Compromís ofrece sus 15 diputados al PSOE para presentar una moción de censura a Mazón

La calidad de la democracia en España, según los expertos, se mantiene con una nota media de 6,4 sobre diez, igual que el año pasado, un dato "llamativo", señalan, en un momento en que la polarización ha crecido de manera significativa y hay un debate amplio sobre cuestiones centrales del modelo democrático.

Estas son algunas de las conclusiones del informe de la Fundación Alternativas que ha presentado en el Congreso el vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sobre el estado de la democracia española en 2023, un año marcado por elecciones generales, autonómicas y municipales, y que lleva por título 'La renuncia del centro'. También destaca el informe que un 79 % de los expertos consultados es favorable a una reforma de la Constitución, en la que priorizarían la revisión de la organización territorial, la reforma del poder judicial y el blindaje de nuevos derechos sociales.

Como en los análisis anteriores de la institución, "las principales debilidades de la democracia española" son la corrupción, la falta de respeto que muestran los medios de comunicación, la dependencia económica del poder político, las interferencias internacionales sobre el país, la escasa accesibilidad de los representantes y "el difícil y desigual acceso al poder". Destaca respecto de la corrupción que, un año más, repite como lo peor valorado y nunca ha llegado al aprobado. En este informe baja del 4,7 de la edición anterior -el más alto de la serie- al 4,6.

El papel de los medios se sitúa en el límite del aprobado y alcanza su peor valoración desde 2019, algo que los analistas argumentan que puede deberse a "las polémicas por la proliferación de pseudomedios y al clima de polarización". Además, apuntan a otras cuestiones que deben mejorarse como la baja participación ciudadana, "la alineación de los medios de comunicación con determinadas posiciones partidistas", la dependencia de los partidos del poder económico y la escasa cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

En cuanto a las principales fortalezas, los especialistas subrayan la limpieza de las elecciones y la libertad de voto, seguido por el respeto a las libertades religiosas, de partidos políticos y sindicatos aparte del "ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas".

La amnistía, "un efecto negativo en la recuperación del consenso".

El documento también hace referencia a la ley de amnistía, que aunque se aprobó definitivamente en mayo pasado, ya estaba encauzada en 2023, y señala al respecto que, si bien esta la ley puede atajar la vía unilateral en Cataluña, creen que tendrá "un efecto negativo en la recuperación del consenso". También auguran que tendrá ese efecto negativo "en el respeto a los valores constitucionales" aunque no aprecian que las percepciones sobre la ley de amnistía estén relacionadas con la evaluación que los expertos realizan de la democracia, según el estudio.

Un 45 % cree que la ley de amnistía tendrá un efecto positivo a la hora de parar está la vía unilateral, mientras que el 29 % piensa que será negativa, y en cuanto a la convivencia entre españoles: un 39 % espera un efecto positivo y un 37 % augura un impacto negativo. De forma general, ponen en valor que la democracia española haya logrado garantizar un alto grado de libertades y derechos para la ciudadanía, "lo que es una muestra de su solidez como sistema político". Aunque también subrayan que "no deben descuidarse" aspectos centrales de la sociedad del bienestar, entre ellos la atención a la salud y a la educación.

Mejoría en casi todos los aspectos del régimen político

La calificación obtenida (un 6,4) es la misma que la democracia española consiguió en 2023 cuando obtuvo el máximo histórico de la serie, es decir, de los últimos quince años, y subraya la encuesta que pese a este clima de crispación y de "alta desconfianza en los líderes", se detecta continuadamente "las fortalezas" del sistema. Los especialistas apuntan por otra parte que desde 2015, tras múltiples procesos electorales y la irrupción de nuevos partidos políticos, se aprecia una mejora de la valoración en casi todos los aspectos del régimen político.

