La Fiscalía pide al Supremo que amnistíe la malversación en el 'procés' y el terrorismo en 'Tsunami Democràtic'

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que cree que el expresidente catalán Carles Puigdemont va a tener "difícil" volver a España. "Yo no lo voy a ver, pero tal y como estoy viendo por dónde van las cosas va a ser difícil. Lo va a tener difícil", ha asegurado.

En declaraciones a los medios a su llegada a los Premios al Mérito por España de la Universidad CEU San Pablo, Guerra ha recordado que la decisión de amnistiar la malversación y la desobediencia que se le atribuyen a los líderes del procés, incluido a Puigdemont, corresponde al Tribunal Supremo y no a la Fiscalía, al mismo tiempo que ha manifestado su deseo de que la decisión final sea acorde con la Constitución.

Preguntado acerca de un posible referéndum en Cataluña, el exvicepresidente ha mostrado su rechazo insistiendo en que "no se puede producir" y que sería "absolutamente contrario a la Constitución".

En relación a la financiación singular para Cataluña, Guerra se ha preguntado si alguien ha explicado lo que eso significa. "Si se refieren a que tenga un sistema privilegiado económico, estoy en contra. Si se refieren a que la singularidad de las comunidades tengan un equilibrio en el reparto, estoy de acuerdo", ha manifestado.

El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha incorporado este miércoles a nuevos eurodiputados a su grupo, pasando a sumar 83 y superando a los liberales de Renew como tercera fuerza del Parlamento Europeo, que se quedan con 80 escaños.

El grupo parlamentario de Meloni, en donde se sitúa Vox, ha anunciado en un comunicado que suma a varios parlamentarios que estaban sin grupo, caso de Marion Maréchal, Guillaume Peltier y Laurence Trochu, del partido francés de extrema derecha Reconquista.

Además, se suman otros parlamentarios de formaciones conservadoras como el danés, Kristoffer Storm, el búlgaro Ivaylo Valchev, o el lituano Aurelijus Veryga, así como cinco parlamentarios de la Alianza por la Unión de los Rumanos.

Con estas incorporaciones el grupo derechista se sitúa con 83 representantes y supera los 80 eurodiputados de los liberales, precisamente en un momento en el que los líderes de la UE negocian la renovación de la cúpula institucional comunitaria haciendo valer la mayoría parlamentaria que suman 'populares', socialistas y liberales en la Eurocámara.

El Gobierno sostiene que no se han producido avances en la negociación con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diese un ultimátum a los de Alberto Núñez Feijóo para cerrar un acuerdo antes de que finalizase el mes de junio.

Aunque el Ejecutivo ha venido reiterando su disposición a alcanzar un pacto para acabar con más de cinco años de bloqueo en el órgano de Gobierno de los jueces, en Moncloa no muestran optimismo y señalan que el hecho de que todavía no se haya fijado una fecha para reunirse con el PP es una mala señal.

Esa reunión tendría que llevarse a cabo, previsiblemente, en Bruselas, entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, los negociadores designados por cada partido, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Estado de Derecho, Vera Jourova, que ejerce de mediadora entre las partes.

Bolaños y Pons ya se han reunido en varias ocasiones durante los últimos meses en Bruselas y Estrasburgo para tratar este asunto, aunque el diálogo no desembocó en un acuerdo y los encuentros se interrumpieron.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este martes que "muchas veces" los líderes políticos, entre los que se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "se ven abocados a precipitarse en sus declaraciones" sin "conocer el contenido de la propuesta", en este caso de "financiación singular" para Cataluña.

"Diría que no conoce el contenido de la propuesta --de financiación singular-- y que muchas veces los líderes políticos se ven abocados a precipitarse en declaraciones porque están poniendo antes el parche de que salga el grano", ha deslizado la vicepresidenta del Ejecutivo al ser preguntada por unas declaraciones de Page en las que calificaba de "privilegio" la propuesta de financiación para Cataluña.

De esta forma se ha pronunciado Montero en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada al evento 'WomenNow', que ha tenido lugar en Santander. Allí, Montero ha cargado contra un PP que "goza de enorme hipocresía", ya que, según ella, los 'populares' "llevaban en su programa electoral del año 2012 una financiación singular para Cataluña".

La oposición en bloque ha responsabilizado al PP de impedir este miércoles que se tramite la remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y, por tanto, de permitir que se mantenga en el cargo. "El PP ha elegido a la ultraderecha".

Así lo han indicado los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; Més per Menorca, Josep Castells, y la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, en una rueda de prensa conjunta ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces.

Cabe recordar que los grupos de la oposición han presentado esta moción de remoción de Le Senne por "negligencia notoria y grave" durante el pleno del martes, en el que el presidente de la Cámara balear arrancó una foto de Aurora Picornell y les Roges del Molinar.

El grupo del Partido Popular Europeo ha renovado este miércoles al alemán Manfred Weber como su presidente para iniciar la nueva legislatura en el Parlamento Europeo que arrancará el próximo 16 de julio y ha elegido a sus diez vicepresidentes de grupo, entre ellos la jefa de la delegación del PP español, Dolors Montserrat.

Es el cuarto mandato que Weber acumula como presidente del grupo parlamentario ‘popular’, que se renueva cada media legislatura, mientras que Montserrat revalida también el cargo que ocupa desde 2023 dentro de la familia europea.

El Partido Popular Europeo se erigió en las pasadas elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo como la fuerza más votada, con 190 escaños de los 720 en juego en toda la Unión Europea; seguido del grupo Socialistas y Demócratas (S&D, con 136) y de Liberales (Renew, con 80).

En su reunión para elegir a la dirección del grupo para los próximos dos años y medio, primera mitad de la legislatura 2024-2029, los eurodiputados ‘populares’ han votado también para nombrar a su decena de vicepresidentes también para un periodo de dos años y medio.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista Tsunami Democràtic. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, ha remitido ya su informe al alto tribunal en el que defiende que "no hay duda" de que los hechos investigados en la causa de Tsunami Democràtic "son incardinables" en la ley de amnistía, "pues se encuentran dentro de los límites temporales por ella y entre los actos susceptibles de ser encuadrados como amnistiables".

Para el Ministerio Público, es "claro" que "ninguno de los hechos investigados" en la causa de Tsunami Democràtic ha causado de "forma intencionada" una "grave violación de los derechos humanos regulados en los artículos 2 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, esto es, muerte, torturas, incluso esclavitud".

Además, la Fiscalía insiste en que es "claro" que a ninguno de los encausados se les imputa haber causado muerte, aborto, ni torturas o tratos humanos o degradantes, por lo que entiende que "los hechos objeto de investigación en la presente causa" son amnistiables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que "traga con todo" y que ha colado en el sistema "maniobras propias de una dictadura". "Sanchismo es chavismo", ha sostenido.

Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha hecho balance del primer año de legislatura y donde ha sostenido que la situación de la región y del resto de autonomías "sería muchísimo mejor" si el Gobierno de la Nación "no estuviera secuestrado, débil y entregado a los intereses" de, entre otros, "los separatistas".

Ayuso ha alertado de que se están pagando "peajes a delincuentes para seguir en la poltrona" mientras se ha llevado a España "a los peores niveles de calidad democrática desde la dictadura". En este punto, ha señalado que la votación que tuvo lugar ayer en la Junta de Fiscales de Sala, "a manos de un fiscal que jamás ha cosechado prestigio alguno pero que hoy es una vergüenza y un auténtico peligro para la carrera, demuestra la gravedad del momento".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el fallo del Tribunal Constitucional que anula la condena por prevaricación en el 'caso de los ERE' para la exministra socialista Magdalena Álvarez es un "indulto por la puerta de atrás". Además, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya anticipase esa decisión judicial es un mitin de su partido, algo que ha calificado de "sorprendente y alarmante".

Así se ha pronunciado después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso ERE. Ha anulado la condena y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que rebaje la pena.

En declaraciones en el Congreso, Gamarra ha asegurado que éste es el "mayor caso de corrupción de la historia de España que, como no puede ser de otra manera, afecta al Partido Socialista" y ha añadido que eso "no hay ninguna sentencia del Constitucional que lo pueda borrar".

