España pone fin a la tregua con los no vacunados y una mayoría de comunidades resucitan el 'pasaporte covid'

En España, vacunarse contra el covid-19 y contra cualquier enfermedad no es obligatorio y es improbable que lo sea, al menos en el corto plazo. Los países europeos, alarmados por una inmunización del 70% insuficiente para cerrar la puerta a la transmisión, llevan meses explorando alternativas para no forzar al pinchazo, pero sí hacerlo casi indispensable para vivir en sociedad. La mayoría piden el pasaporte covid, el certificado europeo que demuestra haber recibido la pauta completa, para cualquier espacio público interior. Austria ha confinado a los no vacunados. En España, los expertos llevan meses diciendo que, por fortuna, esas medidas no hacían falta: líderes en la campaña junto a Portugal y con la incidencia más baja del continente. Pero esa confianza, y esa fortaleza, se está empezando a derrumbar. 

Las autoridades sanitarias se encuentran ante el dilema de volver a las restricciones para toda la población o dirigir los esfuerzos y las limitaciones a la bolsa, afortunadamente pequeña, de personas que no se han vacunado pese a ser población diana (el 10% del total, sin contar a los menores de 12). La mayoría de las comunidades autónomas se han decantado por lo segundo, estudiando obligar al pasaporte covid en interiores. En base a varias evidencias.pasaporte covid

La primera, que el virus circula con más facilidad entre los no vacunados, lo que puede perjudicar al resto porque ningún producto anti-covid es perfecto. La segunda, los efectos sobre su propia salud: el 60% de los ingresados en UCI están sin inmunizar, según El País. La tercera, el 40% restante: personas que siguieron las recomendaciones pero que enfermaron gravemente, quizá contagiados por alguien que no las siguió. O no, porque el patógeno sigue circulando también entre los que recibieron el pinchazo: la inmunidad de grupo no aplica para esta pandemia. 

La incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos/100.000 habitantes) está despegando tras semanas de cifras bajas o de aumento muy modesto. En menos de dos semanas ha pasado de 40 a más de 100. Pese a que el ritmo no sea alentador, aún hay muchas razones para la calma: "Una incidencia de 80 no es lo mismo ahora que hace 10 meses", asegura el epidemiólogo Pedro Gullón. En ese sentido, la Comisión de Salud Pública estudia modificar el conocido como semáforo covid para que no se considere el mismo nivel de riesgo con las mismas cifras, subiendo los baremos. 

Según el semáforo actualmente en vigor, los datos de la presión asistencial aún no son demasiado preocupantes. 10 de 17 comunidades autónomas están en riesgo bajo en cuanto a porcentaje de hospitalizados por covid. En resto, en niveles propios de "nueva normalidad". En cuanto a la relación de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Aragón y La Rioja se encuentran en riesgo "medio", con entre el 10% y el 15% de ingresados con la enfermedad. Ocho regiones están en "riesgo bajo" y el resto por debajo del 5%. Sin embargo, la subida de la incidencia tarda entre una y dos semanas en tener su reflejo en los hospitales, por lo que los datos empeorarán, probablemente no tanto como en otras olas. Es lo que impulsa a las comunidades autónomas a actuar. 

También se suma a ese impulso la última información disponible sobre la efectividad de las vacunas. A los cuatro meses de la inyección, la capacidad de estos productos para evitar el contagio (no la enfermedad grave, su principal propósito) cae al 59%. Así ha concluido un estudio del Instituto de Salud Pública de Navarra, realizado entre abril y octubre pasado y que ha contado con la participación de 30.000 personas, recoge La Vanguardia. Para Gullón, los nuevos datos son compatibles con lo que ya sabíamos, o intuíamos, sobre la vacunación. "Lo que disminuye es la parte de casos, que nunca ha sido el gran fuerte de la vacuna. Contra los casos graves, la efectividad no ha disminuido tanto".

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se empezará a suministrar la tercera dosis a mayores de 60 años y personal sanitario. Aunque la caída en el riesgo de hospitalización aún no sea grave, merece la pena cortar cuanto más posible la transmisión, para limitar las probabilidades de consecuencias fatales. Cuanta menos circulación, mejor, independientemente del porcentaje de vacunados. 

Buscando el mismo objetivo, Aragón, Canarias, Murcia, Euskadi, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra están estudiando la posibilidad de implantar el pasaporte covid para acceder a determinados espacios, a la vez que muchas de ellas, además de Andalucía y Castilla y León, han exigido al Gobierno central que tome una decisión a nivel estatal sobre este asunto. El Ministerio de Sanidad, por ahora, se niega, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo que aplicó en el caso de Galicia. Sin embargo, y como ha pasado en otras ocasiones con otras medidas, el visto bueno de la sala en un caso no implica que lo vaya a autorizar siempre, ni que los tribunales autonómicos vayan a tener en cuenta la jurisprudencia sin excepción. 

En Canarias, Cantabria y Melilla, de hecho, la justicia tumbó la intención de pedir el pasaporte covid en bares y restaurantes. Y el propio Supremo lo rechazó en Andalucía. ¿A qué se debe? Para la sala, la actuación –como todas, en realidad– debe ser idónea, necesaria y proporcionada. Que la situación epidemiológica lo justifique, que tenga una duración limitada en el tiempo y que no se aplique a todo el territorio sin atender a sus circunstancias, sino a zonas concretas más tensionadas. Así lo hizo la Xunta, al contrario que la Junta. En todo caso, los tribunales se enfrentarán a una avalancha de nuevas peticiones.

Pero más allá del debate legal, ¿exigir el pasaporte covid servirá de algo? Gullón tiene dudas sobre el impacto de esta medida, que considera "limitada". Puede tener efecto, pero será mínimo. Se hace, considera, porque al igual que otras medidas anti-covid, permite vender a los gobernantes autonómicos que se está haciendo algo con coste político ínfimo.

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El epidemiólogo distingue dos consecuencias: una a nivel de salud pública (animar a los rezagados en la campaña de vacunación) y otra a nivel de epidemiología en su sentido estricto (evitar la transmisión entre los que pueden contagiar con más facilidad y enfermar más gravemente). Con respecto al primer ámbito, considera que el incentivo, que se puede considerar una obligación indirecta de vacunarse, no va a ser suficiente porque el 10% que queda sin recibir el pinchazo es, probablemente, de férreas convicciones con respecto a la campaña. No es probable que sea un indeciso. "Seguro que pillas a alguien, pero no creo que sea un gran cambiante de ese techo". 

En cuanto a nivel de transmisión, la motivación de la mayoría de las comunidades que estudian esta decisión, "los nos vacunados pueden concentrar más casos, pero en términos absolutos hay más casos en el 90%. Sigues dejando circular el grueso de la incidencia". Tendrá efecto, pero será menor, estima el experto. 

Lo más efectivo para reducir la incidencia sigue siendo la vieja receta: cerrar o limitar interiores, tal y como muestran los estudios. Sin embargo, pese a que los pronósticos a medio plazo son cada vez más difíciles, España aún no está en ese punto: la incidencia sube rápido, pero la relación con las hospitalizaciones es cada vez menor y sigue siendo un oasis en el contexto europeo.