Concretamente, ven una mejoría en la esfera social, la participación de la mujer, la responsabilidad de los poderes territoriales (ayuntamientos y comunidades autónomas) y la implicación de la ciudadanía "en los objetivos públicos". Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de las elecciones limpias y la libertad de voto, seguidas por el respeto a las libertades religiosa, de partidos políticos y sindicatos ‒de asociación, en general‒, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas. Entrando más al detalle, el informe subraya que cuatro de estas cuestiones cuentan con una nota de más del 7,5: el respeto a las prácticas religiosas, la libertad de asociación, sindical y la libertad "para que cada cual pueda vivir su vida como quiera"

La nueva portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha criticado este lunes que el PSPV y Compromís quieran "reabrir el debate" sobre la comida que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, al haber pedido la factura de esa comida.

En su primera rueda de prensa como portavoz, la vicepresidenta del Consell ha afirmado que ya hace diez días que se explicó que fue una comida de trabajo y se ha contado "con quién, para qué y se ha explicado sobre todo que el president estaba perfectamente atendiendo a sus responsabilidades y localizado". "Esto es lo que está acreditado, y por tanto no voy a dar más círculos y más vueltas a la misma respuesta", ha aseverado Camarero, quien ha considerado que lo que hay que trasladar a la opinión pública es "lo que de verdad importa", que es cómo se va trabajar en la recuperación de Valencia tras la dana.

La portavoz ha lamentado los "bulos" que se difundieron en torno a esta comida, sobre la que no va a "volver atrás en cuestiones que están más que explicadas", y se ha peguntado si es que a alguien le interesa volver a hablar de ella "como una bomba de humo" para que no se hable, por ejemplo, de la situación política de Teresa Ribera.

Ha hecho hincapié en que la cronología de lo que hizo el president el día de la dana está "más que conocida, más que explicada y más que acreditada" en "cada minuto de ese día", y ha añadido que con la información de la que disponía de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mazón estaba "atento, pendiente y al teléfono".

Camarero ha insistido en que el día de la dana el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) estuvo "perfectamente formado y constituido", no solo por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sino también por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y representantes de Aemet la CHJ, el consorcio de bomberos y el 112. "Estaban todos los responsables que tenían que estar en ese momento, y entre ellos de forma colegiada y compartida tomaron las decisiones que se tomaron durante esa tarde", ha afirmado la portavoz del Gobierno valenciano.

A su juicio, si hay una información que aún no se ha tenido es "qué pasó durante las dos horas y media de silencio" de la CHJ, que desde las 16:30 horas a las 18:43 no trasladó "ninguna información" sobre las crecidas en el barranco del Poyo, mientras que "todo lo demás está conocido y está acreditado".

Preguntada por el hecho de que Salomé Pradas siga asistiendo a las reuniones del CECOPI cuando previsiblemente va a ser destituida, ha indicado que mientras sea la consellera de Justicia es la presidenta de ese órgano que coordina la emergencia, donde se trabaja "con normalidad y no hay ninguna disfunción". La vicepresidenta ha avanzado finalmente que Mazón no va a asistir a la próxima reunión del Comité de Regiones en Bruselas, ya que está dedicado "en cuerpo y alma" a la reconstrucción y recuperación de los municipios afectados por la dana.

Según informa EFE la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes en València que ya se han abierto 106 expedientes a empresas por incumplir la normativa laboral durante la dana y que esta cifra continuará subiendo porque Inspección de Trabajo está trabajando a gran velocidad.

Tras reunirse con autoridades autonómicas y agentes sociales de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha informado de que, hasta ahora, hay 18.668 trabajadores protegidos a través de alguno de los 1.490 ERTE por fuerza mayor aprobados en el marco de la catástrofe. Hasta el pasado viernes, el número de trabajadores era de 15.952, de un total de 1.178 empresas solicitantes.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue trabajando en la configuración de su nuevo "Consell de la reconstrucción", para el que incorporará a "gente preparada" y "que sabe", mientras desde la oposición, el PSPV y Compromís buscan fórmulas para apartarle del gobierno autonómico. Tres días después de que avanzara en Les Corts que remodelará su gobierno, con una vicepresidencia y Conselleria de la recuperación económica y social y una nueva Conselleria de Emergencias e Interior, el único avance conocido hasta ahora ha sido, a través de un comunicado remitido a última hora del domingo, la designación de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, como nueva portavoz del Consell en sustitución de Ruth Merino, que sigue como consellera de Hacienda.

