La Fiscalía cerró el caso contra la gran agencia de vientres de alquiler ucraniana por no tener sede en España

Al principio se planteó desde el Gobierno como una gran investigación sobre la actividad de las agencias de vientres de alquiler que operan desde nuestro país. Luego, se puso la lupa sobre una empresa concreta. Y al final, todo ha quedado en nada. El Ministerio Público dio carpetazo hace un año a las diligencias de investigación que mantenía abiertas alrededor de BioTexCom, una de las principales firmas del sector que ofrece este tipo de servicios en Ucrania. La decisión de la Fiscalía, que no había trascendido hasta ahora, se produjo justo después del inicio de la guerra en el país del este. Y se tomó, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, tras comprobar que la compañía, que cobra por la práctica de los vientres de alquiler más de 39.000 euros, no tenía en suelo español ni sede social ni empleados.

El caso arrancó en 2019, cuando la gestación subrogada volvió a situarse en el centro de la agenda política. El 14 de febrero de aquel año, la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, lanzó una instrucción que abría una vía sencilla para inscribir en España a los nacidos por esta práctica, ilegal en nuestro país. Dicha circular facilitaba la inscripción de bebés solo con una prueba de ADN que demostrase la filiación paterna y el permiso de la gestante, lo que desatascaba la situación en la que entonces se encontraban algunas familias en Ucrania. Pero en apenas unas horas Justicia dio marcha atrás, eliminando dichas facilidades y avisando de que perseguiría a las agencias que ofrecían este tipo de servicios.

La posibilidad de castigar a este tipo de compañías ya la había puesto sobre la mesa unos meses antes un grupo de expertos en un informe interno elaborado a petición del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE. Y Justicia terminó dando un paso al frente en esa dirección. A mediados de agosto de aquel año, el ministerio, entonces dirigido por Dolores Delgado, instó a la Fiscalía que iniciase una investigación sobre las "actividades de las agencias de vientres de alquiler" que operan en nuestro en territorio español. Unas empresas que, se encargaba de resaltar el departamento en una nota, "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países", donde en muchos casos se vulneran "los derechos de las mujeres gestantes".

Pero las pesquisas se terminaron centrando únicamente en BioTexCom, una de las principales empresas que ofrecen este tipo de servicios en Ucrania. Al fin y al cabo, la denuncia interpuesta por Justicia se dirigía contra esta firma, con representaciones entonces en España. Una compañía sobre la que las autoridades ucranianas acababan de colocar la lupa por hechos que podían ser constitutivos de los delitos de tráfico de personas, falsedad documental o evasión fiscal. Había sospechas de irregularidades en más de un millar de casos. Y también de ocultación de dinero. El fiscal del caso calculaba que en los tres últimos años la empresa habría ganado unos 30 millones. Sin embargo, la documentación incautada en un registro solo reflejaba un capital de 300.000 dólares.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fue la encargada de abrir diligencias de investigación en nuestro país alrededor de BioTexCom, cuyo dueño es un moldavo-alemán de nombre Albert Totchilovski. Y abiertas estuvieron durante años. Sin embargo, nunca se llegó a informar sobre el resultado de las mismas. Ahora, las fuentes fiscales consultadas por este diario confirman que se les dio carpetazo hace justo un año, poco después del inicio de la guerra de Ucrania. "Las diligencias se archivaron en abril del año pasado porque la empresa no tiene sede en España ni tampoco trabajadores", señalan las mismas fuentes. Ahora mismo, en el sur de Europa, la firma solo reconoce dos representaciones en Portugal –Oporto y Lisboa– y cuatro en Italia, desde Milán hasta Palermo.

Paquetes VIP y selección del sexo

BioTexCom atiende diariamente en su clínica de Kiev, según la información que ellos mismos ofrecen, a más de un centenar de personas al día. Una afluencia que le ha acabado convirtiendo en uno de los gigantes del sector. Su dueño aseguraba en 2018 que controlaban una cuarta parte del mercado mundial de los vientres de alquiler y un 70% del ucraniano. "No existe la infertilidad absoluta", es una de las frases que más repiten en su página web, donde llegan a utilizar incluso como gancho para atraer a clientes la "belleza" de sus donantes de óvulos. No es el único. También aprovechan fechas señaladas, como por ejemplo el Black Friday, para anunciar rebajas. "¡Un 3% en cualquiera de los programas!", anunciaban en redes sociales el pasado mes de noviembre.

Técnicas de dudosa validez jurídica y más de un año ante la Fiscalía: así prosperan las agencias de gestación subrogada

Ver más

En relación con la llamada gestación subrogada, esta compañía ofrece tres tipos de paquetes, como si de una suscripción de Netflix se tratase. El más barato, el estándar, cuesta 39.900 euros. Luego hay un Estándar+, con un coste de 49.900 euros, y un VIP, de 64.900 euros. A medida que aumenta el precio, los tiempos de espera se reducen. Y se incrementan los servicios. Mientras que en el más barato no hay posibilidad de "selección del sexo del bebé", en el intermedio se ofrecen dos intentos y en el premium "intentos ilimitados". También hay diferencias en relación a los "servicios de niñera": a más precio, más horas. Además, el VIP, que incluye una canastilla de recién nacido de regalo, cubre también la compensación de 3.000 euros a la gestante en caso de que nazcan gemelos.

Publicidad ilícita

En España existen más de una decena de empresas intermediarias de este tipo. Agencias que prosperan mediante el registro de actividades que poco tienen que ver con la gestación subrogada. "En el registro mercantil constan actividades económicas de lo más variopintas: construcción, alquiler de pisos turísticos, exportación de coches de alta gama… actividades que tienen en común la posibilidad de hacer facturas de muy alto volumen", explicaba en su día a infoLibre Núria González, jurista y autora de Vientres de Alquiler (2019, Lo que no existe). Una práctica sobre la que también puso el ojo el Supremo en una sentencia dictada hace un año. "Las empresas que intermedian actúan sin ninguna traba en nuestro país", resaltaron los magistrados.

PSOE y Unidas Podemos incluyeron su rechazo a la gestación subrogada en su acuerdo de coalición: "Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas en su acuerdo de coalición". Y por eso, anunciaron que actuarían frente a ese tipo de agencias. Pero el único paso a nivel normativo que se ha dado en este sentido es el que tiene que ver con la publicidad. Ninguno más. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, se considera "ilícita" toda publicidad que promueva prácticas comerciales para la gestación por sustitución, una técnica que la norma considera "violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva".