Docentes llevan ante la Justicia la apuesta de Madrid por la FP privada

Profesores de la Comunidad de Madrid no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante las medidas llevadas a cabo por el Gobierno regional para impulsar la iniciativa privada en la Formación Profesional. La Asociación de Docentes de la Enseñanza Pública (ADEP) presentó el pasado 23 de septiembre un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) –que ya ha sido admitido a trámite, según ha podido saber infoLibre– con el que pretenden impugnar la orden de becas para la realización de formación en oficios en centros 100% privados. Esta orden provoca que, en algunos casos, pueda resultar más barato estudiar en centros privados que en públicos, donde no existe la posibilidad de obtener ayuda alguna por parte de la Comunidad. 

La estrategia de remodelación neoliberal de la enseñanza que Esperanza Aguirre impulsó en la Comunidad de Madrid ha acabado llegando a Formación Profesional de grado superior, una alternativa tras el Bachillerato para los jóvenes que prefieren no optar por la vía universitaria o hacerlo más tarde. Y lo ha hecho a través del fomento de las ayudas al acceso a los centros totalmente privados. Las cifras no dejan lugar a dudas, pues para el presente curso académico la Consejería de Educación ha aumentado el presupuesto de ayudas para estudiar en este tipo de centros de 11 a 22 millones de euros, así como la cuantía de las mismas. 

Además, hasta el curso 2012/2013 los estudios de FP superior tenían en la red pública (ya fuera en centros totalmente públicos o concertados) un precio de 180 euros por curso. A partir del curso pasado, según recoge el catálogo de precios públicos, la cuantía se duplica y llega hasta los 400 euros por curso. Al mismo tiempo, el Gobierno regional excluyó la FP superior de los conciertos educativos, eliminando la posibilidad de estudiar en esos centros pagando una matrícula de 400 euros. Gracias a las becas, esta situación hace que los precios en los centros cien por cien privados lleguen a ser incluso más bajos que en los públicos.

La orden que ahora pretende impugnar la ADEP establece ayudas de 2.900 euros por curso para los alumnos con las rentas más bajas –de hasta 6.455 euros per cápita–, de 2.600 para los tramos de renta de 6.455 a 9.318 euros, y de 2.300 para los de más de 9.318 euros per cápita. Los docentes explican que se puede dar la siguiente situación: "Si consideramos que un curso son nueve meses, la cuantía mensual de las becas varía entre 322 y 255 euros mensuales. A los alumnos con renta de hasta 9.300 euros anuales, si estudian en un centro privado, la beca les cubre totalmente el coste, no tienen que pagar nada, mientras que si estudian en un centro público, aunque su renta esté muy por debajo, tienen que pagar 400 euros, cantidad mayor que lo que pagaría un alumno con renta superior a los 9.318 euros (sin límite) en un centro privado".

Principio de igualdad 

Entre los aspectos que los docentes llevan al recurso, está el hecho de que a un alumno en un centro privado le puede salir gratis la FP superior y aunque tenga una renta más alta pagará menos que uno matriculado en la pública aunque su renta sea mínima. Asimismo, consideran que esta orden vulnera el principio de igualdad previsto en la Constitución porque para solicitar una beca se requiere estar matriculado o haber hecho la reserva de plaza en un centro de privado, lo que conlleva un coste económico y, por tanto, en un primer momento, cierra la puerta a alumnos con pocos recursos. 

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Los profesores cuestionan además que en la citada orden de becas los únicos criterios a tener en cuenta sean el tipo de centro en el que se haya hecho la matrícula y la renta y que se obvie el expediente académico, algo que sí se estudia en el acceso a centros públicos. "Hay alumnos que tienen que competir con el expediente para una plaza en un centro público, mientras que los que tienen para un privado cuentan con la plaza y la beca independientemente de su expediente", censuran. 

Asimismo, estiman que el hecho de que no se convoquen becas para los alumnos de centros públicos vulnera el artículo 14 de la Constitución, que determina que todos los españoles son iguales ante la ley. Y que también podría vulnerarse los artículos 27 y 40 de la Carta Magna que establece para los poderes públicos la obligación de garantizar "el derecho de todos a la educación", así como de promover "las condiciones favorables para el proceso social y económico". 

Por último, ponen en cuestión que no se ponga a los centros privados ningún tipo de condición relacionada con el tipo de FP a impartir y que en la orden la consejería se limite a remarcar que el objetivo es "favorecer una Formación Profesional más flexible y con más capacidad para adaptarse a ese modelo dual".