"Esta y no otra" es la labor que el president ha encomendado a Camarero, según ha explicado ella en su primera rueda de prensa como portavoz, al ser preguntada por si había rechazado asumir la nueva vicepresidencia para la recuperación, y donde ha dicho que ella nunca diría que no al president en ninguna labor que le hubiera encomendado.

Respecto a la configuración del nuevo Consell, Mazón ha señalado a su llegada al Cecopi que está avanzando para incorporar a "gente que sabe, gente preparada" y que va a ayudar a los valencianos a levantarse para la recuperación tras la dana, y ha señalado que en las próximas horas y días dará cuenta de las nuevas incorporaciones. Ha adelantado que está "muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad" de los perfiles que se van a conocer, y ha defendido que es un proyecto "muy serio, muy centrado y muy priorizado en gente que sabe, gente preparada".

Feijóo: Hay que recuperar la confianza

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado desde Madrid una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al president de la Generalitat, a recuperar la confianza de sus ciudadanos. "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla", ha manifestado ante la Junta Directiva Nacional de su partido, donde también ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar".

Fórmulas para apartar a Mazón

Para el PSPV y Compromís, Carlos Mazón no puede seguir como president de la Generalitat ni un minuto más, aunque ambos partidos difieren en la manera de apartarle del cargo.

El PSPV insiste en su hoja de ruta: pedir al PP la destitución de Mazón, la formación de un Gobierno liderado por el PP pero con un perfil técnico y centrado en la reconstrucción, y convocar elecciones en el año 2025, cuando la situación se haya normalizado. Así lo ha planteado de nuevo la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien ha ofrecido los votos del PSOE para formar ese Gobierno de perfil técnico.

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha ofrecido los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura a Mazón, una medida que ve absolutamente necesaria "por "dignidad y por decencia". Ha explicado que la presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados -el reglamento de Les Corts establece que la puede proponer la quinta parte de los 99 diputados que conforman el hemiciclo-, por lo que han hecho este ofrecimiento a los socialistas, que tienen 31.

Diana Morant ha dicho que "respeta y comprende" la propuesta de Compromís pero cree que una "solución realista y transitoria" es que Feijóo "destituya a Mazón para dar paso a un gobierno de perfil técnico focalizado en la reconstrucción.

Camarero pide a PSPV y Compromís que bajen al barro

Para la nueva portavoz del Consell, el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana y ver sus problemas, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones. Sobre los cambios en el Consell, ha afirmado que será el president quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores", mientras que ha asegurado que se sienten respaldados por Feijóo y por el PP, como "no podía ser de otra manera".

Desde Vox, su síndic en Les Corts, José María Llanos, ha afirmado que "sea cual sea" el nuevo Gobierno valenciano, "que se ponga a trabajar desde ayer", porque los valencianos necesitan soluciones "desde ya" para sacar adelante la "grave" situación que ha dejado la dana. Asimismo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha avanzado que no apoyarán la moción de censura contra el president de la Generalitat porque "con partidos separatistas" no van "ni a la vuelta de la esquina".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que están apurando las negociaciones con los socios parlamentarios para tratar de sacar adelante el paquete fiscal en la comisión de este lunes y ha subrayado que ahora mismo no contemplan la opción de votar solo la transposición de la directiva europea.

"Estamos trabajando intensamente para sacar la mejor reforma fiscal", ha dicho en una rueda de prensa en la sede de Sumar.