"Hoy no es un buen día para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción en nuestro país", ha enfatizado, para subrayar que 680 millones de esa "trama" con "más de cien" ramificaciones no llegó a los parados sino que "se desvió a amigos, a familiares o a la compra de cocaína".

La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del procés, incluido el expresidente catalán Cales Puigdemont.

El Ministerio Público también reclama la amnistía para los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Asimismo, aboga por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira. Y pide declarar el archivo de la causa que se mantiene abierta en su contra.

Así consta en el escrito, recogido por Europa Press, que el Ministerio Público ha presentado ante el alto tribunal bajo la firma de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y del fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa.

Ambos fiscales han asumido la causa del procés por encargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que ayer martes la Junta de Fiscales avalara su postura sobre la ley de amnistía frente a la de los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento y que participaron en el juicio celebrado en 2019.

La defensa del expresident catalán Carles Puigdemont ha señalado al Tribunal Supremo que "una lectura desapasionada" de la ley de amnistía "permite manifiestamente su aplicación a los hechos (...) calificados como delito de malversación de caudales públicos" en el auto por el que el Supremo le procesó por su participación en el 'procés' independentista catalán.

Así lo explica el abogado Gonzalo Boye en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita además "el levantamiento de las medidas cautelares" que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.

En 23 páginas, responde a la petición del instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, de que se posicionaran sobre si era aplicable el perdón para ese delito concreto. Para el letrado, "no cabe duda alguna acerca de que los presuntos actos atribuidos a las personas ilegalmente procesadas en la presente causa penal, calificados de delito de malversación de caudales públicos, de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017".

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han confirmado la detencion en Países Bajos del ciudadano francés de origen tunecino buscado por ser el autor material del atentado contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid.

Sobre el fugitivo recaía una Orden de Detención Internacional emitida por la Audiencia Nacional. Es la sexta detención que se realiza en el marco de la investigación de la Comisaría General de Información, según ha informado la Policía Nacional.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha manifestado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que el personal interino de la administración pública que encadena varios contratos temporales debe convertirse en indefinido "no cuestiona para nada" el marco legislativo español.

"Nosotros lo vemos con mucha normalidad", ha apuntado sobre el Gobierno al señalar, además, que este fallo "es para un caso particular" y que lo que se están conociendo son situaciones "individuales". "No cuestiona para nada el marco español, que contiene elementos muy importantes para asegurar marcos nacionales", ha aseverado el ministro respecto a la legislación existente.

"Que se materializan en el límite máximo a lo que es la temporalidad en el sector público que es de tres años y eso evitaría los casos que se están juzgando ahora", ha dicho para referirse, además, a compensaciones en caso de incumplimientos.

La sentencia da respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera. Estas alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes, y solicitaban que su contrato temporal de larga duración se trasformase en indefinido.

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha afirmado que ERC está preparada para una posible repetición electoral, la cual ha dicho que sería reponsabilidad de PSC y Junts, y ha asegurado: "El candidato lo tengo en la cabeza, pero no lo diré".

Así se ha expresado este miércoles en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha instado a PSC y Junts a moverse, en sus palabras, y ha afirmado respecto a las negociaciones para investidura: "No puede ser un acuerdo de buenas intenciones porque ERC entiende que hemos perdido votos y apoyo de la ciudadanía porque, precisamente, nos hemos fiado demasiado del PSOE y del PSC".

"Que se muevan los otros. ERC no se moverá si esto implica un mal acuerdo para las necesidades del país", ha añadido, y ha apuntado que en una repetición electoral --textualmente-- ERC hará de ERC, y ha reiterado que los temas que pone su partido sobre la mesa en las negociaciones son la financiación singular, el catalán, las políticas sociales y cómo resolver el conflicto político.

En este sentido, preguntada por si descarta una candidatura conjunta con Junts, ha asegurado que no están pendientes sobre cómo ir a las elecciones, sino sobre "qué es bueno para el país y cómo piensan sacar adelante las propuestas que hacen".

En la misma entrevista, Rovira ha secundado el manifiesto en el que más de 740 militantes de ERC han pedido llevar a cabo una renovación general de la cúpula dirigente del partido, y ha dicho: "Si quieren poner mi nombre como militante de base, no como secretaria general, que lo pongan, porque yo comparto el proyecto que explica el manifiesto".

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha trasladado al presidente del Parlament, Josep Rull, que el expresidente de la Generalitat y candidato del partido, Carles Puigdemont, quiere presentarse a la investidura "pero no ahora".

Lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara tras reunirse con Rull en el marco de la ronda de contactos que el presidente del Parlament está llevando a cabo con los grupos de cara a la investidura. "Estamos buscando los apoyos y negociando para tener una mayoría. En el momento en que la tengamos lo comunicaremos a Rull y pediremos que se convoque el pleno del Parlament", ha destacado.

Según Batet, en el marco de una mayoría simple, tienen opciones de lograr la presidencia de la Generalitat "pero esto aún pide tiempo". "La constitución del Parlament y de la Mesa de la semana pasada demuestra que esta mayoría tiene opciones plausibles", ha remarcado el dirigente de Junts, tras avisar de que actuarán con discreción en todo lo relacionado con las negociaciones.

Al preguntársele si se pospone la vuelta de Puigdemont a Cataluña al no presentarse a la investidura, Batet ha dicho que el compromiso del expresidente catalán era regresar cuando hubiera un pleno de investidura: "Es el primer compromiso que adoptó cuando se convocaron las elecciones, y por tanto es un compromiso que mantiene".

Pese a todo, no ha aclarado si Puigdemont regresará a Cataluña en caso de que no haya pleno de investidura y se vaya a una repetición electoral, esgrimiendo de que es una pregunta que se le debería hacer al propio Puigdemont porque "el compromiso del presidente es volver si hay pleno de investidura".

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, se han sumado este miércoles al manifiesto firmado por 746 militantes republicanos que piden renovar la cúpula del partido y que aspira a seguir liderando Oriol Junqueras.

Los firmantes sostienen que "una década de crecimiento sostenido se ha visto truncada por un bajón estructural", el cual establece el fin de un ciclo marcado por la desmovilización y el retroceso de la izquierda en Cataluña. Por ello, ven necesario abrir una nueva etapa esperanzadora mediante "la reflexión profunda y la entrada de aire fresco en ERC", que ven imprescindible, y han apuntado que el congreso nacional del partido previsto para el 30 de noviembre es una ventana de oportunidad para culminarlo.

Los militantes adheridos al manifiesto piden repensar y modernizar el partido, imprimir una nueva manera de hacer política más moderna y atractiva, iniciar una renovación política respecto a la independencia y abrir las puertas a la ciudadanía para crear equipos que "asuman la responsabilidad del nuevo proyecto político".

También ven necesario renovar la cúpula de ERC para procurar un modelo "más coral y colectivo, más transparente y con mayor participación de la base militante, de la estructura territorial y de los activos del municipalismo".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado que los servicios jurídicos de su Ministerio están estudiando si la actuación del presidente de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), constituye un delito de odio o incluso de enaltecimiento del franquismo, y ha avisado de que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Govern balear continúa con la derogación de la ley autonómica de memoria.

Así lo ha anunciado el ministro en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, en la que cuestionado sobre si sería posible tipificar la actuación de Le Senne como un delito de enaltecimiento del franquismo o de humillación a las víctimas, ha dicho que el Ejecutivo estudiará las "responsabilidades judiciales" y si se está "ante un delito de odio" o ante "justamente enaltecimiento del franquismo".

"Vamos a estudiar si estamos ante un delito de odio, si estamos ante justamente enaltecimiento del franquismo, si lo que se ha hecho es un acto que va más allá incluso de lo que es la propia rotura de lo que es una foto, todo eso lo vamos lógicamente a analizar", ha explicado Torres, apuntando a que hay incluso una responsabilidad que "va más allá del ámbito judicial" y que tiene que ver "con la ética y la moral".

El estudio de acciones legales por parte del Ministerio de Memoria Democrática tiene lugar después de que el presidente del Parlament balear rompiera y arrancara a una diputada socialista una foto de Aurora Picornell, una víctima de la dictadura franquista, durante la toma en consideración la derogación de la ley de memoria democrática el martes.

