pasillos del Congreso, la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven aprobada ayer por el Consejo de Ministros, ha dicho que espera "poca cosa" de la comparecencia, el próximo día 23, de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el pleno de la cámara.

Para ERC, que ha sido el grupo junto con EH Bildu autor de la petición de comparecencia de la ministra, ésta "se equivocó muy mucho cuando le pidió fe y solidaridad a los caseros".

"Creo que lo que hay que hacer es intervenir el mercado de la vivienda, topar los precios y, sobre todo, no empezar a regalar bonos", ha sostenido el diputado.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que "defiende la autonomía e independencia del Banco de España" y que "está garantizada" por una ley del año 1994.

Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Mario Cortés, días después de que El Mundo publicara que el ministro había presionado a la consejera del BdE Judith Arnal para que renunciase a su cargo para dar su puesto a otra persona.

El mismo día de la publicación, el pasado 7 de octubre, en Luxemburgo, Cuerpo ya dijo que no iba a comentar ni "especular" sobre el contenido "de ninguna reunión" con dicha consejera.

Por su parte, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo también ese día en declaraciones a RNE que la entidad "no ha intervenido ni tiene nada que ver en este asunto" y añadió que "la consejera Arnal ha tenido todo el apoyo del banco".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que en Cataluña se desplegará "cuanto antes" el régimen sancionador previsto en la Ley de Vivienda para quienes incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres o hagan un fraude con el alquiler de temporada.

En la primera sesión de control al presidente de la Generalitat de esta legislatura, en el pleno del Parlament, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha urgido a Illa a poner en marcha este régimen sancionador, señalando que "hacen falta 150 inspectores y letrados" para garantizar su cumplimiento y avisando que su formación no respaldará "ningún presupuesto que no tenga como principal prioridad el acceso a la vivienda".

En este sentido, el presidente catalán ha asegurado que la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está trabajando para aplicar el régimen sancionador y reforzar los mecanismos de inspección y que se destinarán "los recursos que hagan falta" para ello.

"El mensaje que tiene que quedar claro a la ciudadanía es que la ley se cumple, toda ley, y en particular esta. Quien la haga, quien se salte los preceptos de la ley, tendrá la sanción correspondiente", ha garantizado el presidente, que ha enfatizado que el régimen sancionador se desplegará "cuanto antes".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles "la profesionalidad y la honorabilidad" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra él por un delito de revelación de secretos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montero ha afirmado que García Ortiz "solo y exclusivamente" defendió a la Fiscalía de una "mentira" lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que a su pareja le había ofrecido un pacto la fiscalía en el marco del procedimiento abierto por presunto fraude fiscal.

"Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha manifestado.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión ya, en la mañana de este miércoles, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras abrir el Supremo una causa penal en su contra.

"No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", ha afirmado la número dos del PP.

El Tribunal Supremo causa contra García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.