El también ministro de Cultura ha reiterado en varias ocasiones que ahora mismo no están en el escenario de someter a votación en la comisión de Hacienda de este lunes en el Congreso únicamente la transposición de la directiva europea, que establece un tipo mínimo para las multinacionales, y excluir el paquete fiscal.

No obstante, es consciente de la dificultad de llegar a un acuerdo, ya que el PSOE pactó medidas tributarias con PNV y Junts a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas, y luego con Sumar, pero otros socios del Gobierno como ERC, EH Bildu, Podemos y BNG se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se mantenga el impuesto energético, al que la formación de Yolanda Díaz asegura que no renuncia pese a todo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de sus ciudadanos.

"Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones", ha afirmado Feijóo este lunes en su discurso, en abierto, ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

Tres días después de que Mazón compareciese en el parlamento valenciano y se comprometiese a no buscar la reelección si no es capaz de liderar la reconstrucción en Valencia, Feijóo ha recalcado: "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla".

También ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar". "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha recalcado.

La vicepresidenta y nueva portavoz del gobierno de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha considerado que el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones.

En su primera rueda de prensa tras ser nombrada portavoz del Consell, Camarero ha expresado su "agradecimiento infinito" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la confianza al designarle "la voz del Consell" en esta nueva etapa, y ha asegurado que esta y no otra es la tarea que le ha encomendado, pues nunca le diría que no.

Sobre el resto de cambios en el Consell, ha afirmado que será el presidente quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores".

Ha asegurado que se sienten respaldados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y por el conjunto del partido, como "no podía ser de otra manera".

Los problemas políticos en general han escalado a la primera posición en la lista de preocupaciones de los españoles tras el paso por la dana, al subir algo más de cinco puntos en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre (23,8 %) sobre el estudio del pasado mes de octubre.

Por contra, la inmigración, que se disparó como preocupación ciudadana en septiembre y octubre al primer lugar de los problemas del país, cae ahora al quinto, mencionado por un 18,4 por ciento de los encuestados, superado por los problemas políticos, la vivienda, la crisis económica y el paro.

La vivienda es la segunda preocupación de los entrevistados en el estudio, que se realizó entre el 2 y el 7 de noviembre, y sube un puesto pero no de porcentaje (tenía un 22,7 en octubre, dos décimas más que en la actualidad).

El tercer lugar lo ocupa la crisis y los problemas económicos, que en el pasado barómetro era el segundo problema al inquietar al 21,9 %, cayendo casi un punto.

Los españoles sitúan el paro (21,3 %), que cae siete décimas, y la inmigración (que pasa del 28,1 de octubre al 18,4), en el cuarto y quinto lugar.

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha decidido imputar al exconsejero madrileño Juan José Güemes, que es directivo en el Instituto de Empresa, al que hoy había citado como testigo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a Güemes el cambio de condición en la propia sala tras su declaración.

El juez investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que, además de contra Begoña Gómez, se dirige contra el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Peinado citó a Juan José Güemes hace un mes, después de que la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE) le señalara como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center, dependiente del IE. 

El sindicato CSIF se ha opuesto a la posible incorporación en nueve meses a la sanidad pública del millón de funcionarios que reciben actualmente asistencia sanitaria a través de Muface, que quedaría suprimida, tal y como plantea el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, CSIF ha informado de que se ha dirigido a los ministerio de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe de éste último en el que se plantea trasladar a la sanidad pública la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras privadas que participan en el concierto sanitario.

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", ha señalado CSIF, que ha pedido una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer en la última reunión del Consejo General de Muface.

Asimismo, CSIF ha dicho que, en caso de que el Gobierno no ofrezca "una respuesta adecuada", llevarán a cabo manifestaciones, paros o, incluso, una huelga en la función pública.