El también expresidente de Canarias ya había dado órdenes en la tarde del martes a los servicios jurídicos de su cartera para que analicen lo ocurrido y emprendan acciones legales, si procede, conforme a la Ley de Memoria Democrática, ante lo que consideró como un hecho "lamentable, aborrecible, violento, antidemocrático e inhumano" y que debería tener la "total condena de cualquier demócrata".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado al PP en el Congreso que los pseudomedios "son su alimento diario" para que los 'populares' "puedan seguir chapoteando en esa estrategia del fango en el que se mueven tan bien", mientras que el PP ha tachado a los socialistas de "pseudodemócratas".

En la sesión de control al Gobierno, celebrada este miércoles en la Cámara Baja, la portavoz del PP Macarena Montesinos ha afirmado que el Ejecutivo "no tiene limites" a la hora de controlar la libertad de expresión y ha preguntado a Pilar Alegría "qué es un pseudomedio" y "quién va a decidir qué es".

En la réplica, la ministra de Educación ha respondido que "pensaba" que Montesinos le planteaba la pregunta para "hablar de lo que es un medio de comunicación, un medio de información", para "hablar de veracidad, de cómo se contrasta, se tiene que contrastar la información, de cómo hay que ser transparente con la financiación".

"Pero sé que a usted esto no le interesa lo más mínimo, porque usted, al igual que yo, sabemos que los pseudomedios, que son exactamente lo contrario a los principios que le acabo de relatar, son su alimento diario para que ustedes puedan seguir chapoteando en esa estrategia del fango en el que se mueven tan bien. Señora Montesinos, no los critican porque ustedes los necesitan", ha zanjado.

Para Montesinos, lo que pretendía Alegría es "justificar esa estrategia conspiranoica y victimista, censurando a los discrepantes". "Le diré lo que es para usted un pseudomedio. Es un pseudomedio aquel que se atreve a decir que Sánchez compró su investidura a cambio de impunidad a un prúfugo de la justicia. Es un pseudomedio aquel que se atreve a denunciar que la mujer del presidente ha sido imputada por corrupción porque se dedicaba a recomendar empresas que luego recibían millones de euros del Gobierno de su marido", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "es un pseudomedio cualquier periodista libre que no se pliegue al equipo de opinión sincronizada dirigido desde Moncloa".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado al Partido Popular (PP) a que se sume al PNV y apoyen la reforma de la Ley del Suelo, que no llegó a votarse por la falta de apoyos en el Congreso, con el objetivo de sacar adelante una ley que están reclamando "los empresarios y el sector" en toda España.

Así se lo ha trasladado la titular de Vivienda a la diputada del partido Popular (PP), Noelia Núñez, durante la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

En la misma, Núñez ha criticado las medidas en materia de vivienda del Gobierno y la Ley de Vivienda que, a juicio de la diputada del PP, están provocando que la juventud no puede emanciparse, las familias deban hacer "esfuerzos inhumanos" para pagar el alquiler y comprarse una casa sea una "utopía". "Su gestión no es un orgullo, es una auténtica vergüenza", ha expuesto.

Por su parte, la titular de Vivienda ha recalcado que el Ejecutivo ha logrado, a través de la cartera de Vivienda, combinar 25.000 viviendas proyectadas ya con comunidades autónomas y ayuntamientos, superando la expectativa en un 20%, y llegar a acuerdos importantes con alcaldes del Partido Popular para el impulso de la operación Campamento para Son Busquets o Son n'Escandell, que proveerán de 15.000 nuevas viviendas.

"Rigor, responsabilidad, seriedad, colaboración, eso es lo que le pido al principal partido de la oposición y lo que ofrezco es trabajo, colaboración, que es lo que llevo haciendo durante estos seis meses", ha concluido Rodríguez.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este martes la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado caso ERE.

Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press, que precisan que la decisión no ha sido adoptada por unanimidad, toda vez que ha contado con el voto en contra de los cuatro magistrados del ala conservadora. Cabe recordar que la ponencia sobre este asunto fue encargada a la la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, que proponía en la misma estimar el recurso de Álvarez.

La postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

El Constitucional ha abordado el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales", según una nota informativa del tribunal.