Alvise vende su canal de Telegram como un medio pero la federación de periodistas niega que lo sea

Es un mensaje fijado en su hilo de Telegram. El canal de Alvise Pérez en esa red social y de mensajería, una de las herramientas que ha utilizado para lanzar la campaña que le ha permitido obtener tres escaños en el Parlamento Europeo, es “un medio de comunicación”. También una “plataforma periodística donde los usuarios pueden compartir sus opiniones y comentarios”. Alvise, según sostiene en el propio post, “no es responsable de las opiniones expresadas por terceros”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza radicalmente aceptarlo como medio.

Miguel Ángel Noceda, presidente de la FAPE, tiene claro lo que el eurodiputado electo persigue al presentarse como periodista. “Busca desprestigiar la democracia y el panorama político. Porque desprestigiar el periodismo es desprestigiar la democracia”. Noceda asegura que la federación no reconoce a las plataformas que, como el canal de Alvise, “no realizan ninguna función periodística”. “Solo se centra en propagar bulos y crear desinformación”. “Por eso respaldamos la petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios de que las instituciones colaboren para proteger la necesaria independencia y equidad en el desempeño del periodismo”, añade.

Para Noceda, el canal del líder de Se Acabó la Fiesta, con casi 530.000 suscriptores, vulnera todos los principios de la profesión, como son los de “ofrecer información veraz, contrastada y contextualizada”. Detrás del disfraz de periodista con el que se presenta Alvise solo hay una intencionalidad política: “La de obtener los 800.000 votos que ha conseguido. Los que le han dado su voto sabrán por qué lo han hecho”, concluye el presidente de la FAPE.

La organización, al igual que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha hecho público este miércoles un comunicado en el que rechaza que las personas vinculadas a partidos ejerzan de periodistas en el Congreso y en el Senado. La nota se refería a Vito Quiles, número 57 de la lista de Se Acabó la Fiesta. “Estamos viendo con asombro que (…) se siente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados e incluso haga preguntas a los y las portavoces parlamentarios”. “Hay pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez”, añade.

Especial protección

Al presentarse como un periodista, Alvise busca obtener la especial protección que el derecho español da a esta profesión. Los periodistas pueden ejercer la libertad de expresión de forma más ampliada que el resto de ciudadanos. Cuentan, además, con otro derecho fundamental específico, el secreto profesional, recogido en el artículo 20 de la Constitución y que permite al periodista no revelar sus fuentes a nadie. Incluso ante un juez en un proceso judicial.

“Es necesario que el periodista pueda utilizar fuentes confidenciales tanto para ejercer correctamente su labor como para proteger el anonimato de aquella fuente que no quiere ser conocida, protegiendo así la institucionalidad de la libertad de información”, recoge en un artículo el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro. El magistrado recuerda además que ese derecho fundamental impide a los jueces recabar de los periodistas los soportes materiales de la información, como grabaciones, notas, material informático o el teléfono móvil.

Pero ejercer el periodismo comporta, a su vez, una serie de obligaciones. “Es necesario que la información que se transmita sea veraz, es decir debidamente contrastada y verificada por el propio periodista”, explica Gerardo Viada, abogado especialista en medios de comunicación y miembro de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Esa veracidad no existe “cuando se transmite como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones”, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “Además, la información que transmitan los medios tiene que ser de interés público”, recuerda Viada. “Incumplir esos deberes puede dar lugar a procesos civiles por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, demandas por derecho de rectificación e incluso procesos penales por injurias y calumnias”, recuerda el abogado.

Informaciones falsas

A través de su canal de Telegram, Alvise se ha amparado en su disfraz de periodista para difundir informaciones esencialmente falsas. Como sembrar dudas sobre el sistema electoral o lanzar rumores sobre el riesgo de pucherazo, una de sus banderas durante la campaña, cuando ese mecanismo cumple los estándares de las principales organizaciones internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Europa o la ONU. También ha asegurado que cuenta con informes de juristas que aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que estar en la cárcel, pese a que no existe ninguna causa penal abierta contra él. Sin contar otras patrañas fácticamente desmentidas, como las teorías conspiracionistas del 11-M o las relacionadas con la pandemia de covid.

Gracias a su elección como eurodiputado ha conseguido, además, uno de sus objetivos declarados durante la campaña, el de obtener el aforamiento. Desde el momento en que tome posesión, cualquier tribunal que actúe contra él tendrá que pedir previamente autorización al Parlamento Europeo para investigarlo. Los bulos e informaciones no contrastadas de Alvise han dado lugar a varios procesos civiles y penales. A partir de ahora, sólo el Supremo podrá abrir casos contra él pero, previamente, tendrá que pedir el suplicatorio a la Eurocámara.