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha asegurado este lunes que cualquier remodelación del Consell que plantee el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será "absolutamente insuficiente" mientras se mantenga él al frente, ya que está "inhabilitado para seguir".

Muñoz ha anunciado que van a pedir la factura de "la presunta" comida que Mazón mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, pues ha dado "cinco versiones distintas" de por qué "no estaba en el puesto de mando cuando tocaba" y puede que haya incluso "un sexta" versión.

El síndic socialista ha insistido en que "el problema para la reconstrucción" en la Comunitat Valenciana es Mazón, quien "falló estrepitosamente" el día de la dana que devastó la provincia de Valencia, "cuando no estuvo en su puesto haciendo lo que tenía que hacer", y no tiene "autoridad moral" para liderar este proceso.

Ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una respuesta inmediata" a la propuesta socialista de destituir a Mazón como presidente de la Generalitat, nombrar un Consell técnico para la reconstrucción y convocar elecciones anticipadas en 2025.

La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá tarde en el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la dana, previsiblemente el miércoles 27, y le ha pedido asumir responsabilidades.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Pérez ha comentado que "está bien" que Sánchez comparezca en el Congreso, pero cree que "es lo que debía haber hecho la semana pasada o la anterior, en lugar de mandar a comparecer a otros ministros como el de Política Territorial".

"Esperamos que en esta comparecencia Sánchez no haga lo mismo que hizo el viernes pasado (Carlos) Mazón en les Corts Valencianes: echar balones fuera, volver a la pelea partidista y no asumir responsabilidad alguna", ha dicho en alusión al presidente de la Generalitat valenciana, del PP.

En su opinión, Mazón es "culpable de una gestión homicida y criminal" de la dana que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, pero Sánchez "tiene responsabilidad también por inacción" al no haber "tomado el mando cuando debía" y no haber decretado el estado de alarma ante una situación "catastrófica".

El presidente andaluz y vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE, Juanma Moreno, ha asegurado en Bakú que la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene que demostrar, como cualquier otro aspirante a cargos europeos, que es la mejor candidata al puesto que pretende asumir en la Comisión Europea.

"Cualquier comisario europeo lo que asume es una enorme responsabilidad en el Gobierno de Europa, y por eso se requiere un nivel de exigencia máximo", ha añadido Moreno durante una rueda de prensa en la cumbre climática COP29 que se celebra en la capital de Azerbaiyán.

Las declaraciones las ha hecho Moreno tras ser preguntado por el supuesto bloqueo del Partido Popular Europeo contra la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, candidata española a convertirse en numero dos de la Comisión Europea, con una vicepresidencia con atribuciones de política verde y la cartera de competencia.

El número de trabajadores amparados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor tras la dana asciende a 18.668 personas, que están empleadas en alguna de las 1.498 empresas que han solicitado esta protección, según datos del Ministerio de Trabajo difundidos este jueves que recoge EFE.

Según datos de la Generalitat, hasta ayer se habían resuelto 1.326 de estos expedientes presentados, el 92 % del total.

Además de los ERTE, se habían solicitado 15 expedientes de regulación de empleo (ERE), que implican despidos.

El Gobierno calcula que unos 350.000 asalariados que trabajan en los municipios afectados por la dana podrían verse protegidos por los ERTE de fuerza mayor y 37.000 empresas, totalmente exoneradas del pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025.

Asimismo, son 70.000 los autónomos en la zona que podrán pedir el cese extraordinario habilitado, de forma que los potenciales beneficiarios directos de estas medidas incluidas en el plan de respuesta a la crisis de la dana superarían los 400.000.

Un geoportal que integra 70 mapas procedentes de distintas fuentes, desde la Generalitat Valenciana hasta la Unión Europea, contribuirá con información gráfica "relevante y unificada" al apoyo a los afectados, los trabajos de restauración de las Administraciones Públicas y la elaboración de análisis para diagnósticos futuros, según recoge EFE.

