El falso caso de narcotráfico contra Podemos se inició en plena 'guerra sucia' contra el partido
El inexistente caso de narcotráfico alrededor de Podemos, que tuvo su origen en una nota reservada que se lanzó desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), echó a andar en un momento clave a nivel político y policial. Por aquel entonces, la guerra sucia contra la formación morada, que se prolongó durante años, se encontraba en uno de sus puntos más álgidos. La llamada policía patriótica acababa de colocar en algunos medios el fabricado informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–. Y buscaba a la desesperada información con la que poder atacar a un partido de nuevo cuño que acababa de irrumpir en las instituciones y que aspiraba a formar parte del Gobierno.
La llamada operación Cardenal tiene como punto de partida el 22 de enero de 2016. Ese viernes, el entonces director del Citco, José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga una nota informativa reservada en la que daba cuenta de un posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína en el que podían aparecer implicadas personas de relevancia pública. Se apuntaba, en concreto, hacia un eurodiputado de Podemos. Y eso provocó que se indagara también en bases de datos policiales sobre otros miembros del partido, entre ellos el entonces secretario general, Pablo Iglesias. Seis meses de investigación que, al final, acabaron en un cajón. No se pudo acreditar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de ilícito alguno.
Olivera, comisario jubilado y uno de los procesados en Kitchen, asegura que la información que envió al Ministerio Público y con la que actuó "en la forma habitual" le llegó de algún "cuerpo policial", pero "no puede precisar cuál". Ahora bien, deja claro que nadie a nivel político ni en otro ámbito le presionó para que se diera impulso al caso. Una investigación que, no obstante, coincidió con el aterrizaje de Podemos en las instituciones –hacía diez días que sus parlamentarios habían prometido el cargo en el Congreso de los Diputados– y con la guerra sucia que se libraba desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra la formación morada.
Los primeros meses de 2016 fueron claves en un espionaje que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Una semana antes de que Olivera mandara su nota reservada, en algunos medios de comunicación ya circulaba el tristemente famoso informe Pisa, aquel documento sin membrete oficial ni firma que versaba sobre una falsa financiación iraní y venezolana de la formación morada y cuya autoría se vincula a la llamada brigada patriótica. "La Udef investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán", publicaba El Confidencial. "La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado dos millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013", titulaba OkDiario.
Aquel documento, mil veces despreciado a nivel judicial, había sido remitido unos meses antes a la Comisaría General de Policía Judicial "siguiendo instrucciones" del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino. Y puso en marcha el 1 de febrero de 2016 la llamada operación Venus, una investigación policial para comprobar la veracidad de lo expuesto en el informe Pisa que dejó un largo reguero de titulares antes de terminar guardada en un cajón por "no encontrarse indicios suficientes de delito", tal y como relató recientemente la inspectora jefa del Grupo 25 de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
Los mensajes del secretario de Estado
En el Ministerio del Interior siguieron de cerca estas informaciones. "¿Qué te parece lo de Inda?", preguntaba el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a Enrique García Castaño, quien fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) –grupo encargado de seguimientos, escuchas o captación de fuentes–. "Bien a ver qué dicen los de Podemos y el PSOE, aunque ya te dije que creo pactarán a toda costa, salvo que se acojonen con cosas como esta", responde el alto mando policial en relación con las primeras informaciones relativas al informe Pisa. Un tema del que seguirán charlando en días posteriores. "Al final se trata de darle credibilidad a la historia", escribe Martínez en relación a una factura que ha publicado Abc.
Todas estas conversaciones de Whatsapp fueron incorporadas en su día al caso Kitchen, que gira en torno a la supuesta operación parapolicial para recuperar documentación comprometedora del PP que pudiera tener escondida su extesorero Luis Bárcenas. Y dan buena cuenta del interés que tenía el Ministerio del Interior de entonces por encontrar trapos sucios que airear de la formación morada en pleno proceso para conformar un nuevo gobierno tras las elecciones generales del 20D, negociaciones que amenazaban en culminar con la salida del PP de La Moncloa y la entrada de los de Pablo Iglesias en el nuevo Ejecutivo.
"De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", escribía Martínez a García Castaño el 30 de enero de 2016, pocas horas después de que un periodista comentase al primero que estaba circulando un "listado" de parlamentarios de la formación morada "con antecedentes policiales y judiciales". "Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar, se me pasó", respondía García Castaño, conocido como El Gordo. Y el secretario de Estado de Seguridad culminaba: "Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc".
Un comisario acusado en 'Kitchen' impulsó el falso caso de narcotráfico alrededor de Podemos
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Al día siguiente, ambos continuaron charlando sobre el pasado de algunos representantes de Podemos. Hablan de Josetxu Arrieta, que acababa de aterrizar en el Senado con la formación morada y que estuvo en ETA durante la dictadura. Y de unas fotos que anteriormente le había hecho llegar el alto mando policial. "Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???", lanzaba Martínez. "Lo vuelvo a mirar, pero creo que no", le contestaba El Gordo. Entonces, el secretario de Estado exclamó: "Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo".
"No me mandas nada...", insistía Martínez unos días más tarde. "El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69 –el número de diputados que había logrado Podemos en las elecciones del 20D– se saca pero hay que mirar uno a uno y claro deja rastro", le respondió el alto mando policial. Hace un par de semanas, el comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira, quien fuera jefe de la Brigada de Información de Madrid, confirmó en la Audiencia Nacional que en su día García Castaño le pidió que mirara a los diputados de la formación morada en las bases de datos policiales, algo a lo que él dijo que se negó porque eso "deja marca" y le podía "buscar la ruina".
Una declaración que se llevo a cabo ante el magistrado Santiago Pedraz, quien al frente del Juzgado Central de Instrucción nº5 investiga desde primavera el supuesto espionaje contra Podemos. Una causa que se inició a raíz de una querella de la formación morada y en la que se están comprobando centenares de búsquedas realizadas en bases de datos policiales sobre miembros parlamentarios del partido. En el marco de dicha investigación, Martínez ha negado haber dado instrucción alguna para investigar a dirigentes de Podemos.