Esta herramienta, de difusión gratuita, incorpora datos y mapas en un entorno abierto, con un visor que permite estudiar la información geográfica de manera superpuesta con opciones de transparencias y personalización en el orden de activación de las capas —incluyendo distintas cartografías y fotografías aéreas— según un comunicado facilitado por la firma de urbanismo Arnaiz y la empresa tecnológica Urbimática, encargadas de su puesta en marcha.

El geoportal, que puede encontrarse en esta dirección, presenta datos procedentes de "fuentes clave" como la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Transición Ecológica, el Instituto Geográfico Nacional, la Universidad Valenciana o el programa Copernicus, entre otras.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la gestión de la catástrofe de la dana será "absolutamente clarificadora" y "esclarecedora".

Torres se ha expresado así en declaraciones a los periodistas a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), al que asiste también el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Va a ser una comparecencia absolutamente esclarecedora de todo el trabajo que está haciendo el Gobierno desde el 29 octubre, con los comités de crisis diarios, con dos decretos ley ya en vigor, 14.000 millones de euros en ayudas y la presencia del Gobierno a través de la delegada del Gobierno en los CECOPI", ha dicho.

Preguntado por las acusaciones de Mazón al Gobierno de difundir "bulos", el ministro ha subrayado que "la ciudadanía tiene bien claro lo ocurrido: los pasos, la cronología y también lo que tenía que hacerse o no por parte de los responsables políticos".

Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha llegado este lunes a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".

"Es una nueva muestra de la falta de calidad democrática de la cúpula judicial española, como también la no aplicación de la ley de amnistía", ha denunciado el portavoz de Junts, Josep Rius, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Según el portavoz del partido catalán, Boye no estaría hoy sentado en el banquillo de los acusados, si no fuera el abogado de Puigdemont.

Además de Rius, han acudido a las puertas de la Audiencia Nacional el expresidente de la Generalitat Quim Torra, los portavoces de Junts en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol, respectivamente, y el diputado Josep Cruset, entre otros dirigentes.

La Audiencia Nacional ha suspendido el jucio que iba a comenzar este lunes al empresario Javier López Madrid y al excomisario José Villarejo por la supuesta contratación de éste para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, con quien el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado.

La sección segunda de lo Penal, encargada de enjuiciar estos hechos, ha aceptado la petición de suspensión de la abogada que representa a la doctora Pinto, Ana Vázquez, por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad, por lo que hasta que no esté de alta no se retomará la vista oral.

Los únicos que se han opuesto a la suspensión han sido los abogados de López Madrid y del socio de Villarejo, Rafael Redondo, que también se sienta en el banquillo de los acusados, mientras que el de Villarejo ha optado por dejar en manos del tribunal la decisión.

Este iba a ser el primer juicio que iban a encarar López Madrid y Villarejo por el caso Pinto, después de que en septiembre se aplazara un año la vista oral prevista ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid por amenazar y hostigar a la doctora para lograr que retirara una denuncia por acoso. Por esos hechos la Fiscalía pide 7 años y 10 meses de prisión para cada uno.

Los palestinos muertos a lo largo del domingo en Gaza ascendieron a última hora del día hasta los 111, según la agencia local de noticias Wafa, lo que hace de la de ayer una de las jornadas más violentas en la Franja en el último mes.

Esta elevada cifra de fallecidos en el castigado enclave se debe en su mayoría a la masacre con 72 muertos cometida por el Ejército israelí al bombardear varios edificios en Beit Lahia, en la región del norte de Gaza que permanece asediada desde hace seis semanas.

Según Wafa, Israel atacó ayer hasta en 10 ocasiones la localidad.

Beit Lahia ha sido el escenario de dos de los bombardeos con más víctimas de la guerra en el último mes, fruto de la campaña de ataques aéreos y la incursión terrestre que el Ejército israelí emprendió allí, así como en Yabalia y Beit Hanoun, entre los días 5 y 6 de octubre.